Regularización ¿por beneficio económico o por derechos?

El ideal de nación europea dista mucho actualmente de la situación de muchas personas migrantes en nuestro país; hay lugares que no parecen España, pero sin duda lo son, y representan la más cruda realidad con el consentimiento por parte del Gobierno. Uno de los últimos ejemplos lo encontramos en Ceuta, donde sigue sin haber un plan de gestión en cuanto a la llegada de miles de migrantes, la mayoría menores de edad, y donde han sido devueltas a Marruecos la mitad de las personas llegadas durante mayo y junio. No obstante, no ha sido el único caso, puesto que la situación en los campamentos para personas migrantes que se vivió y se vive en Canarias desde hace unos meses también es una buena muestra. La insalubridad, el hacinamiento y la falta de cobertura de las necesidades básicas reinan en las instalaciones desplegadas en Las Raíces (Tenerife), donde se encuentran retenidas centenas de personas sin un plan de actuación aparente.

Las palabras de Carmen Calvo en la entrevista que concedió en enero a EL PAÍS fueron contundentes en ese sentido. No es que las Islas Canarias no estuvieran preparadas para la llegada de migrantes, es que conscientemente se tomó la decisión de no prepararlas buscando que calara el mensaje de que esta no era la vía de acceso a Europa. Dado que no pueden expulsar a ese volumen de personas, se optó por desincentivar que personas migrantes utilicen esta ruta de acceso al continente. Respecto a Ceuta, las palabras de Margarita Robles no fueron más alentadoras, al contrario, añadieron más controversia a la situación tan delicada en la que se encuentra la relación entre España y Marruecos, y ha puesto en mayor peligro a personas que han sido utilizadas como arma arrojadiza en un conflicto diplomático. Ambas intervenciones han servido para explicitar cuál es la postura del Gobierno ante la situación respecto a la migración que está viviendo el país.

No es casualidad que los grupos que se encuentran en esas circunstancias y que viven una constante violación de sus derechos sean de origen extranjero. La acción (o inacción) del Gobierno con respecto a los recientes hechos ha traído a debate público las políticas migratorias actuales. Activistas y ONG están proponiendo medidas ―desde el cierre de los campamentos hasta una regularización― para paliar la vulnerabilidad a la que están siendo sometidas muchas personas migrantes.

Aprovechando la coyuntura, se debe instar al Gobierno a que desarrolle nuevas políticas en las que el Ministerio del Interior no tenga ese peso excesivo y asfixiante que tiene ahora y cuyas consecuencias son la penalización desmesurada y la muerte. Debemos tener en cuenta que vivimos en un sistema en el cual el movimiento de estas personas no solo se prohíbe, sino que se criminaliza y se usan constantemente estrategias por parte de los gobiernos europeos para evitar que entren en las ciudades, reteniendo a estas personas en la frontera mediante el aumento de la securitización.

Recientemente se ha publicado una instrucción a partir de una sentencia del Tribunal Supremo que abre la puerta a que miles de personas en situación irregular puedan regularizar su situación a través únicamente del arraigo laboral. Personas que, a través de un trabajo arduo y en muchas ocasiones injusto debido a la explotación, han evidenciado que son esenciales (cogiendo nuestra comida o cuidando a nuestros mayores) para una sociedad que les niega los derechos de ciudadanía y les pone mil trabas para iniciar un proceso de extranjería.

Uno de los principales argumentos que se han utilizado para la regularización es la contribución fiscal que pueden aportar las personas migrantes. Es aquí, sin negar en ningún momento dicha contribución, cuando debemos cuestionarnos sobre un discurso basado puramente en los beneficios económicos, ya que corremos el riesgo de dejar de lado la parte humana y caer en una lógica capitalocéntrica que constantemente subordine la vida a la economía.

Sin negar en ningún momento la contribución fiscal que conllevaría la regularización de personas migrantes, deberíamos cuestionarnos un discurso basado puramente en beneficios económicos

La inmensa mayoría de estas aportaciones serían mediante el acceso de las personas migrantes al mercado laboral, con su contratación como fuerza de trabajo. La regularización podría suponer terminar con relaciones laborales donde impera la temporalidad, la precariedad y, en muchos casos, la ilegalidad. Pero como sociedad, cometeríamos un error muy grande si entendiéramos que estas relaciones deben terminar porque sería una forma de que aportaran más económicamente a las arcas públicas o porque es la forma de asegurar el sistema de pensiones y no porque, como personas, merecen que se garanticen sus derechos. La diferencia es muy significativa.

Asimismo, en la retórica de plantear la regulación con base en la potencial contribución económica que pudieran realizar, ¿dónde quedan las personas que tengan dificultades para adaptarse al mercado laboral o directamente no sean empleables? Por ejemplo, menores, personas con diversidad funcional o con enfermedades degenerativas, ¿qué haríamos con ellas? ¿Las expulsamos si no pueden hacer grandes aportaciones económicas? La retórica de la productividad constante y la obtención de beneficios no puede eclipsar el hecho de ser personas.

Una de las justificaciones para el uso de este tipo de discurso es que en un mundo capitalista hay que dar argumentos capitalistas y, si estos no van en la línea del neoliberalismo, se pueden interpretar como utopías. Nada más lejos de la realidad, ya que el verdadero problema radica en esconder el lado humano y que, por lo tanto, se continúen aceptando una aporofobia y un racismo más que notables en la sociedad, traducidos en un arco narrativo que favorece discursos interesados y utilitaristas donde los migrantes se convierten en recursos disponibles a consumir, como por ejemplo el que expone que la migración es la vía para solventar las carencias poblacionales como la despoblación y el saldo vegetativo negativo que tenemos en España.

Definitivamente, migrar no debería ser nunca un motivo debido al cual el sistema ilegalice personas, esa es la retórica a cambiar. Por eso mismo, la regularización es una medida que ha de ir acompañada de otras más estructurales, donde la regulación sería la fase 0 de un proceso mucho más amplio cuya meta debe ser, sin duda alguna, su inclusión plena en la sociedad española. Es importante llevar a cabo cambios, pero estos cambios deben ir en consonancia con los motivos reales y más cruciales que los impulsan. Esconder el lado humano en cuestión migratoria no solo no ayudará a conseguirlos, sino que provoca que se continúe perpetuando el mismo sistema que ha provocado la situación tan nefasta en la que se encuentran. Surgen preguntas en cuanto a próximas acciones políticas, pero sobre todo urgen respuestas que salven y dignifiquen vidas.

Álvaro Hervás es antropólogo especializado en migraciones y cooperación al desarrollo. Beatriz García de la Torre es psicóloga especializada en trata y cooperación al desarrollo