Mazón, más cerca del juzgado

La decisión de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, de pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón imprime un giro de 180 grados en la causa que indaga la catástrofe que dejó 230 muertos en Valencia en 2024. La jueza ha elevado la exposición de motivos en un documento de 109 páginas para investigarlo a partir de la premisa de que, como presidente de la Generalitat, Mazón era el máximo responsable del Gobierno autonómico, como marca la ley, es decir, el último responsable de la Administración que debía coordinar la crisis. En aquella fatídica jornada del 29 de octubre de 2024, afirma Tobarra, hubo “actuaciones omisivas” y una “cadena de negligencias”, con una “responsabilidad compartida entre el escalón superior e inferior” del Consell.

La comisión por omisión de un delito por homicidio imprudente es un asunto judicialmente muy complejo. Hay algún precedente conocido, como la sentencia del Madrid Arena, ratificada por el Supremo, que condenó a varios responsables por la muerte de cinco jóvenes en 2012, pero las circunstancias difieren en cada caso. Sobre todo, cuando se trata de una catástrofe natural, aunque no fuera imprevista. La magistrada, no obstante, lo tiene claro tras 15 meses de instrucción y señala directamente a Mazón, y no solo a sus subordinados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su número dos, Emilio Argüeso, los únicos imputados. Y lo hace una semana después de escuchar a sus escoltas y a su chófer, que desvelaron en el juzgado que el expresident se sumó a la gestión de la crisis solo 20 minutos antes del envío de la alerta o que se fue a su casa a medianoche, cuando los servicios de emergencia estaban desbordados. Más de cuatro horas se mantuvo en el reservado del restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, mientras se desbordaba el barranco del Poyo, epicentro de la catástrofe.

En el plano político no hay ninguna duda sobre la responsabilidad de Mazón. La instrucción no ha dejado de desvelar las mentiras y la “grosera negligencia” del mandatario. Una vez dimitido —aunque un año después de la tragedia—, su actual permanencia como diputado autonómico, que le procura aforamiento, es una afrenta para muchas de las víctimas, como han manifestado esta semana en Les Corts Valencianes. Aunque sea legal, pero no dejar de ser una anomalía en la vida pública española. Su protagonismo, por su presencia o su ausencia en las sesiones parlamentarias, resulta cada vez más incómoda para su propio partido, el PP, que echa balones fuera, incidiendo en que el acta de diputado es personal y que Mazón ya asumió la mayor responsabilidad al dimitir.

En el plano judicial, la pelota está en el tejado del TSJCV, que deberá ahora decidir si asume la investigación, con la posibilidad de que opte por pedir a la magistrada que continúe con la instrucción y remita una nueva exposición de motivos con posterioridad. El proceso es complejo, pero sería deseable que la justicia contara con todos los medios para agilizarlo. También con la colaboración del propio Carlos Mazón, que reiteradamente ha declinado la invitación del juzgado de Catarroja para declarar voluntariamente.