Es lo que parece

El descenso de la valoración de los jueces en nuestro país tuvo su hito hace meses. Tras la convocatoria de una huelga contra una reforma en trámite gubernamental, cuentan que ...

El descenso de la valoración de los jueces en nuestro país tuvo su hito hace meses. Tras la convocatoria de una huelga contra una reforma en trámite gubernamental, cuentan que tan solo un juez de todos los que se sumaron al paro notificó el hecho para que se le retrayera el salario proporcional de ese día. Incluso en el gremio más humilde y peor pagado, los trabajadores aceptan que el día de huelga se les descuente del salario. Es, en cierto modo, un gesto que honra el derecho a la huelga laboral. Pero la deriva que ha llevado a que el poder judicial deje de estar en alta consideración social como lo están los médicos o los profesores se remonta al bloqueo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta anomalía se prolongó durante cinco años, y el desgaste acabó por despertar la curiosidad de los profanos. ¿Qué podía estar pasando para que se obstruyera así una obligación constitucional? Pues sencillamente que el enfrentamiento de intereses entre los bloques políticos que patrocinan el ascenso de los jueces había contaminado a los profesionales de manera irreparable. A partir de ese momento, ninguna decisión judicial en los órganos superiores está libre de sospecha. El bloqueo se convirtió en una vergüenza perpetuada en el tiempo y muchas sentencias de calado político resultan previsibles con tan sólo ver la composición del tribunal superior, dividido de manera tosca entre los llamados conservadores y progresistas y con ventaja obvia de los primeros.

La ley de amnistía contra los inculpados en el procés separatista catalán condujo a otro duro choque entre el Gobierno y un sector judicial que se enfrentó de manera abierta a una ley que consideraba despreciable. Quizá la escenificación de su desacuerdo llegó a un extremo reprobable cuando algunos maniobraron para impedir, incluso hoy, la aplicación de esta controvertida ley de amnistía. Estos choques ejemplifican el porqué de esta percepción que se ha instalado en la ciudadanía. Hay mucha política detrás de lo que debería verse como una institución de control absolutamente imparcial. En algunos sumarios, jueces locales se resisten a inculpar a personas aforadas por su cargo político porque perciben que el sesgo de los tribunales superiores señalados para esos casos concretos no va a ser riguroso con la ley, sino partícipe de esta guerra sin cuartel que se vive entre parte del poder judicial y el Gobierno nacional.

Hace poco, otro juez de instrucción que persigue con denuedo un caso brumoso que implica a la mujer del presidente Pedro Sánchez decidió que llegado el juicio se haría con la participación del jurado popular. Todo totalmente legal, pero en un caso anterior como el del expresidente valenciano Camps ya se experimentó una derivada bastante obvia. Si un jurado popular responde al reparto electoral de su región, lo más normal es que ofrezca un resultado similar al que sale de las urnas. En Madrid, con perpetua mayoría absoluta en su comunidad de los conservadores, parece una idea muy astuta la de someter a un jurado a alguien con un clarísimo tamiz opuesto. Aunque lo parezca, astucia no rima con justicia. Son pequeños detalles que se suman a un descrédito peligroso. Nuestra democracia sabe lo que es la desesperación del poder por resistirse al control de otras instituciones; por eso, precisamente esas instituciones deben ponerse a salvo del tinte político. Aquí es donde hemos fallado y desciende el crédito del poder judicial de manera imparable. Una catástrofe que tendríamos que remediar cuanto antes.