Nuevo aval a la ley de amnistía

El aval del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía supone un paso importante, aunque no definitivo, en la aplicación de una medida que debe servir para pasar página del desafío sinsentido que supuso el fallido proceso independentista catalán. El abogado considera que la norma no perjudica los intereses financieros de la UE ni atenta contra el derecho comunitario en materia de terrorismo. Y recalca algo muy significativo en clave española: que la ley fue aprobada siguiendo todos los cauces y las garantías parlamentarias “en un contexto real de reconciliación política y social”.

El informe del letrado no predetermina el sentido de la sentencia del TJUE, que se conocerá en los próximos meses, pero supone un espaldarazo de primer nivel a una medida de gracia a la que han podido acogerse ya decenas de personas. Además, en un futuro no lejano, la ley debería permitir el regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sin riesgo de ser detenido.

En un contexto político de confrontación máxima, el informe del abogado introduce una dosis de mesura al negar que la ley aprobada en el Congreso sea una “autoamnistía” de los independentistas tal y como sostuvo en julio el abogado de la Comisión Europea y como sigue defendiendo el Partido Popular. El Abogado General también aclara el marco competencial al dejar claro que la amnistía es una materia no armonizada sobre la que tienen competencia exclusiva los Estados miembros, en este caso España.

A falta del fallo del tribunal con sede en Luxemburgo, el Gobierno ha recibido la noticia como un gran éxito que puede facilitar el desarrollo de lo que queda de legislatura. Sin embargo, está por ver que este informe o la sentencia que venga a continuación sirvan para recuperar la mayoría de la investidura, que Junts insiste en dar por rota. El Ejecutivo también deberá tener en cuenta aspectos que sí pueden chocar con el marco legislativo europeo y de los que también alerta el informe publicado ayer, como el hecho que la ley de amnistía conceda un plazo máximo de dos meses para averiguar si los gastos del procés afectan a intereses de la Unión Europea antes de archivar obligatoriamente el caso, o que solo puedan recurrir el archivo la Fiscalía o las administraciones públicas, pero no acusaciones populares.

En cualquier caso, y a falta de revisar cuestiones de detalle, la ley de amnistía —que permitió que la actual legislatura comenzara a andar y que fue capital para seguir cicatrizando las heridas del proceso independentista— continúa adelante pese a las denuncias del Partido Popular y Vox. Y no es nada menor que el nuevo aval llegue precisamente desde instancias europeas, que una vez más contribuyen a enfriar con razones una situación política que en España sigue excesivamente inflamada.