Vox contra la Iglesia católica

Preso de una deriva cada vez más extremista, Santiago Abascal, presidente de un partido que se autodeclara católico, lanzó el domingo en un canal ultra de YouTube un ataque sin precedentes contra la Conferencia Episcopal Española (CEE) porque los obispos han salido en defensa de la comunidad musulmana tras la aprobación de una moción islamófoba en Jumilla (Murcia) instada por Vox. La cúpula de la iglesia española considera que la polémica moción, que veta el uso de instalaciones municipales para celebrar fiestas musulmanas, atenta contra la libertad religiosa y los derechos fundamentales y supone una discriminación impropia de una democracia.

Vox cree haber encontrado en su demagógico y mentiroso ataque a la inmigración en España un caladero de votos para seguir creciendo a costa del electorado tradicional del PP. Las encuestas indican que no le va mal. Ahora ha dado un salto cualitativo a una patente islamofobia que discrimina a las personas según su culto. En su virulenta arremetida contra los obispos, Abascal lanzó insinuaciones sin ninguna prueba contra la financiación pública de Cáritas, el brazo social más activo de la Iglesia española, el 70% de cuyos fondos provienen de aportaciones privadas. Junto a ello, insinuó que la postura de la Iglesia se debe a que está “amordazada” por los casos de pederastia en su seno, de los que Vox jamás ha hablado ni mostrado al respecto la menor preocupación. El argumento es igual de populista y falsario que reprochar a los prelados un silencio —inexistente— sobre las políticas del Gobierno en materia del derecho al aborto o a la eutanasia.

Con su pronunciamiento sobre la moción de Jumilla, la jerarquía española mantiene la coherencia con una defensa de los derechos de los inmigrantes que ya expuso con claridad cuando urgió en abril pasado a socialistas y populares a impulsar la regularización de medio millón de personas a través de una iniciativa legislativa popular —que el Ejecutivo reactivó al mes siguiente— en la que Cáritas tuvo un papel activo clave. Pese al creciente peso del ultracatolicismo en sus postulados y su dirección, Vox nunca ha ocultado sus discrepancias con la Iglesia en materia migratoria. Para los prelados resulta crucial la defensa de la libertad de cultos cuando, como recordaba recientemente el presidente de la CEE, Luis Argüello, países islámicos persiguen o ponen trabas a los cristianos.

El Gobierno ha requerido al Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por el PP, con cuyos votos salió adelante el acuerdo, para que lo anule. Los despropósitos de Vox no deben ocultar la responsabilidad en esta polémica de un PP que sigue respaldando el veto de Jumilla, pese a sostener, al tiempo, que defiende la libertad de culto. El PP intenta desviar la atención con sus habituales diatribas contra el Gobierno cuando es su política migratoria la que los obispos han desnudado. Los populares llevan al menos dos años rehenes del populismo extremista de Vox. Mantener cuotas de poder local o estar pendiente de una posible necesidad futura de los votos ultras para llegar a La Moncloa no justifica dejarse arrastrar por la agenda nacionalista y xenófoba de la extrema derecha. Vox ha llevado al Congreso y a cinco Parlamentos autonómicos su cruzada islamófoba con propuestas para prohibir el velo islámico. Cuando se debatió en Cataluña a finales de julio, el PP ya se puso de perfil. Feijóo tiene por delante ocasiones para demostrar si le preocupan más los votos o los derechos humanos.