Pandemia, justicia y reparación

El encontronazo de Isabel Díaz Ayuso con RTVE por la emisión de un documental sobre las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia es un nuevo intento de construir un relato distorsionado para tapar una verdad cada vez más incómoda para la presidenta madrileña. Coincidiendo con el aniversario de la declaración del Estado de alarma, la corporación pública emitió este jueves el documental 7.291, precedido de un debate, sobre las muertes registradas en las 475 residencias de la Comunidad en el periodo de vigencia de un protocolo que prohibía el traslado de residentes a los hospitales. La presidenta exigió a RTVE que emitieran junto al documental dos vídeos elaborados por su equipo. Esta forma de proceder supone una injerencia inaceptable en la autonomía de un medio que, aunque de titularidad pública, no está sometido a obediencia gubernamental y debe regirse por criterios profesionales. Tanto el director del documental como el del programa previo habían ofrecido a Ayuso la posibilidad de dar su versión, pero rehusó.

En realidad, todo lo que cuenta el documental se sabía ya, pues se basa en el material grabado en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en la comisión ciudadana creada cuando aquella decayó con motivo de la convocatoria electoral de 2023. Pese a que el parlamento regional —ya con mayoría absoluta del PP— retomó su actividad, la comisión oficial nunca lo hizo. La presidenta está obligada a rendir cuentas, y exigirlo es también una función de los medios de comunicación. En el programa previo participó finalmente Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, que dedicó la mayor parte de su intervención a acusar a RTVE de ponerse al servicio de la izquierda por emitir un documental “que no interesa a nadie”. Las audiencias le han desmentido. La 2 y el Canal 24 Horas sumaron 1.278.000 espectadores de media entre ambas cadenas, un 15% de cuota de pantalla (frente al 4% habitual) y en la Comunidad de Madrid alcanzó el 25,8%.

Madrid fue la región de Europa con mayor exceso de mortalidad. La cifra que expone el documental es un dato oficial proporcionado por la propia Comunidad. Se refiere a los residentes que murieron en ese periodo e incluye pacientes que tal vez no tuvieran covid, pero tampoco fueron trasladados a hospitales en virtud de esos protocolos. Se han publicado cifras similares de fuentes como el INE. La última cifra es la que acaba de aportar Ayuso, que rebaja las muertes a 4.133. Este dato se refiere solo a los fallecidos en las residencias de los que consta que murieron por coronavirus, pero es sabido que en la primera fase de la pandemia no había test suficientes y por eso las autoridades utilizaban la expresión “síntomas compatibles con la covid”.

La polémica sobre las cifras es una cortina de humo para tapar la cuestión de fondo y es que, desde el punto de vista ético, es inadmisible que se apliquen criterios de exclusión general, como la edad, la movilidad o el lugar de residencia, para privar de asistencia a un enfermo. En situaciones de crisis es legítimo priorizar el acceso a recursos como respiradores o camas de UCI, pero siempre por criterios clínicos individualizados, previa valoración médica de cada paciente. Establecer, como sucedió, una limitación general de traslado al hospital sin valoración clínica específica supone una discriminación de consecuencias fatales. El protocolo aplicado permitió que, entre dos enfermos de la misma edad y en idéntica situación clínica, si uno vivía en su casa podía ser trasladado a un hospital, mientras que si vivía en una residencia no tenía esa opción, salvo que contara con un seguro privado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a justicia y reparación.