Una oportunidad para los kurdos y para Turquía

El histórico anuncio del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) sobre su disposición a un alto el fuego e incluso a su eventual desarme —condicionado a la liberación de su líder, Abdullah Öcalan, encarcelado en la isla-prisión de Imrali desde hace 26 años—, marca un hito en cuatro décadas de conflicto entre la República de Turquía y la insurgencia kurda que ha costado al menos 40.000 muertos. Pero tanto la declaración del PKK como el llamamiento de Öcalan a la disolución de la organización armada deben ser recibidos con cautela.

Se trata de un conflicto muy complejo. El PKK, en la lista de organizaciones terroristas de EE UU, la UE y Reino Unido, se encuentra históricamente dividido entre los partidarios de la independencia del Kurdistán —que incluye territorios en Siria, Irak e Irán— y una línea más moderada y pragmática que considera aceptable vivir bajo bandera turca pero en un entorno en el que se garanticen sus derechos políticos. Esto último siempre ha sido difícil de aceptar para los diferentes gobiernos turcos, pero mucho más para el régimen nacionalista de Recep Tayyip Erdogan.

La represión turca contra los kurdos no se ha limitado al aspecto militar, sino que también ha incluido la criminalización de la lengua y cultura kurdas, el encarcelamiento de sus políticos, el cierre de medios de comunicación y la restricción de libertades fundamentales. Hace más de diez años ya se produjo un alto el fuego que debía desembocar en el desarme del PKK, pero no solo terminó en fracaso, sino que dio paso a operaciones militares del Gobierno turco que recrudecieron el conflicto.

Además, la expansión de la influencia kurda en Irak tras el régimen de Sadam Hussein —con la creación en 2003 en la práctica de un territorio kurdo independiente al norte del país— y en Siria, con la implosión de la dictadura de El Asad, ha sido determinante en la hostilidad de Turquía a un entendimiento con el PKK. La guerra en Siria desde 2011 permitió el fortalecimiento de milicias kurdas a las que Ankara considera una extensión del PKK. Esto llevó a Erdogan a intervenir militarmente en el norte de Siria para evitar la consolidación de una entidad kurda autónoma en su frontera. Este intervencionismo ha convertido a Ankara en otro de los actores desestabilizadores en la región y ha servido de pretexto para intensificar la represión contra los kurdos dentro de su propio territorio.

A pesar de los precedentes, la posibilidad de la resolución del conflicto kurdo en Turquía es una muy buena noticia en una región donde en los últimos años se han multiplicado los problemas. Erdogan debería recoger la oferta al menos con pragmatismo, dar garantías a la minoría kurda y terminar con uno de los conflictos enquistados de una zona donde se dan pocas oportunidades así.