La quita y la reforma

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer, a pesar del inexplicable plante de los consejeros del PP, la condonación parcial de la deuda que pesa sobre las comunidades autónomas. La quita, que asciende a 83.252 millones de euros, equivale a aligerar de un plumazo el 26% del endeudamiento de las autonomías, que se disparó durante la crisis financiera. Esas haciendas también se ahorrarán, según el Gobierno, hasta 7.000 millones de euros que debían destinar a intereses y que ahora podrán usar para mejorar los ya tensionados servicios vinculados al Estado del bienestar —como Sanidad, Educación o Dependencia—, que suponen cerca del 75% de su gasto presupuestario y cuya administración recae mayoritariamente sobre las comunidades.

La condonación, que debe ser avalada por el Congreso, parte de los acuerdos alcanzados por el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. A esos compromisos —que ya recogían de forma explícita que el recorte de la deuda debía tener un “alcance general”— se han agarrado los 14 consejeros del PP para, en un gesto inédito, levantarse de la silla antes de abordar la quita de la deuda con el argumento de negarse a “blanquear los pactos de Sánchez con los independentistas”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había tachado esa quita de “regalo” para Cataluña.

Sin embargo, los números publicados por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ponen en cuestión ese argumento. La autonomía más beneficiada en el reparto de esos más de 83.000 millones es Andalucía, tanto en términos absolutos —con casi 18.000 millones— como relativos, con un recorte de casi la mitad de la deuda y la mayor condonación por habitante. A pesar de que eso ha generado suspicacias —incluso entre algunos socios de Sánchez— por la reciente condición de Montero como líder de los socialistas andaluces, también desmiente la acusación de la consejera de esa comunidad sobre las “cesiones permanentes al independentismo”. Además de las destinadas a Cataluña y Andalucía, las cantidades son igualmente muy significativas para las otras tres autonomías que se consideran especialmente castigadas por el actual modelo de financiación: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

Montero sí debe atender de forma urgente una reclamación legítima de las comunidades del PP: no demorar más la reforma del modelo de financiación, pendiente de revisión desde 2014, en especial cuando la quita actual puede no ser suficiente para que todas las CC AA enderecen de forma definitiva su situación financiera. Sin embargo, una medida es complementaria con la otra: la condonación de la deuda no implica enterrar el debate de la financiación. Es más, la quita podría haber sido un buen punto de partida para esa discusión visto que los intereses tan dispares que exhiben ya las comunidades —también sucede entre las del PP— hacen pensar en una negociación larga y difícil.

Si bien los consejeros populares fueron de la mano para plantar ayer a Montero, cabe ver ahora cómo abordan el día después. Si la medida supera el trámite parlamentario, los gobiernos autonómicos deberán decidir si piden o no la quita. Los dirigentes del PP argumentan que esta no supone la desaparición de la deuda, sino su socialización entre todos los españoles. El perdón de una parte sustancial de deuda a todas las comunidades de régimen común despeja, sin embargo, ese riesgo al que aluden las 12 comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP. A la vez, las resarce del apoyo insuficiente que recibieron para afrontar la crisis financiera por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, las acerca de nuevo a la posibilidad de financiarse en los mercados y les devuelve autonomía financiera. Si los líderes de esas comunidades finalmente renuncian a la quita, deberán explicar ante su ciudadanía por qué prefieren seguir pagando intereses de la deuda –que el Estado puede asumir en mejores condiciones— que destinar ese dinero a gastos más productivos.