Las víctimas de abusos merecen más interés

El informe que el Congreso de los Diputados encargó al Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, y sobre el papel que tienen los poderes públicos al respecto, llegó el jueves a sede parlamentaria, lamentablemente de manera harto deslucida. El defensor Ángel Gabilondo reclamó a los diputados que apoyaran las 24 recomendaciones de su trabajo. La más importante es indemnizar a las víctimas de pederastia. La mayoría de los grupos políticos comparte la idea de reparar a las víctimas, pero el diablo está en los detalles. La presentación del informe no concluye nada, solo significa iniciar una nueva fase, con otro tipo de dificultades: la Iglesia rechaza colaborar con un marco estatal independiente para las reparaciones y los políticos transmitieron la impresión de remolonear. No puede ser así: el informe se encargó con un fuerte apoyo de las fuerzas parlamentarias, así que estas tienen que traducir ahora sus conclusiones en políticas concretas.

Por el bien de las víctimas, explicó el Defensor, es imprescindible que la Iglesia y los poderes públicos trabajen juntos para procurar reparar tanto sufrimiento. Es precisamente esa colaboración la que la Iglesia rechaza, para que queden en su terreno las reparaciones y se pongan en marcha a partir de sus propios informes, que desdeñan numerosos casos ya publicados y tienen llamativas lagunas: muchas víctimas consideran el esfuerzo insuficiente y denuncian que las ayudas no se están ejecutando. La Iglesia lleva años poniendo trabas, incluso frente a las recomendaciones del papa Francisco de actuar con “decisión y firmeza” ante esta lacra. Ante su palmaria pasividad, EL PAÍS puso en marcha la investigación más exhaustiva que se ha hecho sobre los abusos sexuales en la Iglesia española, que fue la que empujó al Congreso a encargar el informe al Defensor del Pueblo.

Una de las recomendaciones de Gabilondo es crear un fondo estatal para atender a las indemnizaciones de aquellos casos que, por la prescripción del delito o por otras causas, no puedan tener un desarrollo penal. Las indemnizaciones las gestionaría un órgano independiente, temporal y específico para este cometido. Es este fondo el que provoca más diferencias entre los grupos políticos: algunos entienden que todas las indemnizaciones debe pagarlas la Iglesia. También hay diferencias en cuestiones como la reforma para la imprescriptibilidad del delito sexual contra menores o la revisión de los Acuerdos con el Vaticano. La intensidad del debate político desdibujó en el Congreso la presentación de este importante informe, que se realizó en un tono falto de vigor y en ausencia de cargos importantes —ni el presidente del Gobierno, ni el líder de la oposición, ni la ministra de Infancia, ni el de Justicia— para arropar a las víctimas. Son estas las que de verdad importan y ante las que, con el informe del Defensor en sus manos, el Parlamento tiene que poner en marcha respuestas concretas.