Aldama dispara a discreción

El empresario Víctor de Aldama, puesto en libertad provisional este jueves por un caso de fraude fiscal multimillonario en el negocio de la distribución de hidrocarburos e imputado por corrupción, declaró voluntariamente ante el juez que investiga el pago de comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes. Aldama esparció sospechas de corrupción sobre medio Gobierno de Pedro Sánchez al revelar el supuesto pago de mordidas a media docena de dirigentes o la existencia de numerosas reuniones con altos cargos para tratar sobre ayudas públicas a empresas. Sánchez quiso personalmente ponerse a tiro de los periodistas en el Congreso para decir que “todo es categóricamente falso”, tildó al empresario de “personaje” y le retó a aportar pruebas.

La investigación judicial ha permitido reunir hasta ahora indicios sólidos de que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García se enriquecieron presuntamente con comisiones de Aldama a cambio de que favorecieran sus negocios. Aldama reforzó este jueves estos indicios aportando información más precisa —aunque sin pruebas de ningún tipo— sobre los pagos ilegales de cientos de miles de euros a través de testaferros.

De un modo mucho menos concreto, Aldama afirmó también que pagó a otros dirigentes socialistas porque así se lo pedía Koldo García. En esa declaración soltó una retahíla de nombres entre los que estaban el ministro Ángel Víctor Torres, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, o el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. No aportó una sola prueba, más allá de su palabra y de que pudiera corroborarlo Koldo García, presunto intermediario. Pero también relató otro de tipo de situaciones de presunta intermediación, no delictivas, que salpicó con otra media docena de nombres. El Gobierno y el PSOE anunciaron acciones legales contra esas graves acusaciones en sede judicial. Cerdán ofreció la geolocalización de su teléfono móvil para demostrar “que nunca se encontró con él”.

El empresario quiso señalar al propio Sánchez y dijo que la foto que se hicieron juntos en un teatro de Madrid durante un acto de partido fue a petición del líder socialista, quien le habría agradecido sus servicios de intermediación. Sánchez ha afirmado que se trató de una foto más de las que se hace un político con simpatizantes desconocidos.

Que Aldama es, en terminología de la Guardia Civil, el “nexo corruptor” de la trama de Ábalos y Koldo parece ya más que evidente. Que este caso de corrupción mancha gravemente al Gobierno y al PSOE está fuera de duda porque afecta a un miembro muy relevante del primer equipo de Sánchez. El presidente expulsó a Ábalos de su Gobierno mucho antes de que estallara el escándalo. Pero después lo metió en las listas electorales. No parece lógico que lo hiciera a sabiendas de lo que ahora se ha destapado. Pero ese hecho no despeja las dudas sobre hasta dónde ha llegado la marea de corrupción que penetró en el ministerio de Ábalos. Tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, pero su situación es insostenible y debería dejar el escaño. El Gobierno tomó entonces las medidas adecuadas, pero debería interrogarse sobre si funcionaron bien sus alarmas internas para no detectar que la corrupción anidaba tan cerca y obrar en consecuencia. Hay que exigirle máxima colaboración con la justicia para llegar hasta donde haga falta.

La mancha de sospecha esparcida por Aldama es muy extensa y provoca una comprensible alarma social. Si está mintiendo como parte de una estrategia procesal —tras la declaración, obtuvo la libertad por el otro caso que lo mantenía encarcelado, apoyado por la Fiscalía—, los señalados tienen que limpiar su imagen cuanto antes, y Sánchez tiene que encabezar esa defensa como hizo este jueves. En un juzgado, la carga de la prueba corresponde al que acusa. En el tribunal de la opinión pública, no.