Trump, campaña en el aire
El veto judicial a su candidatura en Colorado da una idea del calibre de los problemas del magnate y de la amenaza que supone
La carrera de Donald Trump por escapar de la justicia y llegar con opciones a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 ha encontrado un nuevo obstáculo, quizá el más significativo hasta el momento. La Corte Suprema de Colorado, la máxima instancia judicial estatal, ha...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La carrera de Donald Trump por escapar de la justicia y llegar con opciones a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 ha encontrado un nuevo obstáculo, quizá el más significativo hasta el momento. La Corte Suprema de Colorado, la máxima instancia judicial estatal, ha sentenciado que Trump no puede presentarse y, por tanto, no debe aparecer en las papeletas de las primarias republicanas en ese Estado, que se celebran el 5 de marzo. La aplicación de la sentencia queda en suspenso a la espera de un recurso ya anunciado ante el Tribunal Supremo.
El caso en sí sirve como ejemplo del calibre histórico del daño provocado por Donald Trump en sus años en la presidencia, y de las amenazas legales, igualmente nunca vistas, a su nueva candidatura. El Supremo de Colorado ha aplicado una cláusula de la enmienda 14ª de la Constitución que prohíbe a cualquiera “implicado” en una “insurrección” presentarse a cargos públicos en EE UU. Se trata nada menos que de una disposición aprobada en 1868, tras la guerra civil, para evitar específicamente que los líderes secesionistas del sur derrotado pudieran volver a la política. Jamás se ha utilizado para vetar a alguien como candidato a presidente. Tampoco se había visto desde entonces algo como el intento de golpe de Estado instigado por Trump el 6 de enero de 2021.
No son pocas las dudas que rodean la decisión de la Corte, tomada por mayoría simple de cuatro votos contra tres, sobre todo, por el hecho de que el Tribunal da por probada la insurrección cuando Trump no ha sido condenado por este delito. Ni siquiera está entre los cargos que ha presentado contra él el fiscal que investiga los hechos. En el impeachment derivado del asalto al Capitolio, el Senado absolvió al expresidente. El Tribunal considera probada su implicación a partir de lo concluido por la comisión de investigación del Congreso. Pero una cosa son esas conclusiones y otra, su concreción legal. Hay demandas similares activas en otros 13 Estados. En 12 más, los demandantes desistieron, y en otros cuatro han sido rechazadas, por lo que hay que tomar con escepticismo la interpretación de Colorado.
Estados Unidos y todo Occidente, atentos a un posible regreso de Trump, miran ahora al Tribunal Supremo, con una supermayoría conservadora. Este no es, sin embargo, un caso ideológico, sino técnico, por lo que las sospechas sobre el Tribunal son apresuradas. La discusión legal puede girar, irónicamente, alrededor de la interpretación originalista de la Constitución, un argumento tradicionalmente conservador que no beneficia al magnate. La importancia de la decisión del Supremo de Colorado reside en que es una prueba más de la vulnerabilidad legal de Trump a pesar de su respaldo popular. De eso han de tomar nota aquellos grandes donantes del partido republicano que buscan a la carrera un candidato alternativo. Se les acaba el tiempo.