Telefónica es estratégica

El Consejo de Ministros aprobó el martes la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Telefónica para alcanzar una participación del 10%. La medida, que el Gobierno justifica en el interés estratégico de la compañía y su presencia en el sector de defensa, responde al anuncio en septiembre de Saudi Telecom Company (STC) de la compra de un 4,9% de la operadora con opciones sobre otro 5%.

El regreso del Estad...

El Consejo de Ministros aprobó el martes la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Telefónica para alcanzar una participación del 10%. La medida, que el Gobierno justifica en el interés estratégico de la compañía y su presencia en el sector de defensa, responde al anuncio en septiembre de Saudi Telecom Company (STC) de la compra de un 4,9% de la operadora con opciones sobre otro 5%.

El regreso del Estado al capital de Telefónica se produce 26 años después de que pasara completamente a manos privadas durante el Gobierno de José María Aznar. Varios países europeos tomaron idéntico camino, pero con privatizaciones parciales que permitieron crear núcleos duros con participación pública en los sectores estratégicos. El discurso ideológico que arropó aquellas operaciones partía en España de la idea de que el Estado no debe estar presente en la industria porque el sector privado es más eficiente. En muchos casos, la salida del Estado coincidió con la imposición de gestores afines al inquilino de La Moncloa. El cambio de política de Pedro Sánchez busca blindar empresas capitales para la economía española, pero tiene también sus riesgos: que el Estado condicione las decisiones de pura gestión o que coloque en el consejo a perfiles inadecuados. Aun con esos riesgos, la decisión se enmarca en la dinámica europea de cuidar la autonomía en los sectores clave.

Cuando se complete, la adquisición del 10% del capital de Telefónica por la SEPI dará estabilidad al accionariado y hará más difícil una operación hostil de terceros, especialmente cuando quienes están detrás representan a países que no operan con la normativa europea. En esa línea, el Gobierno se propone negociar una alianza con BBVA y La Caixa, con el fin de formar un núcleo duro de accionistas. La idea no es novedosa: un pacto entre los mismos socios se formó en Telefónica en 1995, durante el último Gobierno de Felipe González, para acompañar su privatización parcial. Aznar dejó en agua de borrajas esa estrategia y privatizó el 100%. En el resto de Europa, la presencia del Estado en sectores clave como el energético, de defensa, las telecomunicaciones o el automóvil está más normalizada, y no se considera intervencionismo. Es el caso de las participaciones estatales en Francia (Air France, Orange o Renault) o Alemania (Deutsche Telekom).

La política industrial de este y de cualquier Gobierno no solo debe perseguir un desarrollo económico y del empleo de calidad; además debe cuidar los intereses nacionales en los sectores estratégicos. Y el sector de telecomunicaciones tiene ese carácter en un momento de transformación digital. Ni este Gobierno ni ninguno debe facilitar que Telefónica —que nació como un monopolio estatal— caiga bajo el control de un grupo extranjero, menos aún del brazo inversor de un régimen autoritario como Arabia Saudí.

En la UE existen mecanismos para evitar ofensivas hostiles en empresas estratégicas, como la llamada acción de oro, que permite a las Administraciones nacionales vetar la toma de participaciones relevantes. De hecho, la saudí STC está pendiente del permiso del Gobierno para alcanzar hasta el 9,9% de Telefónica. El Ejecutivo ha considerado que, al margen de esa autorización, lo que sirve mejor a los intereses de España es recuperar una presencia relevante, no mayoritaria, en Telefónica. Es una posición más que defendible cuando está en juego el control del mayor grupo español en el mercado mundial de telecomunicaciones. Ningún país asiste pasivo a la toma de sus grandes empresas por otras potencias. Esto es también una política industrial activa.