Resistencia irresponsable a la agenda verde

La mala calidad del aire a causa del tráfico y la aceleración del cambio climático han obligado a muchas ciudades a revisar su modelo y aplicar una nueva agenda urbana destinada a proteger la salud de los ciudadanos, combatir la degradación ambiental y mitigar los efectos del calentamiento global. La Agenda Urbana Española, aprobada en 2019 siguiendo las directrices de Naciones Unidas, establece 10 grandes líneas de actuación, entre las cuales destaca el impulso de nuevas formas de movilidad que permitan reducir la contaminación y ganar espacio para los ciudadanos. Muchas ciudades las están ap...

La mala calidad del aire a causa del tráfico y la aceleración del cambio climático han obligado a muchas ciudades a revisar su modelo y aplicar una nueva agenda urbana destinada a proteger la salud de los ciudadanos, combatir la degradación ambiental y mitigar los efectos del calentamiento global. La Agenda Urbana Española, aprobada en 2019 siguiendo las directrices de Naciones Unidas, establece 10 grandes líneas de actuación, entre las cuales destaca el impulso de nuevas formas de movilidad que permitan reducir la contaminación y ganar espacio para los ciudadanos. Muchas ciudades las están aplicando, pero algunas de estas medidas encuentran resistencias irresponsables que se presentan como una demagógica defensa de la libertad. En realidad, defienden intereses vinculados a un modelo insalubre que provoca cada año miles de muertes.

El ejemplo más reciente es la demanda interpuesta por la entidad Barcelona Oberta, que representa promotores turísticos y ejes comerciales, contra la transformación de la calle Consell de Cent en un eje verde peatonal de la capital catalana. Es la primera de varias actuaciones englobadas en el proyecto Superilla Barcelona, cuyo objetivo es reducir el tráfico y mejorar la calidad de vida en el castigado distrito del Eixample, que registra los mayores niveles de contaminación de la ciudad. Se trata de un problema al que muchas metrópolis han dado diferentes respuestas. Londres, por ejemplo, ha decidido cobrar un peaje de acceso a los vehículos contaminantes. Barcelona ha optado por un modelo de ejes verdes que permite mitigar también el cambio climático. Ahora una sentencia en primera instancia obliga a deshacer las obras de Consell de Cent y restituir la calle al tráfico rodado. Es un claro ejemplo de torticera guerra judicial. El objetivo de los demandantes no es tanto frenar los cambios con iniciativas que muchas veces no prosperan por falta de fundamento jurídico como poner trabas que retrasan su aplicación.

En las ciudades compactas del sur de Europa el coche acapara más del 60% del suelo público, pero solo resuelve las necesidades de desplazamiento del 20% de la población. La resistencia afecta también a otra de las grandes medidas destinadas a reducir el tráfico privado y promover otras formas de movilidad mediante la creación de una red de carriles segregados para bicicletas y patinetes. Es una forma de desplazarse no solo más ecológica, porque no contamina, sino también más saludable porque promueve el ejercicio físico. En España varios ayuntamientos gobernados por PP y Vox han anunciado la supresión de carriles bici, una actuación alineada con el discurso de negación del cambio climático y de defensa del transporte privado que practica la ultraderecha.

El tercer ejemplo de resistencia es el incumplimiento de la ley que obliga a crear zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. La norma entró en vigor en enero. Nueve meses después, solo 14 de las 151 ciudades obligadas a hacerlo tienen regulada la zona de bajas emisiones. Del resto, 120 están aún tramitando el proyecto y 17 ni siquiera han comenzado los trámites. Tras las últimas elecciones municipales, varios dirigentes locales de PP y Vox han expresado su intención de retrasar o no aplicar la normativa. Se trata, sin embargo, de una obligación legal prevista en la ley de Cambio Climático y el Gobierno debe hacerla cumplir con la máxima celeridad. Su incumplimiento por parte de los gobernantes municipales tiene costes que pagan los ciudadanos con su salud.