Argentina, un país (a)normal

La Argentina es un país normal. Siempre y cuando la anormalidad sea normal. Porque sólo este país pelea por el podio mundial de inflación anual mientras flirtea con una corrida cambiaria, vislumbra un nuevo default de su deuda soberana, yace estancado desde hace una década, con índices crecientes de pobreza, y tiene a su Presidente y a su ministro de Economía rogándole clemencia y más dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI)...

La Argentina es un país normal. Siempre y cuando la anormalidad sea normal. Porque sólo este país pelea por el podio mundial de inflación anual mientras flirtea con una corrida cambiaria, vislumbra un nuevo default de su deuda soberana, yace estancado desde hace una década, con índices crecientes de pobreza, y tiene a su Presidente y a su ministro de Economía rogándole clemencia y más dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) , mientras que su Vicepresidenta –y jefa real del oficialismo- destrata públicamente a ese mismo organismo.

Ahora, nuestra normal anormalidad acaba de entregarnos un nuevo capítulo. La Corte Suprema suspendió las elecciones que debían desarrollarse cinco días después en dos provincias ante la posibilidad de que violaran la esencia republicana de nuestra Constitución Nacional. Casi nada. ¿Y qué reacciones cosechó? Pues las de siempre. Algunos a favor –porque los beneficia-, y otros en contra –porque los perjudica-. ¿Lo curioso? Algunos de los críticos habían elogiado fallos muy similares que el máximo tribunal del país emitió hace cuatro años, aunque, claro, en aquella ocasión los había beneficiado.

Todo, pues, muy normal en un país anormal.

La Corte concedió dos medidas cautelares, con las que suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y San Juan, y les pidió más datos a los protagonistas antes de tomar su decisión de fondo. Definirá si los gobernadores de esas provincias pueden aspirar a nuevos mandatos –ya fuera como gobernador o vicegobernador- o si sus eventuales reelecciones vulneran el sistema republicano de Gobierno. ¿Por qué? Porque ambos extenderían su permanencia en el poder mucho más allá de una década larga.

Si esa es la esencia de lo ocurrido, también está el contexto. Dos datos: el primero, que los ministros de la Corte tomaron esa decisión mientras que el oficialismo impulsa un juicio político contra ellos; el segundo, que la decisión afecta de manera directa a dos gobernadores peronistas e, indirectamente, al Gobierno nacional, que anticipaba triunfos en ambas provincias y, de ese modo, algo de oxígeno para su gestión desfalleciente.

Este contexto explica por qué el Gobierno salió con los tapones de punta. El presidente Alberto Fernández criticó la decisión y al tribunal por cadena nacional, en línea con funcionarios, legisladores, organismos de derechos humanos cercanos al kirchnerismo y muchos más.

Para sumarle más pimienta al enredo, sin embargo, la decisión preliminar de la Corte no resulta novedosa. Para nada. Registra tres antecedentes –aunque con diferencias- ante intentonas similares de líderes provinciales durante la última década. Así, el máximo tribunal del país trazó una línea roja a las reelecciones de gobernadores en Santiago del Estero (2013), La Rioja (2019) y Río Negro (también en 2019).

Ese último antecedente ofreció una nueva muestra de nuestra normal anormalidad. El ahora ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, calificó la decisión judicial como “una intromisión” de la Corte en el “proceso democrático”. Pero cuatro años atrás, cuando disputaba la gobernación rionegrina y el fallo de aquel momento perjudicó a su rival directo, festejó lo ocurrido. “Por suerte la Corte lo frenó”.

Para complicar la ecuación, la decisión preliminar del tribunal tampoco es una maravilla perfecta. Los constitucionalistas se dividen entre los que la definen como aceptable, los que la objetan y aquellos que plantean que, como mínimo, resulta inoportuna y acaso peligrosa. Entre estos se destaca el respetado Andrés Gil Domínguez, quien recurrió a Twitter para plantear que “suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada”.

Así estamos, pues, con las urnas suspendidas cuando ya estaba todo listo para este domingo –impresión de boletas incluidas- y le sumamos más anormalidad a nuestra normal anormalidad a la que todos contribuyen. Porque como recordó uno de nuestros analistas políticos más lúcidos, ambos gobernadores sabían que jugaban al límite del offside cuando se lanzaron a una nueva candidatura. Su premisa silenciosa era clara: “Si pasaba, pasaba”.

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