La legislatura por delante

Los tres días de debate sobre el estado de la nación han servido a la coalición del Gobierno de España para rearmar su discurso en un difícil contexto sobrevenido, en el que los ciudadanos van a reclamar soluciones a problemas muy concretos derivados de una inflación desbocada que está erosionando el poder adquisitivo de la clase media como los españoles no habían visto en dos generaciones. ...

Los tres días de debate sobre el estado de la nación han servido a la coalición del Gobierno de España para rearmar su discurso en un difícil contexto sobrevenido, en el que los ciudadanos van a reclamar soluciones a problemas muy concretos derivados de una inflación desbocada que está erosionando el poder adquisitivo de la clase media como los españoles no habían visto en dos generaciones. Al paquete de medidas sociales más los impuestos a las energéticas y la banca que anunció el presidente, los grupos de la Cámara presentaron 138 propuestas de resolución. La votación de las mismas no reflejó fisuras en la coalición ni modifica la agenda inmediata del Gobierno.

Tras el debate, el Congreso aprobó en pleno tres iniciativas que también vienen a definir el estado de la nación. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite eludir el boicoteo del PP a la renovación de los órganos constitucionales, al permitir que el Consejo nombre a dos magistrados del Tribunal Constitucional para el que el Gobierno designe los dos a los que tiene derecho y esta institución fundamental no engrose la lista de órganos constitucionales con el mandato caducado. Es un parche más en una situación que debería resolverse por un pacto político al que el PP se niega desde hace tres años. La Ley de Memoria Democrática, que mejora sustancialmente la responsabilidad de España con las víctimas de la dictadura fue muy contestada por la oposición, básicamente por el acuerdo con EH Bildu. El bronco debate de esta última sirvió para diferenciar la crítica legítima de las cavernas ideológicas. Y también se aprobó el decreto ley por el que se prorrogan las ayudas que iban a ser por tres meses para paliar la subida de precios. La abstención del PP es la primera prueba de pragmatismo del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

Las alianzas parlamentarias que se han visto esta semana son relevantes porque si el presidente cumple su intención de agotar la legislatura queda un año por delante. Los impuestos a las energéticas y a la banca y el paquete de medidas sociales parecen haber cohesionado al bloque de izquierdas del que depende su estabilidad parlamentaria desde la investidura. El Gobierno supera este test a su mayoría y confirma que mantiene las precarias pero suficientes opciones de pacto (PNV, ERC, Bildu) para los aspectos centrales de su agenda. Pero el discurso del PNV permite intuir que con ellos no valdrá con anunciar medidas por sorpresa cada tres meses.

Italia, Reino Unido o Francia son ejemplos de la inestabilidad política que acecha si sigue avanzando la inseguridad económica de la clase media por la inflación. Los gobiernos se preparan para un otoño en el que se apagará la explosión de consumo pospandémico, pero el problema ya está aquí. Como informa hoy este periódico, Bruselas pide a los países miembros planes de ahorro de gas para implementar este verano. Ahorrar energía será un deber cívico y una obligación que cuanto antes se aplique mejor permitirá pasar el invierno. Las previsiones de la Comisión Europea conocidas ayer apuntan a una inflación este año del 8,1% en España, algo no visto en cuatro décadas. Sin embargo, Bruselas estima que nuestro país crecerá el 4%, la quinta economía más dinámica de la zona euro, aunque rebaja las expectativas para 2023. Este es el cuadro de incertidumbre económica con el que se inicia el último tramo de la legislatura más necesitado que nunca de estabilidad y consenso en la política. Al Gobierno corresponde liderar ambos.