Una memoria democrática más inclusiva y plural

Reformar la ley de la memoria histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 era un compromiso previsto en el acuerdo del Gobierno de coalición que se ha topado con dificultades para sumar los apoyos necesarios para su tramitación y aprobación en las Cortes. Las leyes de memoria histórica constituyen, como señala la exposición de motivos, un deber moral desde el que se permite neutralizar el olvido y garantizar que nada de lo ocurrido vuelva a repetirse. El...

Reformar la ley de la memoria histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 era un compromiso previsto en el acuerdo del Gobierno de coalición que se ha topado con dificultades para sumar los apoyos necesarios para su tramitación y aprobación en las Cortes. Las leyes de memoria histórica constituyen, como señala la exposición de motivos, un deber moral desde el que se permite neutralizar el olvido y garantizar que nada de lo ocurrido vuelva a repetirse. El impulso de estos instrumentos legislativos va parejo a la madurez democrática de una sociedad y su desafío práctico está en saber acompasar la necesaria técnica jurídica con el imprescindible impulso político que requiere la búsqueda de la verdad y la reparación. Se trata de un equilibrio no siempre fácil de lograr, pero imprescindible para tejer una memoria más inclusiva y plural que no dé la espalda a la verdad, ni incurra en propuestas llamativas de resultado práctico imposible.

La norma persigue como propósito fomentar el conocimiento de las etapas democráticas y de quienes las hicieron posibles, así como preservar y mantener la memoria de las víctimas y el fomento de su reparación integral. Una referencia a las víctimas que acoge para su definición el marco que ofrece la Resolución de Naciones Unidas 60/147 de 2005. Reconoce la vigencia de la legislación de 2007, pero no ignora la pluralidad de textos autonómicos que han surgido para superar el freno político que la política de memoria histórica sufrió bajo el Gobierno del PP, lo que requiere de instrumentos de gobernanza como el Consejo Territorial llamado a facilitar la cooperación entre las actuaciones del Estado y de las comunidades autónomas. Resulta muy acertado que sea finalmente la Administración del Estado la encargada de asumir la responsabilidad directa de la búsqueda de personas desaparecidas en los términos que sugieren organismos internacionales. Destaca en el texto una interesante mirada de género orientada a reconocer el papel activo que las mujeres han protagonizado en España luchando por la democracia.

El Gobierno parece haberse garantizado finalmente la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante esta ley, apoyándose en el PNV, PDeCAT, ERC, Más País y EH Bildu. No puede ser motivo de escándalo que una fuerza política como EH Bildu apoye una iniciativa legislativa y pida introducir aquellos postulados que satisfacen sus expectativas. Esta es la lógica democrática que impone la pluralidad política dando cabida a sensibilidades distintas. En este sentido, el reconocimiento de las víctimas de torturas en la lucha contra el terrorismo hasta 1983 entra dentro de lo asumible, tomando en consideración que se trata de una realidad reconocida por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintos pronunciamientos. Atendiendo a la naturaleza y el significado político de esta norma, si hay algo que lamentar, en términos de país, es la negativa de PP y de Ciudadanos a sumarse al consenso que nos dota de una memoria común.