Información completa en diferido

Noticias sobre listas de espera han levantado críticas de los lectores por falta de contexto

Protesta de médicos de atención primaria en Madrid el pasado mes de marzo.Samuel Sanchez

El principio ético del Libro de estilo más reiterado en esta columna señala que EL PAÍS debe ofrecer diariamente la información veraz, actual y lo más completa posible para que el lector pueda formarse su propio criterio. Los hechos que se narran, añade el libro, solo serán bien comprendidos si las informaciones incluyen los datos y el contexto adecuados. Incumplimos en ocasiones esa regla de oro y, con razón, los lectores nos lo afean.

Dos informaciones sobre listas de espera para especialistas en la Sanidad pública han levantado quejas y críticas de los lectores. La primera, de...

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El principio ético del Libro de estilo más reiterado en esta columna señala que EL PAÍS debe ofrecer diariamente la información veraz, actual y lo más completa posible para que el lector pueda formarse su propio criterio. Los hechos que se narran, añade el libro, solo serán bien comprendidos si las informaciones incluyen los datos y el contexto adecuados. Incumplimos en ocasiones esa regla de oro y, con razón, los lectores nos lo afean.

Dos informaciones sobre listas de espera para especialistas en la Sanidad pública han levantado quejas y críticas de los lectores. La primera, del día 5 del mes pasado, apareció en la portada con este título: “Medio millón de madrileños, en lista de espera de hasta 18 meses”. La información destacaba que, por vez primera, Madrid superaba el medio millón de pacientes en lista de espera con el especialista “con citas para dentro de un año”.

Nada de eso era falso, pero la información estaba incompleta. Varios lectores se quejaron de que, con ese planteamiento, con ese destacado título, EL PAÍS daba a entender que la Comunidad de Madrid registraba la peor o una de las peores tasas de España y que por eso la resaltaba. “Basándose en datos reales, los reflejan de manera tan parcial que determinan la conclusión”, criticó Carlos Hernández Guarch, quien lamentó ese “estruendoso titular”.

Enrique Sainz también se quejó: “Los lectores tenemos derecho a que nos den los datos (de otras comunidades) para poder comparar y decidir entonces si están haciendo bien, mal o muy mal las cosas”.

En el texto se indicaba que “toda España sufre el embudo de la demanda desatendida tras la covid”, pero no se aportaban cifras de otras regiones. No se hacía porque en ese momento no existían datos oficiales homogéneos y actuales. Algún periodista de los ocho que firmaban el texto asume que su intención inicial era incluir datos de todas las comunidades, pero que resultó una misión imposible. El lector Enrique Sainz pareció intuir eso mismo porque escribió: “No han mentido, pero es una manera de falsear la realidad”.

Para tener la información completa, hubo que esperar dos semanas. El 17 de noviembre, y con datos oficiales del Sistema Nacional de Salud recabados en junio, el periódico contó que Madrid tenía en esa lista de espera a 37,5 personas por cada 1.000 habitantes, pero que la media en España era de 62 personas. Y que el tiempo medio de espera en Madrid, según ese informe oficial enlazado en la información, es de 35 días frente a los 75 en el conjunto de España. Solo quienes leyeron las dos informaciones pudieron tener datos y contexto adecuados para formarse su criterio.

Incompleta, o al menos muy antigua, también ha sido la reiterada información en estas semanas pasadas de que el 39% de los españoles son consumidores de prostitución, un porcentaje solo superado en Puerto Rico y Tailandia. Se trata de una afirmación recurrente, publicada año tras año en idénticos términos en medios españoles o en otros como The Guardian, The Independent o la BBC.

En páginas especializadas o en las redes nos han sacado los colores. Como origen del dato se cita a veces un informe de 2016 de una fundación francesa, que lo recogió de un documento de 2011 de una asociación de atención a prostitutas (APRAMP), pero otros medios lo remiten a un texto de la ONU de 2010. El mismo dato, sin embargo, ya se publicó hace 20 años en un análisis de Sven-Axel Manssen, quien precisaba que el dato procedía… ¡de 1992! ¿Lo seguimos dando como válido? Mejor que no.

Otros lectores, como Hugo Monteverde o María Dolores Gauna, se han quejado de que en una columna de opinión se afirmara que el actual Gobierno, “consecuente con sus prejuicios, ha suprimido el estudio de la Filosofía”. Sin embargo, el periódico ha informado de que la asignatura de Filosofía será optativa en cuarto curso de la Enseñanza Secundaria, mientras en Bachillerato será obligatoria la de Historia de la Filosofía.

Otra laguna recurrente para algunos lectores es que los autores de algunos textos de opinión no queden suficientemente identificados, que es lo que exige el Libro de Estilo para firmas no habituales en el periódico. La última queja la ha enviado Domingo Ochoa, quien lamenta que en el pie de foto de una tribuna de Juan-José López-Burniol se diga solo que “es notario” cuando, además, es vicepresidente de la Fundación la Caixa.

Con estas quejas y críticas, los lectores demuestran estar bien informados, pero quizás por eso nos exigen que no bajemos del nivel que nosotros mismos nos hemos impuesto. Nada que objetar.

Puede enviar sus cuestiones a defensor@elpais.es

O preguntar en el blog El Defensor del Lector contesta


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