Colombia: Duque da marcha atrás

La decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de retirar la reforma tributaria tras las fuertes protestas de los últimos días muestra un problema básico de la convivencia nacional: la falta de consenso político para enfrentarse a la pandemia. A nadie se le escapa que una ley que tenía como objetivo aumentar la recaudación fiscal, por muy necesaria que fuese para paliar el daño ocasionado por el coronavirus al erario, resultaba por definición impopular. Sac...

La decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de retirar la reforma tributaria tras las fuertes protestas de los últimos días muestra un problema básico de la convivencia nacional: la falta de consenso político para enfrentarse a la pandemia. A nadie se le escapa que una ley que tenía como objetivo aumentar la recaudación fiscal, por muy necesaria que fuese para paliar el daño ocasionado por el coronavirus al erario, resultaba por definición impopular. Sacarla adelante requería de un enorme esfuerzo didáctico, altas dotes negociadoras y acertar con el momento adecuado. No ha sido el caso. En un país estragado por la pandemia, apenas hubo consenso, el calendario elegido fue pésimo y la respuesta a las primeras movilizaciones, desmesurada. La retirada, por tanto, no deja de ser una medida razonable. Pero pensar que con ello se ha logrado un triunfo es equivocarse de plano. Los problemas que la reforma pretendía paliar siguen ahí y no harán más que acrecentarse si no se toman medidas.

A Colombia, uno de los países más desiguales del continente, le urge una ley que ayude a mejorar la distribución del ingreso y que active la recuperación de una economía que el pasado año se contrajo un 6,8% y que ha visto aumentar desproporcionadamente su déficit fiscal. En este sentido, no carecía de lógica el intento de mejorar la recaudación por el IVA, actualmente desarbolada, y sobre todo, su compensación mediante fuertes transferencias monetarias hacia los hogares con menos recursos, una línea que iba a beneficiar al 40% de la población. Obviamente, un proyecto de esta magnitud tenía importantes obstáculos sociales, entre ellos, su impacto en la clase media.

En caso de haber existido un consenso previo, esas dificultades hubieran sido la base de la discusión. Pero en su ausencia todo se vino abajo. El Gobierno se demoró demasiado en concretar la reforma, y sus titubeos aumentaron el malestar y el oportunismo en un ambiente fagocitado por las ansias preelectorales. Ni siquiera hubo paz en las filas del partido Gobierno, como demostró que Duque recibiera un tirón de orejas público del líder de su formación y mentor, el expresidente Álvaro Uribe.

En este fracaso, la terrible situación de la pandemia ha sido tan determinante como el atomizado contexto político y las aristas de la reforma. El proyecto se presentó cuando la vacunación arrastraba un lamentable retraso y los contagios y las muertes se habían disparado. Defender ante una población harta, machacada y empobrecida la ley era una apuesta de alto riesgo. Una respuesta policial desmesurada y el recurso a la militarización enterraron sus últimas posibilidades de supervivencia. Retirar la reforma ha servido para calmar las aguas. Pero el interrogante económico permanece. Buscar una respuesta consensuada y realista al deterioro de las finanzas públicas debería ser un objetivo prioritario de la clase política. Aplazarla solo traerá más dolor para Colombia.