Fondos europeos: rigor en la gestión y en la crítica

Los fondos que España recibirá de la UE como parte de la respuesta común a la crisis desatada por la pandemia constituyen el momento con mayor potencial transformador para este país en décadas. Es preciso por tanto fiscalizar con máximo rigor el uso que de ellos hará el Ejecutivo. Convendría, sin embargo, que el rigor fuese acompañado del sosiego y no de la irracional...

Los fondos que España recibirá de la UE como parte de la respuesta común a la crisis desatada por la pandemia constituyen el momento con mayor potencial transformador para este país en décadas. Es preciso por tanto fiscalizar con máximo rigor el uso que de ellos hará el Ejecutivo. Convendría, sin embargo, que el rigor fuese acompañado del sosiego y no de la irracional agresividad partidista tan habitual en tanta parte del espectro parlamentario español, como se ha vuelto a constatar con la publicación esta semana del informe del Consejo de Estado sobre el real decreto ley concebido para agilizar el desembolso de los fondos. La oposición ha usado este documento como un bastón, calificándolo de demoledor y de evidencia del absoluto descontrol en la gestión de los recursos que llegarán de la UE. Tan brutal crítica es infundada y poco beneficiosa. Basta una atenta lectura del documento y de la versión definitiva del decreto aprobado posteriormente para concluir que esas posiciones son excesivas y propagan una dañina visión distorsionada en Europa.

De entrada, incluso antes de las modificaciones del decreto —que recogen varias de las críticas del informe—, el mismo emitía una opinión favorable sobre el conjunto del texto legislativo. Esto significa que, a juicio del supremo órgano consultivo del Gobierno, el proyecto se podía aprobar ya como estaba. Pero, además, la versión final incorpora en líneas generales las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la necesidad de reforzar los controles. Se restituye buena parte de la fiscalización previa y de los informes preceptivos que se habían suprimido en los anteriores borradores con la intención de agilizar el gasto de los fondos. La formulación inicial esbozaba una agilización excesiva, pero la final lo corrige sustantivamente. Es hipócrita quien niega la necesidad de acelerar los procesos de ejecución del gasto para poder encauzar la inmensa cantidad de fondos que tendrán que gastarse con rapidez. Máxime con el historial de ejecuciones retrasadas que tiene España. No hacer nada no es una opción.

Todo ello no significa que no haya elementos criticables y que el andamiaje de gobernanza de los fondos no sea mejorable. El texto legislativo se está tramitando como proyecto de ley. Los partidos tendrán el deber y la oportunidad de hacer sus enmiendas y corregir deficiencias. Hay elementos cuestionables, como la falta de definición práctica de los proyectos estratégicos o PERTE, la ausencia de una memoria económica detallada, el riesgo que el decreto genera al abrir paso a una dispersión normativa entre comunidades o el levantamiento de algunos controles previos en los convenios. En la tramitación debe lamentarse la falta de transparencia, tanto con respecto a los informes de la Intervención —no se pidió a la General y no se remitió el de la Delegada al Consejo— como con el propio análisis del Consejo de Estado.

En cuanto a la estructura de gobernanza de los fondos, el Consejo no se pronuncia sobre cuál es la solución óptima porque se trata de una decisión política. Se entiende que el Ejecutivo no organizase una institución nueva solo para gestionar los fondos. Por un lado, esto habría planteado problemas logísticos de conformación de una nueva estructura eficaz en el corto plazo para semejante tarea; pero también, simplemente, parece lógico emplear la estructura que ya existe en los ministerios para gestionarlo. Es natural que sea el Ejecutivo la fuerza motriz gestora —precisamente esa es su función democrática—. Ello no excluye, sin embargo, que por sus características extraordinarias este proyecto debería ser especialmente inclusivo, no solo con el mundo empresarial y los poderes locales, sino también con la oposición y con figuras independientes de la sociedad civil. Una idea que debería explorarse es la constitución de un consejo asesor con expertos de reconocido prestigio, también extranjeros, que acompañen la plasmación de esta enorme aventura.

España necesita que este proyecto vaya bien. En su forma actual, ni es el manantial de despilfarro y corrupción que alegan algunos, ni tampoco un esquema cristalino e ideal. El Gobierno debe extremar su actitud inclusiva; la oposición, abandonar la crítica de gritos. Europa, afortunadamente, ayudará y vigilará.