Sarkozy: la justicia actúa en Francia

Nadie está por encima de la ley. Este es el principal mensaje que envía la justicia francesa al condenar por corrupción y tráfico de influencias a Nicolas Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012. Sarkozy participó, según el tribunal, en un “pacto de corrupción” junto a su abogado y amigo íntimo, Thierry Herzog, y un abogado general de la Corte de Apelación, Gilbert Azibert. A cambio de sonsacar información de Azibert sobre u...

Nadie está por encima de la ley. Este es el principal mensaje que envía la justicia francesa al condenar por corrupción y tráfico de influencias a Nicolas Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012. Sarkozy participó, según el tribunal, en un “pacto de corrupción” junto a su abogado y amigo íntimo, Thierry Herzog, y un abogado general de la Corte de Apelación, Gilbert Azibert. A cambio de sonsacar información de Azibert sobre un caso que afectaba a Sarkozy, Herzog prometió ayudar al abogado general a obtener un cargo en el Principado de Mónaco. Los investigadores descubrieron el plan escuchando las conversaciones entre Sarkozy y Herzog en un teléfono móvil secreto, contratado expresamente para escapar del escrutinio de la justicia.

La sentencia es recurrible y no es más que una etapa en la larga batalla que enfrenta al expresidente francés con jueces y fiscales. Pero tiene un efecto ejemplarizante. Primero, porque supone una respuesta contundente del poder judicial a las repetidas intimidaciones por parte de Sarkozy, convencido de que es víctima de una conspiración en su contra. Segundo, la propia sentencia deja claro que reviste “una gravedad particular” el hecho de que el condenado sea un exjefe de Estado, quien mientras ejercía sus funciones era “el garante de la independencia de la justicia”. Y tercero, el tribunal deja claro que en democracia nadie escapa al peso de la ley.

No es la primera condena a un jefe de Estado en Francia bajo la V República, el régimen presidencialista fundado en 1958 por el general De Gaulle. En 2011, Jacques Chirac fue condenado a dos años de prisión por malversación de fondos públicos y abuso de confianza cuando era alcalde de París, que no cumplió por su estado de salud y por su edad. En ambos casos, los hechos ocurrieron antes o después de que los condenados ocuparan la silla presidencial. Pero la Constitución francesa prevé que el jefe del Estado pueda ser juzgado, una vez haya abandonado el cargo, por hechos ocurridos durante el mandato que no estén relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Francia tiene un problema cuando dos de los cuatro últimos jefes de Estado han sufrido condenas. Una explicación puede ser la intoxicación del poder y un sistema, el de la V República, que debilita a los contrapoderes, dota al presidente de un aura casi monárquica y facilita conductas como las de Sarkozy. Pero este caso también demuestra que la República francesa dispone de los mecanismos para perseguir estas conductas hasta la más alta magistratura del Estado. Como indica el tribunal, nada hay más grave que sea el garante de la independencia judicial quien vulnere la ley, y nadie más que él debe dar ejemplo a la hora de cumplirla.