Poder Judicial: lealtad al sistema

El bloqueo a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sigue ahí y, no solo profundiza una crisis institucional que dura ya más de dos años, sino que ha provocado una serie de iniciativas que, con la voluntad de despejar el horizonte, podrían embrollar la salida de la crisis. En el último episodio de este inquietante pulso de poder, una mayoría de vocales del Consejo suscribió el jueves una declaración en la que acusa a la Mesa del Congreso —donde el PSOE y Unidas Podemos (UP) tienen mayoría— de atentar contra la separación de poderes al impedir que el Gobierno de los...

El bloqueo a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sigue ahí y, no solo profundiza una crisis institucional que dura ya más de dos años, sino que ha provocado una serie de iniciativas que, con la voluntad de despejar el horizonte, podrían embrollar la salida de la crisis. En el último episodio de este inquietante pulso de poder, una mayoría de vocales del Consejo suscribió el jueves una declaración en la que acusa a la Mesa del Congreso —donde el PSOE y Unidas Podemos (UP) tienen mayoría— de atentar contra la separación de poderes al impedir que el Gobierno de los jueces informe en sede parlamentaria sobre la proposición de ley impulsada por la coalición gubernamental que pretende limitar sus funciones durante los periodos de interinidad. Es importante subrayar que esa proposición de ley y la correspondiente denuncia no se hubieran producido nunca si el PP no mantuviera, incumpliendo las obligaciones que marca la Constitución, su rotunda negativa a renovar los vocales si UP participa de algún modo en el proceso. El origen del bochornoso enquistamiento del problema es ese, y el bloqueo ha forzado a Bruselas a poner la lupa en el funcionamiento de las instituciones en España.

A principios de diciembre, la Comisión Europea ya se refirió al proyecto de limitar las funciones de un Consejo interino y advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez que antes de emprender una reforma que afecta al sistema judicial hiciera las consultas que fueran necesarias con todos los actores relevantes, y también con la oposición y la Comisión de Venecia, el organismo encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en la Unión.

El primer paso que dieron PSOE y UP para romper la interinidad del Consejo fue presentar una proposición de ley que, entre otras cuestiones, tenía como objetivo que se renovaran los vocales con mayoría parlamentaria absoluta y no con la reforzada de tres quintos que rige actualmente. Ese proyecto era un error y fue criticado en Bruselas. Pedro Sánchez lo retiró con buen tino tras el discurso de Pablo Casado, durante la moción de censura que presentó Vox, que parecía abrir vías al entendimiento.

No lo hubo y la nueva proposición que presentaron PSOE y UP, al constatar que el PP se empecinaba en el bloqueo, tiene más recorrido porque apunta a la distorsión de que un Poder Judicial interino, y cuya mayoría no se ajusta a la composición actual del Parlamento, siga haciendo nombramientos estando en funciones. Este argumento tiene lógica, y otros poderes tienen límites marcados en situación de interinidad. Pero sí es cierto que sería oportuno proceder dando voz institucional a los distintos actores, como apuntó Bruselas. Existen para ello procedimientos tasados, que no necesariamente encajan con las pretensiones de la mayoría los miembros del actual Consejo.

Sin embargo, esto no puede desviar la atención del núcleo del problema, la obligación del PP de cumplir sus obligaciones constitucionales. El bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces es una pesadilla que levanta sospechas sobre las instituciones. Es una anomalía inaceptable que siga nombrando cargos como si nada ocurriera. El PP debería cambiar su posición.