Partitocracia en estado puro

Desde el verano, por lo menos, no se habla de otra cosa que de la imperiosa necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es cierto que es una irregularidad, su mandato de cinco años, establecido en la Constitución, terminó hace dos y sus miembros están prorrogados en el ejercicio de sus funciones — no caducados, como se suele decir — y pueden desempeñarlas con plenitud, no de forma limitada, como se les ha exigido desde el Gobierno en una interferencia clara en la independencia del Consejo.

Este asunto es noticia constante pero no otros nombramientos pendientes de...

Desde el verano, por lo menos, no se habla de otra cosa que de la imperiosa necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es cierto que es una irregularidad, su mandato de cinco años, establecido en la Constitución, terminó hace dos y sus miembros están prorrogados en el ejercicio de sus funciones — no caducados, como se suele decir — y pueden desempeñarlas con plenitud, no de forma limitada, como se les ha exigido desde el Gobierno en una interferencia clara en la independencia del Consejo.

Este asunto es noticia constante pero no otros nombramientos pendientes desde hace tiempo, como es el caso del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, y seguro que me olvido de alguno más, aunque no me olvido del que se habla: el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), quizás el de más interés político si no fuera por la sospecha de que las presiones sobre la renovación del CGPJ tiene mucho que ver con la situación de los líderes catalanes presos, sus condiciones carcelarias y el posible indulto.

El caso de RTVE es más que significativo. Fue una de las decisiones inmediatas del Gobierno Sánchez tras la moción de censura. En aplicación de una ley aprobada pocos meses antes se dictó un decreto-ley estableciendo un complicado sistema de elección que pretendía despolitizar el Consejo pero que tenía truco: las mayorías para acordar los nombramientos eran imposibles de alcanzar por la correlación de fuerzas de la Cámara y todo el procedimiento conducía a un administrador único provisional designado por el Gobierno.

Al mismo tiempo, se ponía en funcionamiento una Comisión de Expertos, presidida por el prestigioso periodista Diego Carcedo, que inmediatamente convocó un concurso, estudió meticulosamente los currículums presentados y emitió su calificación eligiendo a veinte entre los cien presentados, de los cuales los parlamentarios debían designar a diez. A fines de 2018 la resolución parecía inmediata.

Pues bien, todavía estamos como al principio, como en julio de 2018, en la provisionalidad, a pesar de las quejas de Rosa María Mateo, la administradora única, suplicando que se elija a un profesional independiente de prestigio. Pero en los últimos días la Mesa de la Comisión Parlamentaria (3 del PSOE y 2 del PP) ha adoptado una decisión escandalosa: no hacer caso de la selección del Comité de Expertos y poder escoger libremente entre los casi cien presentados. Un ejemplo más de partitocracia en estado puro.

Pienso en esto cuando por las noches escucho algunas veces el programa 24 Horas de RTVE. Antes era neutral y ahora es sectario: Xabier Fortes, su conductor, parece el delegado del Gobierno que impone la verdad y manda callar. Los dos años y medio de retraso se comprenden.