El coste oculto del presupuesto

España necesita nuevos presupuestos para luchar contra la grave recesión. También requiere estabilidad política para adoptar reformas clave. Debe volver al crecimiento sobre nuevas bases, ecológicas, digitales y de cohesión social, con ayuda de los fondos europeos. Los anunciados apoyos de PNV, ERC y Bildu a las cuentas para 2021 despejan el camino en esos sentidos. El proyecto que cobra forma —correcto por expansivo y por su impulso de protección social; discutible en aspectos de gasto clientelar o burocrático— sitúa al país en mejor posición que ayer en términos de recursos, y de su gestión....

España necesita nuevos presupuestos para luchar contra la grave recesión. También requiere estabilidad política para adoptar reformas clave. Debe volver al crecimiento sobre nuevas bases, ecológicas, digitales y de cohesión social, con ayuda de los fondos europeos. Los anunciados apoyos de PNV, ERC y Bildu a las cuentas para 2021 despejan el camino en esos sentidos. El proyecto que cobra forma —correcto por expansivo y por su impulso de protección social; discutible en aspectos de gasto clientelar o burocrático— sitúa al país en mejor posición que ayer en términos de recursos, y de su gestión. Pero tiene costes ocultos: proyecta al futuro los riesgos de la polarización en la política española. El objetivo del presupuesto y la estabilidad se logra a cambio de concesiones que, sin ser trascendentales en sí mismas, ahondan el abismo en el carril central del hemiciclo, el lugar necesario del consenso sobre las políticas de Estado y las reglas del juego.

De las cesiones del Gobierno a Esquerra no es cuestionable alargar el pago a los autónomos hasta marzo. El fin del control de los gastos de la Generalitat se conecta con cierta normalización tras la turbulenta etapa de Joaquim Torra, pero aconsejaría contrapartidas sobre la renuncia efectiva y rotunda a la actuación unilateral. Resulta rechazable, en cambio, la disposición del Gobierno a tratar de forma bilateral con ese partido la cuestión de la armonización de la fiscalidad autonómica. Puede haber argumentos sólidos para proceder a esa reforma, pero no los hay para abordarla de forma bilateral entre un Gobierno y un partido. Es cierto que una mesa de debate no compromete a nada, pero una vez más el mensaje que se envía resulta nítido y pernicioso para la arquitectura institucional. El asunto debería abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esta cesión, junto con el pacto de Podemos con Bildu y Esquerra para forzar al PSOE en el tema de los desahucios, proyecta una sombra preocupante sobre la gobernanza en España. El eje Podemos, Esquerra y Bildu cimienta una alianza sobre un proyecto desarticulado de país que los socialistas no pueden ni deben avalar. Tratar de desinflamar conflictos largamente enquistados es positivo. Pero hacerlo a costa de dinamitar el diálogo con la otra mitad del espectro político no lo es. El coste de hacerlo será mayor a largo plazo, en términos de gobernanza y estabilidad institucional. Mientras, resulta evidente que estas tres formaciones se han apresurado a avalar el presupuesto, con la gesticulación adecuada, para cerrar el paso a cualquier pacto con Ciudadanos. Su deseo —y el gran riesgo de fondo para el conjunto del país— es que los Presupuestos consoliden esa geometría política, haciendo imposible cualquier otra.

Pese a ello, el primer tramo de enmiendas ha sugerido que la mejora del proyecto de presupuesto y la ampliación de alianzas es posible. Ahí está la que aplaza el impuesto al diésel (promovida por el PNV) y la que implanta la tarjeta sanitaria única (por Cs). El PSOE debería insistir en esa vía: la que entiende el presupuesto como un documento abierto, susceptible de mejoras ahora en las enmiendas y después, en su ejecución. En el otro lado de la ecuación, igualmente, Cs no debería rendirse en su apuesta por el diálogo. De momento sigue en la mesa. Es improbable que acabe dando su apoyo, pero ya ha marcado el presupuesto y puede influir todavía más.

Esa dinámica constructiva por ambas partes debe seguir en el interés de la colectividad. La coalición PSOE-Podemos es legítima y sus planes de política social pueden ser coherentes. Pero no dispone de la visión compartida y la fuerza suficiente para un proyecto de país. La cooperación con ERC y Bildu no puede vertebrar ese proyecto. En consensos de Estado debe también acometer su parte el PP: puede entenderse que quiera ser alternativa en materia presupuestaria. Pero en lo demás es hora de que sustancie el giro anunciado y abandone la oposición destructiva que ha practicado desde que perdió el poder.