Una ‘papa’ caliente

El principio jurídico in dubio pro reo también goza de rango constitucional en México, cuyo Tribunal Supremo estableció que cuando se imputa al justiciable, eventualmente el general Salvador Cienfuegos, la comisión de un delito, narcotráfico y lavado de dinero, no corresponde a este la carga probatoria de su inocencia: es el Estado quien debe acreditar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad criminal del imputado. En la hermenéutica de la norma, si los elementos aportados por la parte acusadora, Estados Unidos, no resultaran suficientes para acreditar la culpabilidad...

El principio jurídico in dubio pro reo también goza de rango constitucional en México, cuyo Tribunal Supremo estableció que cuando se imputa al justiciable, eventualmente el general Salvador Cienfuegos, la comisión de un delito, narcotráfico y lavado de dinero, no corresponde a este la carga probatoria de su inocencia: es el Estado quien debe acreditar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad criminal del imputado. En la hermenéutica de la norma, si los elementos aportados por la parte acusadora, Estados Unidos, no resultaran suficientes para acreditar la culpabilidad, la absolución es obligada y permanente. Nada que objetar a las garantías procesales, salvo que el poder judicial mexicano es un fiasco.

En el marco del desolador naufragio de los derechos humanos, con matanzas y fechorías sin persecución ni castigo, el Estado afronta el reto de demostrar que la Fiscalía General de la República y los agentes del ministerio público serán capaces de investigar y juzgar, si procede, al exministro de Defensa entregado por EE UU con un dosier de 743 páginas y miles de mensajes telefónicos y datos que documentan sus servicios al hampa. No obstante, las pruebas de la DEA no son palabra de Dios, pues frecuentemente son obtenidas mediante la manipulación de testigos, amenazas y sobornos. Aunque la agencia antidrogas viole soberanías y competencias en las naciones que lo toleran, se equivoca muchísimo menos que las fiscalías federales, y policías adscritas, de México, donde el derrotismo reclama la horca mientras el ahorcado no demuestre su inocencia. Si nos atenemos al 95% de impunidad en la impartición de justicia, cabe suponer que se apliquen al incriminado general la opacidad, razones de Estado y jurisprudencia inducidas por el Gobierno y el Ejército; en último caso, los derechos de la locución latina.

Pero el carpetazo, la invalidación de la carga probatoria del Departamento de Justicia sería suicida, pues evidenciaría el porqué de la desconfianza de Estados Unidos en la decencia del vecino. El hombre arrestado en Los Ángeles es pieza mayor: atesora información sobre logística militar que afecta a la seguridad nacional, y su testimonio comprometería a políticos, funcionarios, compañeros de armas y generales del alto mando de la Defensa que trabajaron con él o a sus órdenes. Sospechoso desde sus años de comandante de la novena región, resulta escandaloso que El Padrino llegara a ministro sin una reválida de probidad. Su entrega libre de cargos retribuye la tardanza del presidente López Obrador en felicitar a Biden, y su presión sobre la Casa Blanca aprovechando la chaladura del inquilino saliente y la baza de la imprescindible colaboración de México contra el narcotráfico, el terrorismo y la porosidad fronteriza. Reclamar transparencia en la investigación del jefe militar es pedir peras al olmo, pero si sirve para desmantelar mafias castrenses habrá merecido la pena.