Paso necesario

El Gobierno ha decidido decretar de nuevo el estado de alarma para frenar la expansión del virus en España. Se trata de una decisión acertada, a la vista de la inquietante evolución de los datos sobre la pandemia y la consiguiente necesidad de adoptar medidas restrictivas de la libertad para reducir los contagios. El estado de alarma es el paraguas legal que ofrece la Constitución para situaciones de este tipo y permitirá aplicar con seguridad jurídica las medidas requeridas. Es, por lo tanto, un paso idóneo y necesario. En paralelo, también parece razonable la intención del Gobierno de obtene...

El Gobierno ha decidido decretar de nuevo el estado de alarma para frenar la expansión del virus en España. Se trata de una decisión acertada, a la vista de la inquietante evolución de los datos sobre la pandemia y la consiguiente necesidad de adoptar medidas restrictivas de la libertad para reducir los contagios. El estado de alarma es el paraguas legal que ofrece la Constitución para situaciones de este tipo y permitirá aplicar con seguridad jurídica las medidas requeridas. Es, por lo tanto, un paso idóneo y necesario. En paralelo, también parece razonable la intención del Gobierno de obtener una amplia reválida —hasta mayo— cuando expire el próximo 9 de noviembre la validez del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. La Constitución establece que el Ejecutivo puede activar el estado de alarma durante un máximo de 15 días, y la eventual prórroga requiere la autorización del Congreso. Resulta lógico intentar evitar el calvario de negociaciones para renovaciones quincenales que se produjo en la primera ola.

Por otra parte, el Ejecutivo ha perfilado en su declaración algunas disposiciones dirigidas a facilitar el consenso tanto en el arco parlamentario como a escala territorial, lo cual es un gesto apreciable para favorecer la tan importante unidad política en el combate contra el virus. El decreto prevé un confinamiento nocturno desde las 23.00 hasta las 6.00 (salvo en Canarias). Es esta la medida ejecutiva central adoptada por el Gobierno, con la intención de limitar las interacciones sociales que son fuente importante de la expansión del virus. Y ya en este primer apartado, el Ejecutivo tiende la mano a las comunidades autónomas con la posibilidad de adelantar o retrasar una hora su aplicación, en un claro gesto hacia las reticencias de Gobiernos autonómicos como el de Madrid. Una restricción a la movilidad a partir de la medianoche tendría un efecto muy limitado y sería por tanto una medida insatisfactoria. Pero la importancia de un amplio consenso político es tal, que esta concesión debe aceptarse en aras de un respaldo amplio a la totalidad de la iniciativa.

También parece adecuado que el decreto no concentre la capacidad de decisión en un órgano centralizado dependiente del Gobierno y otorgue por tanto una amplia capacidad a las autonomías y al Consejo Interterritorial de Salud. El decreto prevé, entre otras cosas, la posibilidad de limitar la movilidad entre regiones, pero deja a las mismas la competencia para activar la medida. La misma flexibilidad se establece para otras posibles acciones de combate contra el virus.

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez puede y debe ser criticada. Los malos datos registrados en España tanto en la primera como en la segunda oleada son, en buena medida, su responsabilidad. Pero, en una situación como la actual, la activación del estado de alarma tal y como se plantea es una medida lógica, necesaria y absolutamente constitucional. La utilización de esquemas similares no es ni tan siquiera objeto de debate en otros importantes países europeos. Es de esperar que las fuerzas políticas, y en especial el principal partido de la oposición, la apoyen en una necesaria muestra de unidad. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, tiene ahora la oportunidad de demostrar que los votos de moderación y centrismo que exhibió en la moción de censura impulsada por Vox son un proyecto político real y no una pirueta táctica más.