Unir fuerzas

El lema elegido por el Gobierno para su regreso a la actividad política, “salimos más fuertes”, no casa bien con la delicada situación que atraviesa el país. Es el que tiene las peores cifras de contagios de la covid-19 en Europa, el golpe económico al turismo ha sido este verano mucho mayor del previsto, la vuelta al colegio está llena de roces e incertidumbres, la crisis institucional sigue enquistada, al socio de Gobierno se le acumulan problemas judiciales y Vox ha anunciado una moción de censura. El presidente Pedro Sánchez reconoció ayer, tras el primer Consejo de Ministros, que la situa...

El lema elegido por el Gobierno para su regreso a la actividad política, “salimos más fuertes”, no casa bien con la delicada situación que atraviesa el país. Es el que tiene las peores cifras de contagios de la covid-19 en Europa, el golpe económico al turismo ha sido este verano mucho mayor del previsto, la vuelta al colegio está llena de roces e incertidumbres, la crisis institucional sigue enquistada, al socio de Gobierno se le acumulan problemas judiciales y Vox ha anunciado una moción de censura. El presidente Pedro Sánchez reconoció ayer, tras el primer Consejo de Ministros, que la situación es preocupante, y estableció una hoja de ruta para recuperar el empuje en la batalla contra las diferentes crisis: sanitaria, económica, social y política. Defendió la unidad y la serenidad como las mejores armas para tan arduo desafío y afirmó que no estamos tan mal como en marzo, lo que no es ningún consuelo para una ciudadanía que no termina de ver despejado el horizonte próximo.

Sánchez volvió a defender el Estado de las autonomías, y la responsabilidad que tienen las comunidades en la gestión de la sanidad y la enseñanza, y anunció de paso una serie de medidas con las que el Gobierno pretende apoyarlas para reforzar la lucha contra la pandemia: 2.000 rastreadores formados en el Ejército, la generalización de medios digitales como la aplicación Radar Covid y la disponibilidad de utilizar un instrumento como el estado de alarma que limita derechos fundamentales —desarrollada en una ley de 1981—. La iniciativa, positiva en cualquier caso, llega con demora cuando desde hace semanas muchas comunidades se han sentido desamparadas por no tener a mano recursos como estos que podrían haberse consensuado antes del final del confinamiento. Cierto es que la lucha partidista ha debilitado la determinación con que se debía haber operado frente a los rebrotes, y que algunas comunidades que reclamaban más competencias —como Madrid o Cataluña— no han sabido utilizarlas cuando disponían de ellas, pero también es verdad que la falta de una coordinación fluida ha sido lacerante y que, a ratos, se ha impuesto la impresión de que el Gobierno simplemente les había trasladado todas las iniciativas para resolver un problema de una enorme complejidad.

El presidente se presentó con un mensaje rotundo y que no admite componendas. No hay lugar para partidismo alguno ni para cualquier énfasis en materia de competencias cuando se trata de derrotar al virus; no hay otra que buscar acuerdos para salir de la gravísima situación que atraviesa el país. Con demasiada frecuencia, el Gobierno no contempla problemas —como la imprecisión jurídica que algunos juristas achacan a los recursos legales para decretar el estado de alarma— que luego pueden tener un recorrido controvertido y polémico, y otras veces peca de no concretar los detalles de propuestas que exigen precisión y desarrollo. Su oportuna llamada a la unidad, ante un PP que lejos de asumir sus responsabilidades lo acusó de dejación de funciones, necesita del infatigable trabajo de tejer complicidades con otras Administraciones y otros partidos que no comparten el mismo repertorio de soluciones. Es sin duda el camino, pero será poco efectivo si los compromisos conseguidos no son firmes y decididos, como se dejó entrever ayer con las críticas de Podemos, su socio de Gobierno, a la falta de liderazgo de la ministra socialista de Educación.