Torra, totalitario

Quien lo ha dicho con meridiana claridad ha sido el republicano Ernest Maragall: el president Quim Torra es responsable de “romper la regla de oro democrática de distinción absoluta entre el Ejecutivo y el Legislativo”. No critica una mera presión simbólica sobre otro poder constitucional, como los rodeos de las sedes de los tribunales. No. Desacredita una injerencia mucho más directa, concreta y amenazante contra la división de poderes.

El secretario del Parlament, Xavier Muro, publicó en el Boletín Oficial las resoluciones antimonárquicas del último pleno recortando sus pasajes...

Quien lo ha dicho con meridiana claridad ha sido el republicano Ernest Maragall: el president Quim Torra es responsable de “romper la regla de oro democrática de distinción absoluta entre el Ejecutivo y el Legislativo”. No critica una mera presión simbólica sobre otro poder constitucional, como los rodeos de las sedes de los tribunales. No. Desacredita una injerencia mucho más directa, concreta y amenazante contra la división de poderes.

El secretario del Parlament, Xavier Muro, publicó en el Boletín Oficial las resoluciones antimonárquicas del último pleno recortando sus pasajes claramente anticonstitucionales. Trataba de preservar así la legalidad de la actuación de la Cámara. Y de salvar su propia piel, dadas las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional de que actuaría.

Torra le apretó asegurando que “tiene el deber de obedecer al pleno”. Y si no lo hace, el presidente del Parlament “tiene el deber de cesarlo y asumir él mismo y la Mesa la responsabilidad de publicar la resolución”. Así que Torra incita inequívocamente a los demás a delinquir, quizá porque no quiera quedarse solo en la condena inhabilitadora que a buen seguro le recaerá por desobediencia, tras violar con pancartas partidistas la neutralidad de los edificios públicos.

Su ilegal golpe al Legislativo completa el círculo iniciado en la desahuciada “ley de transitoriedad y fundacional de la república”, de 7 de septiembre de 2017, por la que su presidente nombraría, directamente o a través de una comisión mixta en la que dispondría de mayoría, todos los cargos judiciales. Y se festonea de continuas rebeldías contra organismos de control propios de la Generalitat, como el caso omiso al Consell de Garanties (una suerte de tribunal constitucional autonómico): la última, a su dictamen del 6 de agosto contra el decreto que limita los alquileres invadiendo competencias estatales.

Violar la independencia del poder Legislativo y anular al Judicial es lo propio de las dictaduras. Peor: “Este estado permanente de ilegalidad” trasluce un modo dictatorial preciso, la pulsión hacia un Estado totalitario. En ciertos casos se tradujo en que “ya no se hacían públicos” los reglamentos: “Los movimientos totalitarios han demostrado una y otra vez que pueden exigir la misma lealtad en la vida y en la muerte que ha sido la prerrogativa de las sociedades secretas y conspirativas”, escribió Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Ese retrato.