Romper corsés

El borrador del nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) elaborado por el Ministerio de Universidades ha generado una comprensible inquietud entre los profesores a los que trata de proteger. Son miles de ellos los que se encuentran en situación precaria por la falta de concreción de las vías de regularización. El texto que se ha conocido introduce importantes novedades en la carrera docente que tienen que ser consideradas como un punto de partida para su discusión en el proceso de consulta que debe hacerse, y cabe esperar que tras el debate puedan subsanarse algunas contradicci...

El borrador del nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) elaborado por el Ministerio de Universidades ha generado una comprensible inquietud entre los profesores a los que trata de proteger. Son miles de ellos los que se encuentran en situación precaria por la falta de concreción de las vías de regularización. El texto que se ha conocido introduce importantes novedades en la carrera docente que tienen que ser consideradas como un punto de partida para su discusión en el proceso de consulta que debe hacerse, y cabe esperar que tras el debate puedan subsanarse algunas contradicciones y carencias que se observan.

La principal es que, si bien su propósito es acabar con la explotación y precariedad de los profesores asociados, no prevé un mecanismo claro de rescate de los profesionales que, por una perversión del sistema, ocupan plazas estructurales. Los recortes impuestos a partir de 2012 por la crisis económica y la drástica limitación de la contratación, con una tasa de reposición de apenas el 10% anual, llevó a muchas universidades a utilizar la figura del profesor asociado para suplir la falta de docentes. Esta figura se introdujo en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para que figuras de prestigio pudieran aportar su experiencia a la Universidad, pero en la práctica se ha convertido en una puerta falsa por la que acceden a la docencia los doctores aspirantes de las propias universidades. En muchos casos, se les invita a darse de alta como autónomos para justificar una actividad externa. Ahora hay 33.954 profesores contratados como asociados, el 34,1% de los docentes de las universidades públicas. Como ocurrió con los profesores no numerarios (PNN) en la Transición, cualquier reforma duradera y justa debe contemplar una solución para la continuidad de los docentes que lo merezcan en las nuevas formas de contratación.

Este problema no debe monopolizar, sin embargo, el debate sobre el resto de propuestas del borrador, algunas de gran calado, que pretenden incidir sobre dos de los problemas congénitos de la Universidad pública española: la endogamia y el exceso de burocracia. El borrador contempla una doble vía de acceso a la docencia, una de funcionario y otra de contratación laboral indefinida, que permitiría la progresiva sustitución del actual esquema funcionarial hasta un cierto límite, pero no aclara quién tendrá la facultad de determinar qué plazas se asignan a una u otra vía.

Sería bueno encontrar alternativas que rompan los corsés que impiden la movilidad y la renovación del cuerpo docente, además de rescatar el talento joven que ha tenido que emigrar. Desde esta perspectiva, es positivo que se prevea un contrato especial para profesores extranjeros y que se exija haber estado en otra institución diferente de la que se ha obtenido el doctorado para acceder a una plaza permanente. Pero esta apertura no debe ser en ningún caso a costa de la seguridad. La carrera docente ha de ser previsible, transparente y justa en la valoración de los méritos.