Columna

Patriotas corruptos

Laura Borràs, con desparpajo, se defiende alegando que es “víctima de una persecución política”

La diputada de JxCat, Laura Borràs, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados.Kiko Huesca (EFE)

La portavoz convergente en el Congreso, Laura Borràs, pretende una patente de corso personal para no ser juzgada como presunta corrupta. El Supremo envió el suplicatorio para juzgarla por malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Todo a cuenta de unos contratitos que firmó en favor de un amigo, con el truco de trocear la cuantía deseada en varias menores para evitar el cedazo de la prescriptiva licitación. Lo de siempre.

Con desparpajo se defiende alegando que es “víctima de una persecución política”, en el más puro estilo de aquella jaculatoria: ...

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La portavoz convergente en el Congreso, Laura Borràs, pretende una patente de corso personal para no ser juzgada como presunta corrupta. El Supremo envió el suplicatorio para juzgarla por malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Todo a cuenta de unos contratitos que firmó en favor de un amigo, con el truco de trocear la cuantía deseada en varias menores para evitar el cedazo de la prescriptiva licitación. Lo de siempre.

Con desparpajo se defiende alegando que es “víctima de una persecución política”, en el más puro estilo de aquella jaculatoria: ”El govern central ha fet una jugada indigna! I, a partir d’ara, quan algú parli d'ètica, de moral i joc net, en parlarem nosaltres”, que dijo Jordi Pujol el 30 de mayo de 1984, refiriéndose a la querella fiscal por el caso Banca Catalana. Ética certificada por él mismo 30 años y 25 días después, cuando confesó en público que era un evasor fiscal, motivo por el que el Parlament acaba de reclamarle que devuelva los impuestos impagados.

El mimético patriotismo amante del billetero ajeno ya tiene, pues, escaso recorrido. Sobre todo si aviva la memoria, pues coincide con la ejecución de la sentencia del caso Palau, un saqueo multimillonario de fondos públicos que benefició a Convergència; con la disolución jurídica del partido, insolvente —tras ser vaciado— para pagar el dinero debido; o con la reclamación por Esquerra de que TV-3 divulgue los casos catalanes de corrupción en vez de intentar blanquear la trayectoria nonagenaria del fundador del partido de Borràs.

Esta diputada adereza el argumento victimista con la argucia, dedicada a presionar a Esquerra, de que no votar en el próximo pleno del Congreso —se ausentó en comisión— contra el suplicatorio equivaldría a “blanquear al Tribunal Supremo” (sic), formulación enfermiza en la mediocre tradición de inventarse un enemigo externo como coartada de los pecados propios.

Aunque parezca increíble, este truco mágico funciona. Así que ERC se apesadumbra y compunge por la pinza entre aparecer como saboteadora de (lo que quede en) la quebrada unidad indepe o como campeona de la lucha contra la corrupción, en la que exhibe las manos muy limpias.

Su dilema es más serio. Entre seguir autoesclavizada como masovera de la corrupta derecha nacionalista echada al monte, o recuperar el ideal federalista que fue su principal seña de identidad histórica: aunque algunos de sus dirigentes lo ignoren.

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