Salida pactada

El plan de inversiones que prepara el Gobierno para afrontar la reconstrucción de la economía tiene una importancia capital más allá de lo que representa su cuantía. Movilizar 150.000 millones de euros en dos años, con la posibilidad de inducir otros 500.000 millones, implica una capacidad de gestión y de coordinación entre las Administraciones públicas que, como poco, será puesta a prueba cuando se active el programa. No es evidente que un plan tan ambicioso pueda ejecutarse con éxito si se enconan las diferencias internas en el Gobierno de coalición o si se mantiene la actitud obstruccionist...

El plan de inversiones que prepara el Gobierno para afrontar la reconstrucción de la economía tiene una importancia capital más allá de lo que representa su cuantía. Movilizar 150.000 millones de euros en dos años, con la posibilidad de inducir otros 500.000 millones, implica una capacidad de gestión y de coordinación entre las Administraciones públicas que, como poco, será puesta a prueba cuando se active el programa. No es evidente que un plan tan ambicioso pueda ejecutarse con éxito si se enconan las diferencias internas en el Gobierno de coalición o si se mantiene la actitud obstruccionista del PP, cuyos representantes europeos no han tenido empacho en solicitar un control más estricto de las ayudas a España. Pero la idea debe ser recibida con satisfacción. Es mejor contar con un despliegue de recursos e iniciativas que sentarse a esperar confiando en una recuperación automática.

El programa, todavía impreciso, es un conjunto de enunciados en los que hay que profundizar para mejorar la estructura de la economía después de la pandemia. La condición fundamental del programa es que no se trata, como en 2012, de salir de una recesión grave aplicando la receta de los ajustes de gasto público y de renta (toda Europa parece haber aprendido de la experiencia de la Gran Recesión, excepto algunos gurús excéntricos que siguen clamando por la austeridad), sino aportando inversión nueva en sostener el entramado empresarial, mejorar los modos de producción, introducir la tecnología como factor de impulso de la productividad y sostener la protección social necesaria para no aumentar la pobreza y la desigualdad.

Es evidente que hay que poner en marcha un plan específico para la industria del automóvil, pero debería relacionarse con la transición paulatina de la producción de vehículos convencionales al coche eléctrico u otros menos contaminantes. Por supuesto que hay que apoyar la industria turística, pero de lo que se trata es de impulsar un cambio en el modelo del turismo que accede al país. Desde luego que hay que invertir en innovación tecnológica, por la conectividad 5G, por el plan de transición energética y por un plan industrial a medio plazo.

Un programa de reconstrucción necesita un soporte de reformas y cambios legales; sin esa red solo es un parche. La reforma del sistema de pensiones es crucial para sostener la credibilidad institucional y la confianza de los ciudadanos; está pendiente una reforma fiscal que estabilice los ingresos públicos, que debería incluir un plan para reducir al mínimo el fraude fiscal; se impone un nuevo Estatuto de los Trabajadores, entre otras cosas para acabar con el debate estéril sobre si hay que liquidar total o parcialmente la legalidad laboral vigente, y hay que reformar los mercados de bienes y servicios, algo de lo que se suelen olvidar los defensores de las reformas estructurales.

Es una tarea ingente. Parte de ella se refiere a los problemas inmediatos y puede ejecutarse en una legislatura, pero en conjunto requiere de dos o más. Por eso resulta necesario un pacto político que vaya más allá de los Presupuestos de 2020, en línea con la propuesta del gobernador del Banco de España y con la posición de los empresarios.