Ortega, responsable

La intervención del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense —que ha resultado fundamental a la hora de averiguar el destino de los desaparecidos de la dictadura argentina— ha aportado importantes pruebas sobre la responsabilidad directa del Gobierno de Nicaragua en la violenta represión del régimen de Daniel Ortega contra las protestas opositoras de 2018, que se saldaron con 328 muertos y más de 88.000 exiliados. Se trata de una información contrastada que viene a respaldar al equipo encargado del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —expulsado de Managua en 2018— ...

La intervención del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense —que ha resultado fundamental a la hora de averiguar el destino de los desaparecidos de la dictadura argentina— ha aportado importantes pruebas sobre la responsabilidad directa del Gobierno de Nicaragua en la violenta represión del régimen de Daniel Ortega contra las protestas opositoras de 2018, que se saldaron con 328 muertos y más de 88.000 exiliados. Se trata de una información contrastada que viene a respaldar al equipo encargado del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —expulsado de Managua en 2018— que concluyó que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Las protestas contra el régimen iniciadas en 2018 agruparon a numerosos sectores de toda la sociedad nicaragüense, desde estudiantes, funcionarios y campesinos hasta colectivos feministas. En su represión, entre otros hechos, el régimen empleó a grupos paramilitares, cortó la señal de los canales de televisión que informaban de los disturbios, realizó detenciones ilegales, utilizó efectivos militares para atacar emisoras de radio y ocupar y cerrar medios opositores, allanó iglesias donde se vertían opiniones contra Daniel Ortega y su pareja y vicepresidenta de la república, Rosario Murillo, y envió a sus simpatizantes a reventar el funeral de Ernesto Cardenal, héroe de la revolución sandinista muy crítico con la deriva autoritaria de Ortega. Las miles de imágenes y audios estudiados por el equipo argentino muestran la responsabilidad del aparato del Estado en la sangrienta represión.

Nicaragua vive una grave crisis social e institucional fruto directo de la gestión clientelista de un Ortega situado en los últimos años en las antípodas de aquel guerrillero que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza. El presidente asegura que desde 2018 es víctima de un intento de golpe de Estado, mientras la oposición denuncia, entre otras cosas, la existencia de presos políticos. El mandatario se ha negado sistemáticamente a adelantar las elecciones presidenciales —previstas para el año próximo— como le han reclamado múltiples estamentos de la sociedad nicaragüense y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos.

A esta situación se ha sumado el desastroso manejo de la pandemia de la covid-19. En vez de adoptar una actitud cuando menos prudente, el régimen ha ridiculizado sistemáticamente a quienes advertían de su peligro y la televisión oficialista ha lanzado constantes consignas negando su gravedad. Solo cuando los contagios han sido tan extensos que han alcanzado a destacadas figuras del sandinismo, el régimen ha comenzado a tomar medidas, pero ocultando las cifras. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que el número de muertos es 21 veces mayor del que aseguran las cifras oficiales.