Una propuesta de pacto para el estado de alarma

La sexta prórroga del estado de alarma sigue la línea de polémica de las dos anteriores. En ellas me pareció claro que el mantenimiento del estado de alarma era la solución jurídicamente correcta. Sin embargo, en esta sexta estoy confuso y no sé muy bien si estoy a favor o en contra. Me siento como aquel alcalde de la Transición que decía “no sé si ya soy de los nuestros”. Mi duda surge por las “importantes modificaciones” que nos dice el Gobierno que podría tener el nuevo período de alarma; en especial, no veo claro que sea posible delegar en el ministro de Sanidad la competencia para determi...

La sexta prórroga del estado de alarma sigue la línea de polémica de las dos anteriores. En ellas me pareció claro que el mantenimiento del estado de alarma era la solución jurídicamente correcta. Sin embargo, en esta sexta estoy confuso y no sé muy bien si estoy a favor o en contra. Me siento como aquel alcalde de la Transición que decía “no sé si ya soy de los nuestros”. Mi duda surge por las “importantes modificaciones” que nos dice el Gobierno que podría tener el nuevo período de alarma; en especial, no veo claro que sea posible delegar en el ministro de Sanidad la competencia para determinar que “unos territorios salgan antes que otros de la alarma por la evolución que tengan" y se me escapan las ventajas del estado de alarma sobre la legislación ordinaria (en primer lugar, la Ley Orgánica 4/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública) para permitir que las Comunidades Autónomas tengan “manos libres” para marcar los ritmos de la desescalada.

Pregunto a mi entorno de juristas, indago en páginas web especializadas y observo esa misma perplejidad; si acaso, veo que las personas que ideológicamente se sienten identificadas con el Gobierno consideran que el estado de alarma es esencial para defender el derecho a la vida y a la salud, mientras que los identificados con la oposición andan preocupados por la libertad y recelan de una nueva prórroga, considerando que la legislación ordinaria puede servir igual de bien para luchar contra la pandemia de la covid-19. Le doy vueltas y no acabo de llegar a ninguna conclusión porque el problema se parece a aquel acertijo de los estoicos que en la asignatura de Filosofía nos explicaban a los que estudiamos el Bachillerato de seis años, allá por el Pleistoceno de la década de 1970: si a una persona se le cae el cabello pelo a pelo ¿en qué momento diremos que está calvo? Eubúlides de Mileto llamó a este problema la paradoja de sorites (de montón, en griego): ¿cuántos árboles hacen falta para hablar de bosque? ¿Ovejas para hablar de rebaño? ¿Y granos para hablar de montón? Ahora podríamos añadir: ¿cuántas medidas especiales hacen falta para hablar de estado de alarma?

Lamentablemente, en el Congreso de los Diputados no hay forma de resolver esta pregunta de manera objetiva y vemos cómo los grupos políticos van prefijando sus posiciones antes de oír al Gobierno, que se lanza a buscar apoyos para lograr los suficientes votos que le permitan prorrogarlo. Quizás el problema pudiera resolverse si se planteara en otros términos distintos al de la dicotomía prórroga sí (PSOE, UP), prórroga no (PP, Vox) que hoy por hoy divide irreversiblemente a los grandes partidos, a pesar de que todos hacen votos sinceros por el pacto. Y pese a que han creado de común acuerdo una comisión de reconstrucción en el Congreso, que solo se entiende como un lugar de encuentro para un gran pacto nacional para salir de la crisis porque para realizar una política ordinaria de mayoría/minoría ya existen todas las demás comisiones.

Si eso es así, si hay una verdadera voluntad de consenso, sobre todo de los dos grandes, PSOE y PP, se me ocurre un procedimiento distinto al debate y confrontación en el pleno del Congreso, donde las posiciones son inamovibles, porque —en palabras de Churchill— "muchos discursos me han hecho cambiar de opinión, pero ninguno de voto”. Mi propuesta es la siguiente: que el PSOE —y todos los que quieran unírsele— pongan por escrito sus razones para prorrogar el estado de alarma y el PP —y los demás que quieran— pongan por escrito las suyas para no prorrogarlo y aplicar la legislación ordinaria y se las presenten a un órgano imparcial para que decida con criterios técnico-jurídicos la solución más adecuada; con el lógico compromiso de aceptar el arbitraje. Eso sería una gran prueba de estar dispuestos a llegar a pactos por el bien de España, arrinconando los intereses partidarios.

En mi opinión, esa función de árbitro la podría hacer con gran nivel técnico el Consejo de Estado; pero lo mismo —en virtud de la adscripción socialista de su presidenta— el PP no lo ve adecuado. Podemos imaginar otro sistema. Por ejemplo, busquemos tres árbitros dentro de un colectivo de juristas de reconocido prestigio como son los magistrados eméritos del Tribunal Constitucional, la mayoría de ellos lejos de la política cotidiana y todos de gran altura jurídica e intelectual. El PSOE elegiría a uno, el PP a otro y entre los dos al presidente, o si no fuera posible, por sorteo, usando así una técnica de la democracia ateniense. Claro que lo mismo mi propuesta les parece a los dos partidos políticos tan desfasada como el kleroterion, la máquina que aseguraba en Atenas la igualdad de los ciudadanos, y prefieren seguir discutiendo y discutiendo sin ponerse de acuerdo. Entonces, la alternativa puede ser bastante preocupante: corremos el riesgo de prorrogar el estado de alarma o no dependiendo de pactos cuyos contenidos poco tienen que ver con la lucha contra el coronavirus.