Delincuencias y ocupaciones territoriales

En las muchas y variadas discusiones sobre la seguridad pública en México es cada vez más frecuente considerar la ocupación del territorio nacional por parte de las delincuencias. Desde diversos ángulos y con distintos propósitos se comunica que ciertos porcentajes de nuestro territorio están dominados por un cártel o grupo delictivo. Así, por ejemplo, en 2023, el diario El Universal reportó que el 75% del espacio —equivalente al...

En las muchas y variadas discusiones sobre la seguridad pública en México es cada vez más frecuente considerar la ocupación del territorio nacional por parte de las delincuencias. Desde diversos ángulos y con distintos propósitos se comunica que ciertos porcentajes de nuestro territorio están dominados por un cártel o grupo delictivo. Así, por ejemplo, en 2023, el diario El Universal reportó que el 75% del espacio —equivalente al 48% de los municipios— habían registrado actividades de al menos un cártel, banda criminal o célula delictiva, mientras que para el mismo año AC Consultores estimó esa presencia en el 81% del territorio y el 60% de los municipios. Estos datos contrastan con los que en 2021 reportó US Northcom, y en 2018 la CIA, en el sentido de que la ocupación era, respectivamente, del 30% y del 20% de nuestro espacio físico.

La primera cuestión que estas mediciones evidencian es, como se dijo, la extensión misma de los fenómenos delictivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Considerando números absolutos o relativos, comparaciones o tendencias, lo cierto es que la presencia criminal dejó de ser un fenómeno adscribible de manera pintoresca o estigmatizante a ciertas entidades o regiones del país. Hoy en día es difícil suponer la existencia de zonas libres de las actividades criminales. Este punto plantea la verdadera cuestión acerca de lo que, efectivamente, deba considerarse como ocupación territorial por parte de las delincuencias.

Si se recurre a las analogías militaristas tan comúnmente utilizadas para entender y combatir a las delincuencias, de inmediato se evocan las condiciones de completa y total ocupación por parte de las fuerzas armadas de un país. A partir de ahí podría suponerse que prácticamente la totalidad de los fenómenos sociales generados en ese espacio estarían regulados por las normas emitidas por los ocupantes. Si, por ejemplo, se tomaran los casos bien conocidos de las dos guerras mundiales, podría suponerse que los habitantes de una zona del país caracterizada como ocupada, habrían de actuar en todo tiempo y lugar conforme a lo que los capos y sus agentes determinaran cotidianamente, a semejanza de lo que sucedió con la ocupación francesa o polaca. Esta imagen militarista no se corresponde, sin embargo, con lo que acontece en las zonas de nuestro país que se han considerado ocupadas.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ocupación delictiva del territorio mexicano? En primer lugar, a una diversidad de presencias e intensidades. Desde luego es posible advertir que en aquellos lugares en donde actúa la delincuencia existen desde cobros de piso paralelos a la acción estatal, hasta normas de conducta impuestas por el crimen e internalizadas por la correspondiente población. Puede existir, en efecto, un estado de cosas en el que las personas realicen la mayor parte de sus actividades cotidianas conforme a las normas estatales, con independencia de que una porción de ellas se ajuste a las prescripciones y coactividades criminales. Asimismo, es factible considerar que en otras zonas tenidas también como de ocupación, un conjunto mayor de actividades cotidianas estén reguladas por los mandatos delictivos.

De esta manera, el uso de la expresión “territorios ocupados” u “ocupaciones territoriales” termina deformando la comprensión de lo que actualmente sucede en el país. O se asume que, como en la guerra, la presencia es total y las condiciones de dominación son de tal manera imperantes que el restablecimiento de la normalidad implica la completa derrota o el total exterminio de las fuerzas de ocupación, o se asume que la misma es tan granular y especifica, que las poblaciones deben resignarse a vivir con ella.

Los extremos del exterminio o de la trivialización a que conducen las evocaciones de la ocupación impiden comprender las muchas y diferenciadas prácticas criminales presentes en la vida cotidiana de muchas personas. La ocupación territorial no significa –al menos hasta ahora— que todas y cada una de las actividades de la totalidad de la población estén reguladas por las normas y prácticas de los órdenes normativos delincuenciales. Aún en los casos en donde la presencia de la delincuencia y de sus grupos armados es muy grande, las personas mantienen comportamientos igualmente cotidianos basados en las normas estatales. Las personas compran, venden, se registran, pagan impuestos o denuncian delitos cometidos en su contra, más allá de que los criminales les impongan, simultáneamente, ciertas prácticas mediante el uso de su propia coacción.

La ocupación territorial es en realidad un plural lleno de matices, cambios y ajustes, dadas las muchas dinámicas que la atraviesan. Lejos de poderse postular un solo modo de ser o de estar, es necesario identificar matices. Lo que las expresiones “territorios ocupados” u “ocupaciones territoriales” debieran significarnos son puntos de partida para comprender y diferenciar las múltiples maneras en las que las delincuencias están presentes de distintas formas, momentos y espacios. Es decir, apenas una indicación inicial para comenzar a entender las diversas presencias criminales para, a partir de ahí y en todo caso, posibilitar la recuperación del orden jurídico nacional.

@JRCossio