Jorge Atilano, vocero de la Iglesia contra la violencia: “Existe el peligro de que el miedo defina la elección. No lo podemos permitir”

La violencia dejó una huella permanente en Cerocahui, una remota comunidad al suroeste del Estado de Chihuahua, el 20 de junio de 2022. El guía de turistas Pedro Palma llegó corriendo y buscó refugiarse en una iglesia mientras huía de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, y sus hombres. El capo y su célula criminal ya habían decidido el destino de Palma y planeaban asesinarlo en el altar para demostrar su poder y...

La violencia dejó una huella permanente en Cerocahui, una remota comunidad al suroeste del Estado de Chihuahua, el 20 de junio de 2022. El guía de turistas Pedro Palma llegó corriendo y buscó refugiarse en una iglesia mientras huía de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, y sus hombres. El capo y su célula criminal ya habían decidido el destino de Palma y planeaban asesinarlo en el altar para demostrar su poder y mandar el mensaje de que ellos mandaban en esa zona de la Sierra Tarahumara. Dos padres jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, intercedieron para frenar el asesinato e impedir la profanación de su templo. Palma y los sacerdotes fueron acribillados afuera de la iglesia y finalmente, colocados en el altar. El narco había vuelto a imponer su ley, pero esta vez, rebasando líneas que antes parecían sagradas e intocables.

El padre Jorge Atilano (Huatusco, Veracruz, 1972) repasa los asesinatos con voz calma, pero aún marcada por la consternación. Abre la herida para explicar el momento en que la Compañía de Jesús, primero, y la Iglesia católica, después, tomaron la iniciativa frente a la crisis de violencia que azota a México. “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México”, lamentó Francisco, el primer Papa jesuita, dos días después de la masacre, en un reclamo retomado por los obispos y arzobispos del país. “Como jesuitas, nos sentimos responsables de dar una respuesta. Y eso detonó este movimiento. Ese fue el origen”, explica Atilano.

La indignación se transformó en jornadas de oración, minutos de silencio, pronunciamientos públicos, foros y mesas de trabajo. Así nació el Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa impulsada por organizaciones civiles y religiosas contra la inseguridad, que ha convocado el próximo lunes a los tres candidatos a la presidencia a firmar un compromiso conjunto contra la violencia. Los equipos de campaña ya han confirmado y recibirán de forma escalonada un paquete de propuestas concretas para resolver la crisis. “El Gobierno tiene una responsabilidad especial en la construcción de la paz. Como Iglesia, nosotros asumimos la nuestra”, señala Atilano, director ejecutivo de la convocatoria.

El padre abre las puertas de la curia provincial a EL PAÍS en Ciudad de México para hablar de la intermediación de la Iglesia contra la violencia, los roces con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los cuestionamientos que han surgido en un país laico y construido bajo el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado. “Hay un peligro de que sea el miedo lo que defina la elección. No podemos permitir eso”, zanja.

Pregunta. ¿De qué tamaño es el problema de la violencia en México?

Respuesta. Estamos preocupados porque desde las misiones que tenemos en Chiapas, Chihuahua, Michoacán o Guerrero estamos viendo que ha crecido el control de los territorios. Vemos que están siendo controlados policías municipales, alcaldes, el transporte público. Nos preocupa el tipo de sociedad que estamos creando y toda la violencia que se está dando. Las cifras oficiales muestran que han bajado los homicidios, pero el sentimiento es que vamos perdiendo libertades. Eso lo vemos cada vez más presente.

P. ¿Qué impacto ha tenido la violencia en este proceso electoral?

R. Desde hace unos tres años, las economías criminales han diversificado sus negocios. De la droga han pasado a la minería, al huachicoleo o a controlar los tianguis y otro tipo de economías más informales. Empezamos a detectar cómo se han metido a las alcaldías, para desde ahí financiar sus ejércitos, cumplir las funciones de la policía o financiar sus estructuras. Eso es muy peligroso para un país que quiere ser democrático y una ciudadanía que quiere andar libremente en su tierra.

P. ¿Cómo surge la idea de convocar a los tres aspirantes a la presidencia?

R. Es parte de un proceso. Incluso, algunos nos decían que la elección no debía distraernos del proceso que queremos realizar, porque nuestra agenda es otra. El principal objetivo es construir agendas locales de paz. Estamos muy interesados en la dimensión local. Entregar los documentos a los presidenciables y a todos los candidatos a un puesto de elección parte de la idea que el Gobierno tiene una responsabilidad especial en la construcción de la paz. Cada uno tiene que aportar desde lo que le toca y asumir su responsabilidad. Como Iglesia asumimos la nuestra. La ciudadanía, los empresarios, los educadores… todos tenemos que hacer lo que nos corresponde.

P. ¿Por dónde van las principales propuestas a los candidatos?

R. Son siete grandes temas. La parte de tejido social va más en la idea de que se necesitan políticas de cuidado, que permitan vincular a personas, familias, comunidades e instituciones. Se rompió esa red, hay que reconstruirla y para eso se necesita una política de Estado. En justicia se plantea cómo lograr sistemas alternativos en lo local, fortalecer la autonomía de las fiscalías y quitar la corrupción del sistema de justicia. En seguridad se busca fortalecer a las policías municipales, articularlas con la comunidad y con otras fuerzas públicas. En gobernanza, creemos que necesitamos cuidar las condiciones locales para que un presidente municipal pueda trabajar por la paz. Si no las cuidamos, vamos a tener gente al servicio de las economías criminales. Otro tema es la protección a los adolescentes. Son el sector de más riesgo ante la droga y el crimen organizado. Otro pendiente son las cárceles y cómo mejorar el sistema de reinserción. Se habla también de derechos humanos, un tema que se ha ido desmontado. Necesitamos una cultura más sólida de los derechos humanos entre la ciudadanía y las estructuras del Estado. Todas surgen del análisis de 50 expertos, en siete mesas de trabajo que empezaron el año pasado.

P. ¿Qué les piden a los aspirantes?

R. Que den seguimiento a estas iniciativas. El documento en sí mismo no tendrá ningún impacto si no hay una instancia de seguimiento. Lo que pedimos es que haya un diálogo, que con quien gane se tengan estas instancias de diálogo. Que los puentes no se rompan, que el diálogo permanezca por el bien de todos.

P. La inseguridad ha sido el gran protagonista en el arranque de las campañas. ¿Cómo ve las propuestas de los candidatos?

R. Algunas coinciden con nuestras recomendaciones y se pueden enriquecer con lo que se les quiere plantear. Creo que se necesita fortalecer a las policías municipales. En eso hay coincidencia con algunos planteamientos. Pero también estas policías necesitan habilidades de investigación, estar articuladas con las fiscalías, coordinarse con las policías estatales y la Guardia Nacional. Sí creemos que la sola presencia de la Guardia y del Ejército no va a resolver el problema. Puede atender una emergencia, pero no va a resolverlo a largo plazo. Otro ejemplo es la preocupación por los jóvenes, creo que igual está muy presente en los candidatos.

P. En uno de los comunicados se menciona la frase “Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”. ¿Es un mensaje para el presidente López Obrador?

R. Es un mensaje que refleja que si no cuidamos los territorios, vamos a poner en crisis la democracia. Los asesinatos de aspirantes muestran que hay grupos que están dispuestos a ganar esta elección con las balas. Y eso no lo vamos a permitir.

P. ¿No es un mensaje para el presidente, en específico?

R. No, es para decir que tenemos que cuidar los territorios. Hay un peligro de que sea el miedo lo que defina la elección. No podemos permitir eso.

P. Esta iniciativa también ha sido criticada por quienes consideran que se rebasan las líneas que separan a la Iglesia del Estado. ¿Qué les responde?

R. Es un movimiento de la sociedad civil. Está la Iglesia convocando, pero se han sumado universidades, organizaciones civiles, colectivos. La intención es adoptar una postura como ciudadanos y poner el asunto público a discusión. Decía el papa Francisco que la política era la expresión de la caridad. Desde este sentido lo estamos viendo.

P. ¿La Iglesia es hoy por hoy un actor político en México?

R. En el sentido de tratar los asuntos públicos, sí tiene un papel político.

P. ¿No puede haber un problema con el Estado laico?

R. Yo creo que el problema sería si hubiera una política partidista y eso no se ha dado en ningún momento. Hemos evitado que este movimiento se vea envuelto en eso. Incluso, hubo gente que estuvo en la Red Nacional por la Paz que pasó a ser parte de algún equipo de campaña y les pedimos que se deslindaran para no politizar el movimiento. Hemos tenido mucho cuidado con eso. Buscamos que nuestro aporte sea más desde la investigación, la experiencia y las buenas prácticas que buscamos recuperar.

P. ¿Cómo viven la violencia los miembros de la Iglesia en el terreno?

R. Como sacerdotes, la gente nos tiene mucha confianza de platicar lo que viven. Y lo que veo es que hay mucho dolor y mucho miedo. Cuando fue el asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, hubo gente de las comunidades que me hablaban así, con miedo. Me decían: “Si eso hicieron a los padres, imagínese lo que nos pueden hacer a nosotros”. Una realidad que me mueve mucho es ver el impacto que esto está teniendo en los jóvenes. Jóvenes atrapados, obligados a meterse a las drogas y a estos grupos. Eso también nos preocupa y nos duele.

P. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de la iglesia el fenómeno del narco y su influencia en el país?

R. Hay muchas miradas. Como yo lo veo, es que si el narcotráfico en México es fuerte, es porque tenemos un tejido social que ha sabido utilizar a su favor. Y eso le ha dado fuerza. Se ve reflejado en la fidelidad a los liderazgos, en el daño que pueden cometer para tener reconocimiento social, en la base social que han logrado construir. Estamos teniendo un fenómeno nuevo. Estas economías logran tener una base social a su favor. La gente espera recibir ciertos favores, pero acaban siendo puestos como barreras contra otro grupo delictivo o contra las autoridades. Esto nos mete en una situación complicada.

P. ¿Son manifestaciones que no se habían visto?

R. Estos niveles de control social no los habíamos visto. En lo que me ha tocado recorrer del país, donde lo veo más presente es en la Tarahumara, donde ya tiene años, pero es un control muy silencioso. Lo más novedoso está en Frontera Comalapa (Chiapas), donde es más escandaloso el modo de controlar. Y eso tendrá dos, tres años.

P. Otro punto polémico ha sido la intermediación de la Iglesia para la tregua en Guerrero con los grupos criminales. ¿A qué responde esto?

R. Han sido estos grupos los que le han pedido a la iglesia que fuera la mediadora. No es que la iglesia los haya convocado a firmar un acuerdo de paz. Me parece que estos grupos se llegan a cansar y a desesperar, y vieron a la Iglesia como alguien que les podía ayudar. En ese sentido, por la situación de emergencia del Estado de Guerrero, la Iglesia ha tratado de construir la paz desde las posibilidades que se tienen. Me parece una labor muy admirable lo que están haciendo los obispos y algunos sacerdotes ahí en Guerrero.

P. ¿Es viable reproducir estas treguas en otras partes del país?

R. No. No es la apuesta de la Iglesia buscar a estos grupos para construir la paz. Es buscar a los actores sociales, los empresarios, el Gobierno, las iglesias o los colectivos organizados, son a quienes buscamos para dialogar. Pensar que la paz en el país va a alcanzarse con un acuerdo con estos grupos, yo lo veo muy peligroso. Primero, son grupos fragmentados, con negocios diversificados y con mucho control social, eso hace muy difícil que una tregua pueda realizarse o perdurar.

P. En este proceso electoral, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum sostuvieron encuentros con el papa Francisco. ¿Cómo ve estos acercamientos?

R. El papa Francisco es un actor clave a nivel mundial y yo lo veo como un hecho diplomático y un acercamiento válido para una interlocución con el pueblo mexicano. Entonces me parece que en términos de diplomacia es favorable para México.

P. ¿Le llamó la atención en su momento?

R. No, yo me imaginaba que eso podía suceder en cualquier momento, pero sí me llamó la atención que fueron ambas al mismo tiempo. Eso sí, creo que el Vaticano cuida mucho la relación con los partidos aquí en México.

P. En 2024 también se cumple una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El Centro Prodh, de la Compañía de Jesús, ha acompañado muy de cerca a los familiares. ¿Cómo entender las imágenes del portazo en Palacio Nacional?

R. Es la expresión de que el caso no se ha resuelto. Son las violencias que surgen cuando no se logra dar la justicia, el acceso a la verdad y la reparación de los daños. No estamos de acuerdo con el ejercicio de la violencia para expresar este tipo de inconformidad, pero creo que lo entiendo desde ahí.

P. Seguimos sin tener todas las respuestas sobre este crimen, ¿por qué?

R. Ha hecho falta mayor voluntad política para dar la información que se necesita para esclarecer el caso.

P. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos?

R. La falta de información, sobre todo de parte del Ejército, para poder esclarecer qué es lo que pasó y poder encontrar a estos compañeros.

P. ¿Es posible superar los roces que ha habido entre el Gobierno de López Obrador y los familiares, así como con organizaciones como el centro Prodh?

R. Como está la situación, no lo veo tan sencillo. Cada vez se fue perdiendo más la confianza. Poder recuperar la confianza y el diálogo implica tener disposición para el acceso a la verdad.

P. ¿Se podría recuperar la voluntad política con el próximo Gobierno?

R. Dependerá de quién gane la elección. El caso Ayotzinapa, como muchos otros, muestra la necesidad de repensar el sistema de justicia. No es que falte una acción, se necesita revisar todo el sistema para mejorar el acceso a la justicia.

P. ¿Es posible pacificar el país? ¿Hay razones para mantener la esperanza?

R. Veo mucha disposición de la ciudadanía para colaborar. También hay que decir que no todo el país está en una situación de violencia. Hay zonas muy focalizadas donde podemos ver situaciones graves. Yo creo que sí es posible recuperar la paz. Esperamos que el próximo Gobierno tenga la voluntad para implementar las políticas que se necesitan y que otros actores nos sumemos. Hemos investigado otros casos, cómo lo han hecho. Y lo que los mueve es la indignación. Esa indignación está presente en México. Ahora, se necesita compartir testimonios y metodologías para avanzar, eso es lo que este movimiento busca generar.

P. Será un esfuerzo de años, ¿no?

R. Dicen que para recuperar la paz se necesita el equivalente de tiempo que tomó para destruirla. Creo que, por lo menos, necesitamos unos 18 años. Más allá de un trienio o de un sexenio, tenemos todo un camino por andar.

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