El INAI despide a los dos funcionarios acusados de extorsión para conseguir boletos para el mundial

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha destituido este miércoles a dos de sus funcionarios acusados de proponer a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) bajarle el monto de una multa a cambio de la entrega de varias entradas para el partido inaugural del mundial de fútbol de 2026 en el Estadio Azteca. El pleno de este instituto votó por unanimidad destituir a Jonathan Mendoza Iserte, titular de la secretaría de Protección de Datos Personales, y de Miguel Novoa Gómez, director general de Protección de Derechos y Sanción, por su presunta responsabilidad en estos actos.

El pasado 27 de enero, la FMF denunció un intento de extorsión por parte de funcionarios del INAI que ofrecieron reducir el monto de una multa a pagar —de 23 millones de pesos— mediante la contratación de un despacho de abogados que hiciera de conciliador, a cambio de la entrega de tres entradas para cada uno de los señalados para asistir al primer partido del encuentro. Los cuatro comisionados del instituto, que trabaja estas semanas en transferir sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, salieron a deslindarse y señalaron su preocupación en un comunicado en el que reprobaron “los presuntos hechos de extorsión de las personas servidoras públicas que trabajan en la institución”.

La denuncia, presentada ante el Órgano Interno de Control de INAI por Íñigo Riestra, representante jurídico de la FMF, señala que los funcionarios solicitaron los boletos. Y la contratación de un despacho jurídico a cambio de la reducción de las multas que el instituto había impuesto a la Federación por la forma en la que gestionaron los datos personales recabados con la implementación de un sistema de identificación, el Fan ID, con el que el organismo deportivo pretendía disminuir la violencia en los estadios a través de la identificación de los asistentes.

Tanto Novoa como Mendoza habían declarado a El Universal —el medio que dio a conocer la existencia de la denuncia— que ellos no tenían nada que ver en el asunto. Mientras que una de las cuatro comisionadas del INAI, Julieta Del Río, decía que una pata del instituto había estado empujando la imposición de nuevas multas desde diciembre, a pesar de que la FMF “se había acercado al instituto y estaba cumpliendo con las recomendaciones”, dijo en una entrevista a este medio. Del Río se refería al sistema Fan ID, puesto en marcha a través de una empresa externa. La pata del INAI que ha empujado nuevas multas es la Dirección General de Investigación y Verificación, que depende de la Secretaría de Datos. Sin decirlo, la comisionada indicó que la imposición de nuevas multas daba argumentos a los presuntos extorsionadores.

La desaparición del INAI, nacido al calor de la alternancia política a principios de siglo, elevado más tarde a la categoría de organismo autónomo, ha sido motivo de gran confrontación política en los últimos años. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su apoyo legislativo votaron por su extinción a finales del año pasado, junto a otros seis entes autónomos. Los críticos de esta medida señalaban que era un retroceso en el desarrollo democrático del país; sus defensores, que el INAI era un nido de corrupción y que no resultaba indispensable para cumplir con el mandato constitucional de transparencia y protección de datos personales.

No han faltado escándalos de corrupción estos años, con el INAI implicado. En noviembre de 2023, filtraciones a la prensa señalaron el uso que había hecho uno de los comisionados del instituto, Óscar Guerra Ford, de tarjetas de crédito vinculadas al organismo. En 2014, Guerra cargó cuentas de miles de pesos en un table dance de Ciudad de México a la tarjeta, situación que él atribuyó a una confusión. El escándalo aumentó cuando se supo que el local en cuestión había estado vinculado a redes de trata de mujeres.