Ciudad de México crea la nueva Fiscalía Especializada del Delito de Extorsión

La fiscal de la capital, Bertha Luján, anuncia que la dependencia tendrá dos agencias: una para el cobro de piso y otra para casos telefónicos

Bertha Luján en Ciudad de México, este miércoles. Graciela López (CUARTOSCURO)

La Fiscalía Especializada del Delito de Extorsión ya es una realidad en Ciudad de México. Uno de los crímenes que más pérdidas económicas representó durante 2024 para las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. La Fiscal de la capital, Bertha Luján, ha oficializado la creación de esta nueva dependencia, en su presentación de trabajo para los próximos cuatro años en el puesto, y ha detallado que la conformarán dos agencias: una que se encargará de perseguir e investigar el cobro de piso, y otra que atenderá los casos que sean reportados vía telefónica.

La decisión es la culminación del trabajo legislativo que vio sus primeras luces en noviembre de 2024, cuando la iniciativa para modificar el código penal capitalino fue presentada ante el Congreso local, y luego, un mes después, aprobada por los diputados. De acuerdo con información de aquellos días de discusión, la extorsión provocó pérdidas económicas del 20% de los ingresos en comercios de diversas zonas de la capital mexicana, pero puntualmente, en las alcaldías señaladas.

La urgencia ante un delito que crece más que otros, según ha apuntado el mismo Gobierno federal —López Obrador lo consideraba “su asignatura pendiente”— es también la que empuja a las autoridades para registrar la incidencia y lograr combatir a los delincuentes que usan el terror psicológico y el miedo para obtener lo que quieren. La extorsión es, hasta ahora, el delito con más cifra negra en México, es decir, con más presencia sin que figure en alguna estadística.

La reforma al Código Penal capitalino incluyó, además, penas más duras: el delito de extorsión se castigará con 10 a 15 años a quien mediante violencia obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión con el propósito de obtener un beneficio. También recibirá una multa que puede alcanzar los 325.000 pesos (unos 15.800 dólares).

La Fiscal Luján también adelantó que se estarán haciendo esfuerzos para combatir el delito de secuestro y secuestro exprés, dos delitos que muchas veces van vinculados también con la extorsión. “Sabemos que existe una cifra negra importante, haciendo eco al llamado de la jefa de Gobierno, crearemos la Fiscalía Especializada de Delito de Extorsión, con una agencia dedicada al cobro de derecho de piso y otra a casos de extorsión telefónica”, dijo. También se contempla la creación de una Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, según los planteamientos legislativos del año pasado.

El cobro de piso —esa modalidad de extorsión en la que los delincuentes exigen dinero a personas o negocios a cambio de protección o para evitar represalias— es uno de los delitos en los que la delincuencia organizada ha hecho un negocio lucrativo con los negocios y comerciantes de la capital de un país como México, en el que más de la mitad del empleo es informal.

La nueva Fiscalía tendrá una agencia que se volcará especialmente a atenderlo, y otra para las denuncias del delito en modalidad telefónica. En 2023, las extorsiones de ese tipo supusieron 9 de cada 10 denuncias, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Las 10.946 quedaron en nada comparadas con la cifra negra de la extorsión. El ENVIPE deja claro que el 97% de estos delitos no se denuncian o las demandas nunca llegan a los tribunales.

En 2024, la misma encuesta arrojó que la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando solo entre 2022 y 2023, un aumento del 250%. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siete de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian. Con los planes de trabajo de la nueva fiscalía, se espera que la extorsión sean perseguidos por oficio, sin la necesidad de que la víctima presente una denuncia. Serán las autoridades las que abrirán las carpetas de investigación en contra de los responsables.

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