México sigue encontrando fosas clandestinas, pero el Estado ya no comparte la estadística
El hallazgo de decenas de enterramientos ilegales en Chihuahua, San Luis Potosí o Ciudad de México este año evidencia la opacidad de las autoridades, que desde mediados de 2023 no informan de los hallazgos
Inmerso en una crisis de violencia que parece no tener fin, México cosecha decenas de muertos y desaparecidos cada día, balaceras, minas que explotan en la sierra, drones que sueltan bombazos... Y fosas, entierros clandestinos que se cuentan por miles en los últimos años, parte de los modos criminales de las mafias, que tratan de ocultar así los cuerpos de sus enemigos, previamente desaparecidos. En estos años de violencia, que van camino de juntar ya dos décadas, las estadísticas sobre fosas y personas desaparecidas han ayudado a dimensionar el problema de la inseguridad. Pero la intermitencia de la publicación de las cifras –o el mero abandono del esfuerzo– ha devuelto al país a la oscuridad.
La situación es crítica, ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia, pero también en los gobiernos anteriores, fueran de Morena, el PRI o el PAN. El hallazgo de fosas clandestinas es continuo. Solo en las primeras semanas del año, fiscalías locales y colectivos de familiares de personas desaparecidas han anunciado el hallazgo de alrededor de 40 en Casas Grandes, en Chihuahua, otras 16 en Río Verde, San Luis Potosí, y al menos una en Xochimilco, en el sur de Ciudad de México. Los restos, los cadáveres, van apareciendo, siempre gracias al empuje de los colectivos, muchas veces el único motor para que se hagan búsquedas. En cuanto a los criminales, pocas veces son llamados ante la justicia.
Se supone que las fiscalías integran los hallazgos de fosas y restos encontrados en ellas en sus diferentes bases de datos, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas y la Base Nacional de Información Genética. Se supone, también, que esas bases de datos dialogan con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, protagonista de una polémica importante durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por los intentos del Ejecutivo de limar las cifras, pues los números, estratosféricos, no correspondían, defendía el Ejecutivo, a la realidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) debería contar con un mapa actualizado de fosas, parecido al que publicó la Secretaría de Gobernación hace año y medio, con datos de la agencia investigadora federal y de las fiscalías locales. Pero no se sabe si lo tiene o no. Desde que Gobernación publicó el mapa de fosas a mediados de 2023, ni la dependencia ni la FGR han actualizado las cifras. México ignora cuántas fosas clandestinas se han encontrado en el territorio desde el 1 de mayo de 2023 hasta hoy. En una solicitud de información a la FGR el año pasado, el colectivo A donde van los desaparecidos pidió el detalle de los registros incluidos en el registro de fosas y la respuesta fue un número, 1.789, que explicaba la situación, tanto como la humedad explica la vasta inmensidad del mar.
La inseguridad reta y molesta al Gobierno. La llegada de Morena al poder en 2018 anunciaba una era de transparencia. El país carecía de bases de datos confiables de personas desaparecidas o fosas clandestinas, estadística necesaria para completar la imagen de la barbarie. El Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) había sido omiso, también el de Felipe Calderón (2006-2012). Con los años, el Ejecutivo de López obrador construyó y publicó bases de datos, pero el tiempo y los objetivos electorales desvirtuaron el esfuerzo. Gobernación dejó de actualizar su mapa de fosas, la FGR miró para otro lado. El registro de personas desaparecidas se vio envuelto en la polémica del recuento, situación que generó cantidad de problemas, personas desaparecidas que de repente ya no estaban en el registro, etcétera.
Actualmente, el problema con el registro de personas desaparecidas se ha medio reconducido. El país cuenta alrededor de 115.000 desaparecidos, según la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de Gobernación. Pero de las fosas no hay información. Según el mapa que publicó la dependencia en 2023, del 1 de diciembre de 2018, fecha en que inició el Gobierno de López Obrador, al 30 de abril de aquel año, 2023, fecha en que dejó de actualizarse, México registró 2.863 fosas, más de 300 en Colima y Veracruz, más de 200 en Sinaloa, Guerrero y Michoacán…
Es difícil comparar el inicio de sexenio de López Obrador con el de Sheinbaum, por la falta de datos. Durante los tres primeros meses del tabasqueño en la presidencia, las fiscalías reportaron el hallazgo de 191 fosas, 64 en Colima, 21 en Guerrero, 17 en Sinaloa y Coahuila, etcétera. Ahora, no hay datos oficiales. Gobernación señala que es tarea de la Fiscalía y la Fiscalía, preguntada al respecto, no contesta. Quedan los registros de hemeroteca.
Además de las fosas de San Luis Potosí, Chihuahua y Ciudad de México, desde el 1 octubre, cuando empezó el mandato de Sheinbaum, colectivos y autoridades han ubicado fosas en Tabasco, Sonora (al menos 26, cerca de Hermosillo), Jalisco, Estado de México, Chiapas (alrededor de 30, desde diciembre)... Otro tema son los cuerpos. El mapa de fosas que publicó Gobernación en 2023 solo manejaba el número de fosas, nada de los restos hallados dentro. Es otro de los pendientes de la administración de Sheinbaum y de la misma FGR, en manos de Alejandro Gertz, actualizar y publicar las versiones públicas del Banco Nacional de Datos Forense.