Miles de migrantes llegan a Chiapas ante la posibilidad de pedir refugio en Estados Unidos desde la frontera sur de México

Hace un año que Yessica salió embarazada de Venezuela para buscar un futuro mejor lejos de la crisis económica y política que vive su país. El destino: Estados Unidos. A 5.000 kilómetros de distancia. El poquito dinero que ahorró, el cansancio de caminar con los pies hinchados por el embarazo y los peligros del camino convirtieron el viaje de ella y su familia en una carrera de obstáculos. Yessica viaja junto a sus tres hijos, su esposo, su hermano y su madre. “Hemos pisado Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y ahora México”, dice la mujer de 34 años, desde un albergue en Tapachula, en el Estado fronterizo de Chiapas. El bebé nació durante las lluvias del verano, en mitad de la selva guatemalteca. “Fue muy duro”, dice Yessica. “Aunque lo más duro está siendo el paso por México”, agrega. “Nos secuestraron cuando cruzamos el río, nos metieron en una casa y tuvimos que pagar 100 dólares por cada uno para que nos dejaran ir”. En total, tuvieron que pagarle al cartel 800 dólares para escapar. Ahora, continúan a la espera de que las autoridades estadounidenses les den cita para solicitar asilo en ese país. La aplicación CBP One de Aduanas y Fronteras permite desde este verano hacer el trámite desde la frontera sur de México y esperar ahí hasta ser llamados.

Este hecho, sumado a las crisis por la violencia en varios países, ha duplicado las entradas irregulares, especialmente de migrantes de Venezuela, Ecuador, Honduras y Guatemala. Los datos sobrepasan ya las 828.000 personas en lo que va de 2024, según datos oficiales. Más de lo registrado por las autoridades durante todo 2023. Huyen de la violencia, la pobreza y los efectos del cambio climático. De todos ellos, unos 97.000 son niños. Las imágenes de las caravanas multitudinarias con miles de personas han dado paso a grupos más pequeños, pero el goteo de personas es constante en esta frontera porosa. Lo saben las autoridades, los polleros, los narcos, los lancheros que cruzan el Suchiate y la población local. “La gente tiene mucha esperanza en esa aplicación, ha aumentado la gente más de un 100%”, dice el sacerdote César Cañaveral, administrador del albergue para migrantes Belén, en Tapachula.

El sentimiento de la mayoría de personas en tránsito se parece. “Lo hacemos para tener una vida mejor”, dice Javier, venezolano de 37 años, que muestra la solicitud del CBP One en su celular. “Y lo hacemos por nuestros hijos”, le interrumpe un paisano. Javier llegó hace 15 días a Tapachula. Antes de eso, estuvo trabajando cinco años en Chile, pero las autoridades de aquel país dictaminaron su expulsión. En el Parque Central de Tapachula, junto a la iglesia, se reúne con otros paisanos para trabajar. El mosaico de caras y acentos hace evidente que la ciudad se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de la migración en México. En las mañanas Javier vende café a precios económicos y, por las tardes, ofrece chips para celulares y transferencias de dinero de las tiendas cercanas. Con ello se saca una pequeña comisión. “Ayer me hice 150 pesos [unos 7 dólares], pero la vida está muy cara; acá todo cuesta”, comenta.

Tapachula se ha convertido en un reflejo de lo que sucede en otras partes de Chiapas. La disputa territorial entre grupos criminales ha alcanzado la ciudad fronteriza. Asesinatos, extorsiones y secuestros están a la orden del día. El pasado 1 de octubre, seis migrantes que viajaban en la caja de un camión, no muy lejos de la ciudad, fueron asesinados a manos del Ejército en un retén de la carretera entre Huixtla y Villa Comaltitlán. Ellos y los sobrevivientes, algunos procedentes de Egipto, El Salvador y Perú, llevaban un sello en el brazo para ser identificados. El tráfico de personas se ha convertido en un negocio igual o más rentable que el tráfico de drogas y o de armas. Este lunes, el cuerpo de otros dos migrantes de El Salvador fue encontrado en un cañaveral. Tenían un disparo en la cabeza. Mientras tanto, las organizaciones y las iglesias se han manifestado en contra de la violencia. Más de tres mil evangélicos se juntaron hace dos semanas en el centro de Tapachula para rezar y exigir un alto el fuego. Por su parte, la diócesis ha acusado directamente al Ejército de tener nexos con el narco y estar involucrado en delitos de secuestro y extorsión. “Los migrantes son los más pobres de los pobres y como Iglesia no podemos permitir este tipo de abusos y muertes”, dice el sacerdote César Cañaveral, administrador del albergue Belén, en Tapachula.

Tres chicos acaban de bajar de una balsa en la orilla del río Suchiate, la frontera natural entre México y Guatemala. El miedo en sus rostros y el nerviosismo les hacen caminar deprisa. Tienen 25, 27 y 30 años. Solo responden que son de Venezuela y que salieron huyendo por la crisis en su país después de las elecciones. Según desembarcan, varios hombres en moto se acercan a los migrantes y tratan escoltarlos. Ese suele ser el paso previo al secuestro. Después, les llevarán a algún lugar retirado y les obligarán a subir a un transporte, puede que otros los encierren directamente, igual que le sucedió a Yessica y a su familia.

Las autoridades, en respuesta a la violencia de estas semanas, han instalado más operativos en las salidas de la ciudad y las carreteras que conectan con los municipios fronterizos. El Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la policía municipal dan el alto de manera aleatoria y revisan vehículos y a sus ocupantes. Entre inmensos campos de plátanos verdes, en la carretera que va a Ciudad Hidalgo, un retén de la Guardia Nacional vigila a los coches que aminoran el paso. Al lado hay un control del Instituto Nacional de Migración (INM). Los agentes acaban de parar a un grupo que caminaba por el borde de la carretera y los suben a una camioneta. Las personas son llevadas a la estación de detención para migrantes Siglo XXI, a unos 40 kilómetros al norte de ahí. El INM intentó cambiar su imagen después de la trágica muerte de 40 hombres en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin embargo y pese al intento de lavado de cara, el lugar sigue teniendo el aspecto de lo que es: el centro de detención de migrantes más grande del país.

Yolimar, de 36 años, acaba de salir del centro de detención. Tiene la mirada triste y el cuerpo cansado. Pese a todo, bromea con sus hijos y trata de animarles. “Yo pensaba que lo iban a pasar peor, pero ellos ven todo esto como una aventura y yo intento que no les afecte”, dice mientras les abraza. Ella, los cuatro niños y su perrita Serenata, salieron de Caracas hace un mes. Su destino: Chicago; donde vive su marido. Para llegar hasta Tapachula, la familia atravesó el infierno del Darién a pie. Una espesa selva entre Colombia y Panamá de la que muchos no salen vivos. “Vimos varias personas muertas. Una madre y su hija murieron dentro de una tienda de campaña y no pudimos hacer nada por ellas. Después, la policía en Costa Rica nos robó 300 dólares y ahora se nos acabó el dinero para continuar”, dice con los ojos tristes. Al llegar a México decidió entregarse a Migración. El INM le dio un permiso para moverse por Chiapas hasta que se resuelva su trámite de visa humanitaria. Sin embargo, su idea es seguir hacia el norte. Si saliera de Chiapas, podría ser detenida de nuevo o incluso deportada a Venezuela.

Los albergues de la capital están llenos y la mayoría excede su capacidad, como por ejemplo, el albergue Belén. Con un máximo de 150 plazas, tiene en estos momentos 270 personas alojadas y otras más esperan en la puerta para ser atendidas. “No han dejado de llegar migrantes, pero con la aplicación empezó a ingresar más gente, yo diría que más de un 100%, respecto al año pasado”, señala el sacerdote encargado del albergue.

Pese a la alta concentración de migrantes, la región no cuenta con infraestructura suficiente para atender a las personas en tránsito. Muchos de ellos duermen y sobreviven en la calles, como pueden. La mayoría de estas personas llegan con la esperanza de seguir hacia el norte, aunque son cada vez más los que optan por quedarse a vivir en México y buscan el estatus como refugiados en el país. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) entregó en 2023 cerca de 129.000 visas humanitarias, principalmente a ciudadanos de Haití, Honduras, Cuba y Guatemala. “Hemos percibido que este año las solicitudes van al alza, actualmente atendemos a 400 personas cada día”, señala César Eloa, encargado del Área de Registro de la Comar, en Tapachula.

La implementación del CBP One desde la frontera sur ha permitido reducir la concentración de migrantes en ciudades fronterizas como Juárez, Tijuana o Piedras Negras, sin embargo, eso no salva de los riesgos que implica el camino. La incertidumbre es total. Una vez es asignada la fecha de la cita, deberán presentarse ante el puesto fronterizo indicado por sus propios medios. El procedimiento sigue siendo confuso para muchos y la desinformación campa a sus anchas. “Las autoridades tratan de cansarlos y desorientarlos para que desistan, pero ellos van a seguir adelante, aunque les cueste la vida”, afirma el director del albergue Belén.

El narco, las autoridades y oportunistas de todo tipo se aprovechan de la falta de información sobre los procesos y tratan de sacar provecho nuevamente. En grupos de Whatsapp ha estado circulando una mensaje falso sobre una caravana convocada por la Conferencia Episcopal y la Embajada de Estados Unidos. Algo totalmente falso que desmienten a este diario ambas entidades. “Supongo que cuando me den la cita, un camión de Migración nos llevará a la frontera”, dice Omar, un colombiano recién llegado a Tapachula. El procedimiento para muchos es un laberinto difícil de descifrar y un muro virtual infranqueable.