Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto

Juan Ramón Collado, conocido como el abogado de los poderosos mexicanos por haber defendido a prohombres del país latinoamericano como el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene más de 100 millones de euros embargados en Andorra desde 2015. Así se desprende de informes confidenciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que esbozan un alambicado circuito de cuentas en Andorra con ramificaciones e...

Juan Ramón Collado, conocido como el abogado de los poderosos mexicanos por haber defendido a prohombres del país latinoamericano como el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene más de 100 millones de euros embargados en Andorra desde 2015. Así se desprende de informes confidenciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que esbozan un alambicado circuito de cuentas en Andorra con ramificaciones en Holanda, Panamá y Hong Kong.

Collado, de 60 años, recurrió a un complejo tinglado para mover su fortuna. Su estructura se canalizó primero a través de los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y después del Crèdit Andorrà. Y sirvió para enmascarar un caudal de fondos que pudo pertenecer a dirigentes políticos mexicanos, según los investigadores andorranos.

Los balances confirman que el influyente letrado tenía en marzo de 2023 en Andorra al menos dos cuentas a su nombre con 18,9 millones de euros. Y que manejaba el resto de su patrimonio en el país pirenaico a través de sociedades instrumentales (sin actividad) holandesas. Se trata de las mercantiles Marathon Corporation CV (con la que controló 30,9 millones), Constellation Investments CV (44,9 millones), Diamond Corporation CV (5,7) y Kayser Investments (474.336 euros). Collado usó presuntamente este esquema como tapadera para reforzar el blindaje de su identidad.

El que fuera letrado de Peña Nieto no tuvo el dinero inactivo e invirtió más de la mitad de su patrimonio en Andorra (56,4 millones) en fondos de renta variable y acciones de compañías como Volkswagen, Apple, Disney o Basf, según los extractos de las cuentas a los que ha tenido acceso este diario.

En paralelo al cerco contra Collado, la justicia andorrana ha puesto el foco sobre su entorno más directo. Stephanie García, jueza que instruye esta causa por blanqueo bautizada como Operación Jet, ordenó el pasado año la imputación por este delito de Jaime Jesús Sánchez Montemayor, presunto hombre de paja de Collado, socio de su bufete en México Collado y Asociados SA de CV (Sociedad Anónima de Capital Variable) y encargado de autorizar los pagos en el entramado financiero del abogado, según los investigadores.

Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, sostiene que el patrimonio de su cliente en el país pirenaico está justificado y niega que Sánchez Montemayor ―quien se presentó ante la BPA como director de la firma Libertad Servicios Financieros SA de CV y dijo que administraba cuatro sociedades del letrado investigado― haya actuado como testaferro. Indica también que en los próximos meses trabajará para que se archive la investigación judicial por blanqueo contra su cliente en Andorra y se levante el embargo de los más de 100 millones de euros que tiene en una madeja de cuentas en el Crèdit Andorrà. En su declaración ante la jueza del país europeo, Collado vinculó su fortuna en Andorra ―un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario― con la actividad profesional de su bufete y el negocio de la cadena de casas de empeño Prenda Oro que creó su padre en 1999.

En la batería de nuevas pesquisas, la instructora también ha pedido que se indaguen cinco compañías instrumentales conectadas al opaco tinglado de Collado. Entre ellas, figura la sociedad de Curazao (Países Bajos) Protostar Private Foundation.

La jueza quiere con este movimiento estrechar el cerco sobre el entorno familiar del letrado. Y, por eso, ha solicitado incorporar a la investigación un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo del pequeño país dedicado a combatir el blanqueo, que indaga sobre la hermana del abogado Lucía Collado Mocelo, de 55 años, y su cuñado, Mario Andrade Manzana, de 56.

La jueza menciona 10 nuevas sociedades radicadas en Holanda, Panamá y Hong Kong que fueron usadas para mover el caudal de fondos bajo sospecha. Collado declaró que modificó su estructura en Andorra después de un robo en la oficina de representación de BPA en México, donde desapareció una memoria USB con información confidencial de los clientes.

Sueldo para el testaferro de 90.000 dólares al mes

Los nuevos documentos incorporados a la causa judicial, que supera los 24.000 folios, revelan la estrecha relación Collado-Montemayor. El primero pagaba al segundo un salario de hasta 90.000 dólares mensuales (unos 83.000 euros) y un bonus de 260.000 al trimestre por sus supuestos servicios profesionales.

Desde su tinglado societario andorrano, Collado desembolsó dinero para una vida de lujo. Compró sendas aeronaves Cessna Citation 650 y Bombardier Challenger por 5,2 millones, y se hizo con tres apartamentos en el St. Regis Bal Harbourn de Miami (EE UU). El abogado adquirió también en 2009 por 1,3 millones una biblioteca en su casa a través de una de sus cuentas andorranas.

La fortuna de Collado en Andorra, donde llegó a manejar 24 cuentas en la BPA entre 2006 y 2015, recibió su primer sobresalto en marzo de ese último año. En ese momento, coincidiendo con la intervención de la BPA por el presunto lavado de fondos de grupos criminales como la red de sobornos Odebrecht o la trama de exjerarcas chavistas que saqueó 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), las autoridades del Principado congelaron el dinero del letrado de los poderosos. El motivo: entendían que este no podía justificar el origen de sus fondos.

La investigación fue archivada de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana bajo el último tramo del sexenio de Peña Nieto remitiera a Andorra informes en los que exculpaba al abogado. La documentación, que esgrimía que la causa ya estaba juzgada, obligó al país europeo al archivo provisional del caso al no poder demostrar el origen ilícito del dinero.

El carpetazo no estuvo exento de polémica. Y Andorra conectó a la Procuraduría General de la República (PGR) de México –el nombre que tenía entonces lo que hoy se conoce como Fiscalía– con una maniobra para enterrar provisionalmente la causa y salvar los fondos de este hombre próximo al PRI.

En julio de 2019, el caso sufrió otro giro imprevisto. La detención de Collado en un restaurante de Ciudad de México por agentes de la Fiscalía por blanqueo permitió a la justicia andorrana la reapertura del caso. El arresto, que se produjo durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se saldó, de nuevo, con el embargo de los fondos del letrado en Andorra.

Collado aprovechó el archivo provisional de la causa para transferir desde Andorra 10,5 millones a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de su detención. La salida de los fondos coincide en el tiempo con la compra de un piso en Madrid de 233 metros cuadrados en el complejo de megalujo del hotel Four Seasons valorado en cinco millones de dólares, según reveló una investigación de este diario.

Las pesquisas andorranas contra Collado se unen a otros procedimientos judiciales que han salpicado al influyente abogado en su país natal. Un juez federal absolvió el pasado febrero al letrado de una investigación por blanqueo y delincuencia organizada vinculada a la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía de servicios financieros Caja Libertad. La decisión forzó la liberación del abogado, que llevaba en prisión desde julio de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador tildó de “podrido” al poder judicial mexicano tras conocer la liberación del defensor.

Junto a Peña Nieto, Collado ha tenido en su cartera de clientes al líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

investigacion@elpais.es

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