Torturas, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias o violaciones al derecho a la tierra: el coctel de violencia que asedia Chiapas

Chiapas es un polvorín asediado por “interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los Gobiernos y empresas”, concluye un documentado y extenso informe presentado este martes por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Las consecuencias de esta interacción entre crimen, autoridades y sector privado se traduce en “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. El Frayba acusa también al Estado mexicano de ser “omiso, permis...

Chiapas es un polvorín asediado por “interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los Gobiernos y empresas”, concluye un documentado y extenso informe presentado este martes por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Las consecuencias de esta interacción entre crimen, autoridades y sector privado se traduce en “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. El Frayba acusa también al Estado mexicano de ser “omiso, permisivo y aquiescente frente la actual violencia generalizada”, lo que ha generado la agudización de problemáticas ya existentes como los desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas o violaciones al derecho a la tierra que “configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia”.

Chiapas atraviesa una grave crisis de violencia. Incluso San Cristóbal de las Casas, capital administrativa y turística del Estado, que parecía haberse librado durante años del contexto que amenaza al resto de la región y el país, está experimentando en los últimos tiempos un nuevo escenario que ha roto el espejismo de paz en el que vivía. Los tiroteos, los secuestros, las agresiones de distinto color y forma, se suceden sistemáticamente en un territorio atravesado “de manera inhumana” por una “insolente violencia contra la sociedad que perturba las estructuras de los pueblos originarios y trastoca a todas las relaciones de la buena convivencia en los pueblos en general”, señala el Frayba.

El informe sostiene que la situación que atraviesa el Estado está conduciendo a una progresiva “fragmentación comunitaria por la presencia de una diversificación de grupos armados, lo que trae consigo también un rompimiento de los proyectos de vida de quienes las integran; impactos psicosociales que victimizan y revictimizan a la población; impactos en el derecho a la vivienda, a la salud integral, educación, así como a una vida en paz y libre de violencia; además en los medios de subsistencia económica, y en la reproducción social de la vida”. Para el centro de derechos humanos, “la violencia es un mecanismo de terror utilizado contra la población”, además de “un campo fértil para el control económico a través de negocios legales e ilegales en un marco de complicidad y aquiescencia de las autoridades en todos los niveles”.

Este fin de semana, en el Caracol Jacinto Canek, una comunidad autónoma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en San Cristóbal de las Casas, más de 700 personas se dieron cita en un evento organizado por el Congreso Nacional Indígena. Era la última parada de El Sur Resiste, una caravana que ha recorrido Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para denunciar el despojo de sus tierras, la militarización y la desigualdad que vienen de la mano con los megaproyectos que el Gobierno está ejecutando en la región, como el Tren Maya o el Corredor Transístmico. El informe del Frayba respalda sus planteamientos: “El Estado se encuentra atravesado por intereses geopolíticos y la infraestructura para su desarrollo, como proyectos turísticos, mineros, y recursos geoestratégicos de bienes naturales”.

Para conseguir sus objetivos, las autoridades recurren a “la creación y administración de tensiones y conflictos a partir del derroche económico y la imposición de nuevas formas de organización comunitarias a través de programas sociales” como Sembrando Vida, una iniciativa gubernamental que busca cubrir las necesidades alimenticias básicas mediante la agricultura. En la práctica, según el Frayba, programas como este, el Tren Maya o el Corredor “sirven para profundizar el despojo a partir de la implementación de proyectos en los pueblos y comunidades que consolidan el corporativismo territorial y tensionan las estructuras comunitarias hasta generar conflictos que permiten su administración y control territorial a partir de la fragmentación y violencia”.

Militarización y contención de migrantes

El contexto de Chiapas es también de “un proceso de profundización de la militarización que se ha consolidado como una política de Estado”. El Sur Resiste identificó a su paso por la región 147 campamentos militares ubicados en las proximidades de comunidades autónomas del EZLN. Además, la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en el territorio es constante como muro de contención de los procesos migratorios procedentes de Centro y Sudamérica. Esto provoca enormes tapones en ciudades como Tapachula, denunciada por las organizaciones de derechos humanos como una cárcel a cielo abierto de migrantes.

La situación se ha agravado en los últimos días con el anuncio del fin del Título 42, la polémica medida impuesta por Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump que permitía deportar en caliente a los migrantes que cruzaran la frontera estadounidense. Con el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus el próximo 11 de mayo, las autoridades mexicanas prevén un fuerte aumento en el tránsito de personas que tratan de llegar al norte. Los primeros efectos ya se están sintiendo estos días en la frontera sur del país, donde ha aumentado el flujo migratorio agudizando la crisis humanitaria y de hacinamiento que ya existía ante la contención militar mexicana.

Las conclusiones del informe se centran también en el desplazamiento forzado de comunidades enteras de Chiapas, “uno de los fenómenos con mayor crudeza en el Estado, presentándose de forma permanente desde 1994″. El 1 de enero de aquel año, el EZLN se alzó en armas contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari para acabar con las condiciones de miseria y explotación que sufrían —y sufren— los pueblos indígenas de México. De la mano de aquella insurrección vinieron “acciones de violencia política contrainsurgente” que se han recrudecido en los últimos tiempos, además de “la violencia generalizada que impacta por igual a los pueblos y comunidades”. Para el Frayba, esto “constituye daños irreversibles, que, por su permanencia en el tiempo y las implicaciones psicosociales, son equiparables a tratos crueles, inhumanos o degradantes, dentro de un entorno torturante”.

Con todo este contexto, los defensores de la tierra, los derechos humanos y los comunicadores que denuncian estas prácticas, viven en una situación de vulnerabilidad extrema. “Se vuelve una actividad de riesgo”. Como solución, el Frayba apuesta por fijar la mirada en el ejemplo y “las resistencias de los pueblos” que “generan las alternativas de lucha y autonomía”. “Son quienes en su andar han afinado sus posturas para la transformación social”. “Fortalecer e impulsar procesos organizativos para generar alternativas de paz y desmontar la violencia en las comunidades, en los pueblos que hoy están amenazados y en la reconstitución de comunidades y pueblos que generen sus propios horizontes de vida”, sentencia el informe.

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