Golpeados y detenidos por manifestarse contra las macrogranjas de cerdos en Yucatán

Los vecinos de la localidad de Sitilpech, en el Estado de Yucatán, no pueden abrir las ventanas de sus casas para que entre el aire de la tarde. Tampoco pueden salir a tomar el fresco. Ni ir al parque. No pueden porque, dicen literalmente, el aire huele a excrementos, las moscas se les pegan, las matas se marchitan. No se les ocurre otra forma de describir lo que pasa desde que en 2013 se instaló una macrogranja con 48.000 cerdos a tres kilómetros de su pueblo, de 1.400 habitantes, en el Estado de Yucatán. Desde entonces,...

Los vecinos de la localidad de Sitilpech, en el Estado de Yucatán, no pueden abrir las ventanas de sus casas para que entre el aire de la tarde. Tampoco pueden salir a tomar el fresco. Ni ir al parque. No pueden porque, dicen literalmente, el aire huele a excrementos, las moscas se les pegan, las matas se marchitan. No se les ocurre otra forma de describir lo que pasa desde que en 2013 se instaló una macrogranja con 48.000 cerdos a tres kilómetros de su pueblo, de 1.400 habitantes, en el Estado de Yucatán. Desde entonces, no han dejado de protestar contra la empresa que la maneja, Kekén, y sus vínculos, dicen, con el Gobierno. Por el camino, ocho activistas mayas han sido denunciados por la Fiscalía por cortar una carretera, 70 policías reprimieron un campamento conformado por una decena de mujeres y en el último episodio, cuatro jóvenes que se manifestaban contra la granja fueron detenidos por agentes sin uniforme y llevados a unas dependencias sin que se conozca, todavía, qué cargos afrontan. Las organizaciones de derechos humanos advierten de la represión que sufren las comunidades que defienden el agua y el territorio.

Todo se precipitó este miércoles. Por la mañana se dio a conocer la vinculación a proceso de ocho integrantes del colectivo Esperanza para Sitilpech, que llevan enjuiciados desde el 2021, cuando el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) los acusó de “daños a las vías de comunicación cometidos en pandilla”. Los activistas, siete hombres y una mujer, son las principales cabezas del movimiento contra la granja que, denuncian, ha contaminado el agua de sus pozos y acuíferos. Ellos fueron los primeros en arengar a los habitantes de la comunidad a unirse para protestar, explican desde la organización Kanan Derechos Humanos.

Ahora, la jueza Virginia Polanco del Segundo Distrito Judicial de Yucatán ha considerado que hay indicios suficientes para continuar con la investigación sobre los ocho activistas, pero rechazó la petición de la Fiscalía de imponerles prisión preventiva. “Lo consideró una petición desmedida al tener en cuenta que están acusados de un delito leve”, cuenta Mariana Beltrán, integrante de Kanan, que resalta que la acusación contra los activistas no proviene de Kekén, sino del propio Gobierno, encabezado por el panista Mauricio Vila. “Es el Estado prácticamente representando los intereses de la empresa”, señala Roberto Sánchez, también integrante de Kanan, que ofrece asesoramiento a la comunidad. El delito del que se acusa a los activistas contempla penas de hasta cinco años de prisión.

En la tarde, en apoyo a los activistas juzgados y con motivo del Día Internacional del Agua, varios colectivos se unieron para hacer una marcha en Mérida, la capital del Estado. La manifestación, de unas 500 personas, discurría tranquila. “Era muy pacífica, hubo intervenciones artísticas, gente cantando… Representantes de 12 comunidades de toda la península. Fue muy esperanzador. No hubo incidentes de ningún tipo”, señala Beltrán.

Al terminar la concentración, sobre la calle 60, una de las avenidas principales de Mérida, tres vehículos —una camioneta blanca y dos coches oscuros— se detuvieron y bajaron a una decena de individuos sin uniforme que trataron de llevarse a un par de personas. Todo el mundo alrededor empezó a grabar. “Se quieren llevar a los que protestaban en contra de Kekén. ¡Están en vivo! ¡Suéltala ya!”, se oye en uno de los videos, mientras se ve a personas sometidas en el suelo.

Los gritos continúan en todas las imágenes: “Que suelte a la persona, carajo, que lo suelte, ¿por qué los están agarrando?”, “los están levantando, se los están llevando”, “suéltenlo, lo van a lastimar”. También se escuchan los alaridos de las personas en el asfalto: “¡Ayuda, suéltenme, no puedo respirar!”, y se observa como, justo después, quien pide socorro recibe un puñetazo.

La escena termina con los tres vehículos marchándose con las personas detenidas. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán publica en redes sociales que han arrestado a cuatro personas durante la marcha, dos hombres y dos mujeres, por “incurrir en actos de violencia y pintas a predios particulares y oficiales”. Fueron detenidos, dice el comunicado, por su “probable responsabilidad en los daños ocasionados y en las agresiones contra servidores públicos”. Uno de los agentes, apunta la dependencia, “fue severamente golpeado y trasladado a un hospital”.

En los videos se observa como alguno de los detenidos se revuelve y trata de soltarse mientras estaba siendo detenido. “Entiendo que les quieren imputar la agresión al policía, pero los agentes no estaban identificados, los jóvenes pensaron que los estaban secuestrando”, señala Roberto Sánchez. En ningún momento del arresto grabado se aprecia alguna identificación policial: ni en los vehículos ni en la decena de agentes que inmovilizaron, golpearon y, finalmente, se llevaron a los jóvenes. “Es claramente una detención arbitraria”, incide Sánchez.

Hasta esta mañana no se supo dónde estaban Alexis Sebastián Navarrete, de 24 años, Sofía Caballero, de 25, Andreu Ortiz, de 30, y Dafne Aguilar, de 35. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en su conferencia matutina de este jueves que se comprometía a informar de su paradero y que no se iba a permitir la represión. Al cierre de este reportaje no se conoce qué delitos les imputan. La Fiscalía de Yucatán ha rechazado contestar a las preguntas de este periódico.

“Lo que más nos preocupa es el mensaje aleccionador que quiere mandar el Estado: revela qué intereses está cuidando y para quién trabaja”, señala Roberto Sánchez. En esa misma línea, Mariana Beltrán apunta que no es un mensaje solo para Sitilpech, sino “para todos los pueblos mayas que luchan contra la ocupación de su territorio frente al Tren Maya, los parques eólicos, los intereses inmobiliarios o la industria porcícola”: “A todos ellos, el Estado los criminaliza y les lanza todo su aparato”.

Los purines de los cerdos (excrementos mezclados con agua) se han convertido en la nueva amenaza para el agua de la península de Yucatán. Agujereado como un queso gruyere, la península tiene todo un sistema de cuevas de agua subterránea interconectadas, que dan lugar a los turísticos cenotes. Frente a ese paraíso se han interpuesto las macrogranjas. Yucatán se ha convertido en el tercer productor de cerdo del país y en ese Estado hay unas 222 explotaciones de cría porcina. Por su alimentación, los cerdos no metabolizan ciertos nutrientes y excretan en heces y orina grandes cantidades de nitrógeno, fósforo y contaminantes para el suelo y las aguas. Los habitantes de Siltepech se dieron cuenta cuando, después de cultivar la milpa, agarraban agua del pozo para prepararse un pozol y vieron que “sabía feo”. Pese al episodio de ayer, la comunidad no va a parar en su lucha: para ellos la única solución consiste en que Kekén abandone su pueblo.

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