“El coronel no puede mancharse”: los enigmas del alto mando del Ejército encarcelado por el ‘caso Ayotzinapa’

José Rodríguez es un venerable señor de unos 70 años que hace cuatro se jubiló tras décadas de trabajo duro sin una mancha en el expediente. Desde entonces, Rodríguez pasaba los días de merecido descanso jugando con sus nietos. Hasta que a principios de septiembre, un desafortunado malentendido le colocó en la diana de la Justicia y, en un gesto de buena fe, decidió entregarse voluntariamente para responder a unas acusaciones por delincuencia organizada.

Este es el único relato que se conoce en México de la biografía del ...

José Rodríguez es un venerable señor de unos 70 años que hace cuatro se jubiló tras décadas de trabajo duro sin una mancha en el expediente. Desde entonces, Rodríguez pasaba los días de merecido descanso jugando con sus nietos. Hasta que a principios de septiembre, un desafortunado malentendido le colocó en la diana de la Justicia y, en un gesto de buena fe, decidió entregarse voluntariamente para responder a unas acusaciones por delincuencia organizada.

Este es el único relato que se conoce en México de la biografía del general Rodríguez, el militar de más alto rango procesado por el caso Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes hace ocho años es uno de los episodios más traumáticos en la historia reciente del país. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha liderado una revisión a fondo del caso, lo califica como un “crimen de Estado”, lo que ha provocado un fuerte revuelo por los rincones del poder mexicano.

Antes de retirarse, Rodríguez era el comandante del 27 batallón de Infantería de Iguala, la ciudad donde sucedieron los hechos. Es decir, el jefe del cuartel con cientos de soldados a su cargo. Algunos de los cuales, también están encarcelados por presuntamente participar en la desaparición de los estudiantes en una alianza macabra con la delincuencia organizada.

Los pocos y blancos detalles que han trascendido sobre el general vienen de una entrevista publicada este semana en la prensa mexicana. Desde la sala de visitas de un penal militar, el general lo niega todo: “No hay pruebas”, “lo supe después”, “la institución me está apoyando”. La entrevista además ha ido envolviéndose cada vez en más polémica debido a que las respuestas del general fueron amplificadas por los canales oficiales del Ejército casi a modo de información corporativa.

El cerco de protección y la opacidad en torno al general es máximo. Hasta el punto de que no existen fotografías disponibles de Rodríguez, y algunos medios han publicado por error el retrato del militar que no era. Rodríguez ha sido acusado en concreto de ser el autor intelectual del asesinato de seis de los 43 estudiantes. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha liderado la comisión presidencial que investiga el caso en paralelo a los tribunales, anunció que Rodríguez estuvo en todo momento en contacto con los criminales.

Más detallado todavía: el militar mantuvo a una parte de los muchachos cautivos durante días y el 30 de septiembre ordenó su asesinato. Son las acusaciones más graves contra el Ejército mexicano en décadas, solo comparables a las atrocidades cometidas durante la Guerra Sucia de los setenta. Con la diferencia de que esta vez no se trata de ninguna oscura conspiración con fines políticos. La causa detrás del horror sería ahora el dinero corrupto del narco.

Su defensa concentra la estrategia en presentar las acusaciones en su contra como un artificio basado exclusivamente en las declaraciones de un solo testigo. En concreto, uno de los sicarios de la banda criminal implicada, Guerreros Unidos. Detenido en 2015 pero liberado después tras haber demostrado torturas por parte de la policía, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, lleva acogido desde 2020 a una figura parecida a la del testigo colaborador protegido de la Fiscalía.

Frente a lo alegado por su defensa, la investigación de la comisión recoge sin embargo declaraciones de más miembros de la banda criminal que señalan al general Rodríguez. Los detalles provienen por una parte de la intervención de llamadas a cargo de la Fiscalía y la Guardia Nacional. Y por otro, de casi 500 capturas de pantalla de mensaje de WhatsApp recibidos en los teléfonos “de cinco de los presuntos actores dentro de los 35 personajes involucrados en el caso”, apunta el informe. De acuerdo a esos mensajes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, al menos cuatro presuntos sicarios identificados como el Chino, el Chango, la Gorda y el Negro mencionan a la figura del general o incluso mantienen comunicación directa con él.

“Nosotros vamos a limpiar todo”

En las comunicaciones interceptadas, Rodríguez es identificado presuntamente como el Coronel. En su entrevista en la prensa afirma que ellos no intervinieron aquella noche del 26 de septiembre hasta que fueron informados de que “había gente armada en un hospital”. Para entonces los muchachos ya habían llegado a Iguala y habían secuestrado tres autobuses en la terminal municipal. Pretendían viajar a la marcha del 2 de octubre en la capital. Pero nunca llegaron a Ciudad de México porque fueron interceptados en distintos puntos de la ciudad de Iguala por la alianza criminal de policías y sicarios, que supuestamente los confundió con miembros de una banda rival.

Según sus propias declaraciones, Rodríguez, envía a un contingente especial de militares al hospital, la llamada fuerza de reacción. Pero antes de acudir a ese punto, el responsable del equipo especial, el capitán de infantería José Martínez Crespo, pasa por algunos de los escenarios de los ataques. Identificado en los mensajes como capitán Crespo, a las 11.27 de la noche se comunica con uno de los sicarios, el Chino, para decirle que va “a la base municipal a checar si hay estudiantes detenidos”. Media hora después confirma que “en base municipal no hallamos a nadie y los camiones los checamos a fondo”.

Pocos minutos después, y en otro punto de la ciudad donde sucedieron más ataques, el capitán Crespo avisa de nuevo por mensaje al Chino que “hay dos pendejos estudiantes tirados aquí en Álvarez esquina. Ya están casi muertos. Los voy a dejar que se mueran solos aquí, que los custodien y luego ya damos parte”. Estas dos comunicaciones son las primeras que respaldarían la versión de los lazos entre, al menos parte del Ejército, y la banda criminal. Así como el delito flagrante de omisión de socorro. El capitán José Martínez Crespo fue uno de los primeros militares detenidos y desde noviembre de 2019, permanece en prisión por presuntos vínculos con Guerreros Unidos.

A las 6 de la mañana “se termina nuestro trabajo”, según cuenta el general en su entrevista. Sin embargo, dos días después de los hechos, el 28 de septiembre, varias comunicaciones entre los sicarios apuntan a una participación más profunda del 27 Batallón de Iguala y en particular del Coronel, supuesto alias de Rodríguez. “Las órdenes vienen desde México de arriba que limpien todo y hacer todo a su manera y colgarse la medalla”, se lee textualmente en los mensajes en relación a una trama supuestamente orquestada por diferentes estamentos del poder mexicano, desde la Fiscalía, policías, poder municipal y militares. Como conclusión, los sicarios parecen preocupados de que ellos acaben siendo los que paguen por todo: “El coronel y su gente no pueden mancharse”.

Ese mismo día el capitán Crespo le dice al Chino que “no se apure” porque “al campo militar no entra nadie. Ya al rato vemos donde los echamos, ya mandé limpiar algunas cosas”. Este mensaje abonaría la hipótesis de que, al menos, algunos de los cadáveres habrían podido ser escondidos dentro del cuartel militar del 27 Batallón de Iguala, cuya máxima autoridad en aquel momento era el general Rodríguez. Al día siguiente, en otro de los mensajes, el Chino le dice a la Gorda que un halcón vio al Negro entrar en el cuartel con el jefe militar: “Vieron al Negro con el Coronel y que iban como si nada. Me dijo el paletero que se metió ahí, al 27″.

El informe de la comisión presidencial recoge incluso pantallazos de mensajes que el general Rodríguez habría enviado directamente al teléfono de uno de los sicarios. El 30 de septiembre, cuatro días después de los hechos, discute con el Chino por lo que parecen diferencias en el pago del dinero acordado por colaborar en el crimen. “Todos tuvimos en el entierro pero que pague lo que prometió. No se quiera pasar de verga”.

Esa conversación parece concluir, sin embargo, en un acuerdo. El militar le dice que ellos se ocuparán de “limpiar todo” y también de los seis estudiantes que permanecían, según la misma narrativa derivada de la reconstrucción de los hechos, secuestrados en una bodega: “De esos ya nos encargamos nosotros”, responde el general.

En plena ebullición de informaciones y novedades sobre el caso Ayotizinapa, esta misma semana el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el suceso (GIEI) publicó también sus conclusiones. Los expertos internacionales ponen en duda la veracidad de los mensajes recabados por la comisión, a falta de momento de un peritaje digital a fondo. Pero a la vez, el GIEI ha revelado otros mensajes recopilados por la oficina de la DEA en Chicago, que ha investigado el trasiego de drogas de Iguala a EE UU, organizado por Guerrero Unidos y su red durante la última década. Y la conclusión de estas nuevas comunicaciones intervenidas sigue la misma línea: una alianza corrupta entre los criminales y el Ejército, la Marina, la policía y los políticos municipales.

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