Tecoltemi quiere dejar de ser minera

El ejido de Tecoltemi bulle de un nerviosismo inusual. Parece temporada de cosecha, aunque los tallos de maíz están secos desde hace meses. No es eso. Don Leoncio Lobato está afinando el violín nuevo y solo puede significar que algo importante se prepara. Otros ejidatarios buscan las pancartas de ‘No a la mina’, guardadas en alguna bodega que nadie consigue localizar. “¿Dónde se quedaron?”, se preguntan, mientras Alejandro Rivera ensaya en silencio un discurso que ha aprendido de memoria y que empieza por: “Señor ministro, de la manera más atenta…”.

En unas horas, Rivera, Lobato y sus c...

El ejido de Tecoltemi bulle de un nerviosismo inusual. Parece temporada de cosecha, aunque los tallos de maíz están secos desde hace meses. No es eso. Don Leoncio Lobato está afinando el violín nuevo y solo puede significar que algo importante se prepara. Otros ejidatarios buscan las pancartas de ‘No a la mina’, guardadas en alguna bodega que nadie consigue localizar. “¿Dónde se quedaron?”, se preguntan, mientras Alejandro Rivera ensaya en silencio un discurso que ha aprendido de memoria y que empieza por: “Señor ministro, de la manera más atenta…”.

En unas horas, Rivera, Lobato y sus compañeros del comisariado ejidal tienen una audiencia previa por zoom con Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de México responsable de su caso. Han instalado una mesita para la computadora bajo una lona azul, en un cerro rodeado de nopales cercano al pueblo. Quieren que el ministro vea en su pantalla el paisaje rugoso de este rincón del Estado de Puebla. De eso va el juicio que iniciaron hace casi siete años; de la tierra maciza y sedienta que alimenta la comunidad y que creen amenazada por el proyecto de una mina.

Instancia tras instancia, recurso tras recurso, el nombre de Tecoltemi, un ejido de apenas 300 personas, ha penetrado por fin los salones de la Suprema Corte. El máximo tribunal tiene que decidir si cancela dos concesiones de 14.229 hectáreas otorgadas por el Gobierno en 2003 y 2009 a la canadiense Almaden Minerals y si, además, declara inconstitucionales algunos artículos de la Ley Minera por violar los derechos de los pueblos indígenas. La discusión estaba prevista para este miércoles pero ha sido aplazada, sin que todavía haya nueva fecha. El caso puede sentar un precedente y ha atrapado la atención del Gobierno y del sector.

El camino legal ha sido tortuoso, casi tanto como la pista de terracería que serpentea cuesta arriba hasta el ejido. Nadie avisó a los campesinos de Tecoltemi de que su territorio estaba siendo concesionado ni de que pronto podrían ser vecinos de una mina a cielo abierto. Empezaron a sospechar algo al ver unos helicópteros amarillos sobrevolar la sierra.

Los ejidatarios tuvieron que presentar una solicitud pública de información para poder salir de dudas. La respuesta llegó en 2015, 12 años después de que el Gobierno otorgara el primer permiso. Y, efectivamente, por el territorio de Tecoltemi cruzaban dos concesiones con una vigencia de 50 años, prorrogables hasta los 100. “Nadie nos preguntó. Todo se estaba haciendo en oculto”, señala con voz grave Lobato, campesino y violinista aficionado de 72 años, bien abrigado con cuatro capas de ropa para que no se le meta el frío. El suyo es uno de los tres nombres que aparecen en la demanda de amparo contra el Gobierno en representación de la comunidad.

Almaden Minerals, con sede en la ciudad de Vancouver, en Canadá, inició los trabajos de prospección en 2001 pero no fue hasta 2018 que se confirmó el potencial: 73 millones de toneladas de mineral, que incluían oro y plata. El foco de interés eran 466 hectáreas, a unos kilómetros de Tecoltemi. Allí se abriría un tajo de 400 metros de profundidad.

Resolverlo a las malas o por la “vía tranquila”. Al principio, Margarito Díaz, campesino de 65 años, dudó. Cuando recibieron la respuesta a la solicitud de información, los ejidatarios se reunieron al lado de la escuela, un edificio de concreto pintado de blanco, para decidir qué hacer. “Muchos le tenían miedo a enfrentarse con las autoridades, pero con el apoyo de las abogadas la gente tuvo más valor”, recuerda Díaz. Después de unas tres horas de debate, votaron a mano alzada y se impuso la solución del amparo.

El camino a la Suprema Corte

La clave del caso es la falta de consulta previa. México ha firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al Gobierno a consultar a los pueblos indígenas antes de llevar a cabo proyectos que les afecten. La Constitución mexicana también reconoce ese derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía no lo hizo antes de otorgar las concesiones. La dependencia adujo durante el juicio de primera instancia que la Ley Minera no le obligaba a realizarla y que, de todas formas, la población no acreditaba su vinculación con el territorio, afirma Itzel Silva, de la organización Fundar, una de las abogadas de Tecoltemi.

Almaden ha retomado la polémica tesis de la escasa presencia indígena. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada por la minera en 2019, menciona que, según cifras oficiales, solo un 2,3% de la población es indígena en el “área de influencia” del proyecto. En el trabajo de campo, “únicamente se identificó a una mujer adulta mayor en la localidad de Zacatepec, quien a pesar de conocer la lengua náhuatl, ya no la practica, y considera no tener autoadscripción a ninguna etnia indígena”, reza el documento.

Tecoltemi, que forma parte de la concesión pero no del “área de influencia” del proyecto, se afirma indígena aunque el náhuatl lleve décadas en declive. Los mayores se lo oyeron a sus abuelos y aún lo chapurrean; pueden saludar con un ‘¿cómo amaneciste?’ en el idioma de sus ancestros. Los jóvenes ya no. “Uno se adapta a la modernidad. El vestuario tampoco lo traemos indígena porque no se consigue el material. Eso no quiere decir que no seamos parte de un pueblo originario”, apunta Raymundo Romero, campesino de 36 años que viste con una camisa a cuadros y que habla con fascinación sobre los placeres del campo. “Nunca me llamó la atención la ciudad”.

Además de la cancelación de las concesiones por la falta de consulta, el amparo reclama la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Minera, entre ellos el que establece que esta actividad es “preferente sobre cualquier otro uso del terreno”. Una especie de cheque en blanco. “La ley facilita la entrega de los territorios a las empresas. Es un marco legal específicamente creado para quitarles obstáculos”, asegura Silva, responsable de la denuncia junto a Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali. “El caso se puede convertir en una herramienta para los pueblos que están dando batalla”. Actualmente, el 8,6% del país está concesionado a mineras. Equivale aproximadamente a la superficie de Costa Rica y Guatemala juntas.

Después de que la jueza de primera instancia admitiera a trámite el amparo, la empresa intentó renunciar al pedazo de concesión que correspondía a Tecoltemi, una estratagema para que el juicio quedara sin sustento. Tampoco perdía nada porque el foco de su exploración estaba a unos kilómetros de la comunidad. Un tribunal colegiado, sin embargo, rechazó la petición porque ya existía una suspensión judicial sobre la concesión. Así, el caso ha podido avanzar hasta el máximo tribunal.

Si, como propone el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su proyecto de sentencia, se cancela la concesión, sería la primera decisión de este tipo que toma el máximo tribunal, según las abogadas de Tecoltemi. Por otro lado, la Suprema Corte ha evitado, hasta ahora, entrar al fondo de la constitucionalidad de la Ley Minera y Pardo Rebolledo tampoco lo hace en este caso. El ministro esgrime la facultad del Estado para decidir sobre los recursos naturales y restringir “bajo ciertas condiciones” los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad.

Tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Cámara Minera siguen el proceso con atención. La semana pasada la dependencia federal pidió a los ministros que atendieran los reclamos contra la constitucionalidad de la ley. Las declaraciones no han sentado bien en el sector. “Hemos visto intentos de dar línea aunque sean poderes separados”, dice el presidente de la Cámara José Jaime Gutiérrez, y añade sobre la posible cancelación de concesiones: “Generaría una desconfianza tremenda en el inversionista”.

En los últimos 10 años, México ha caído 22 puestos en el índice mundial que mide su atractivo para el sector, aunque se mantiene como segundo mayor destino de inversión en exploración minera de América Latina. Para evitar confusiones, la Cámara reclama a las autoridades que reglamenten quién es indígena y cuándo se debe hacer la consulta. El sector defiende que sea al finalizar la fase de exploración y no antes de otorgar concesiones, un planteamiento rechazado por los movimientos sociales.

El miedo a quedarse sin agua

“Derecho al agua y a la vi...”, dice en grandes letras turquesas una pintada en la fachada de Raymundo Romero. Durante la campaña, un partido político dibujó sus siglas encima sin pedir permiso y borró algunas letras. “Hay que volverlo a pintar”, reconoce el campesino. Siete palabras que son el estandarte del ejido.

Detrás del amparo y de la lucha legal de Tecoltemi, está el miedo a la sequía. Es lo que preocupa, más que el uso de cianuro de sodio para separar el oro o las explosiones con dinamita para abrir brecha. El ejido batalló durante décadas para lograr agua potable; sus habitantes tuvieron que conseguir los permisos de un manantial y excavar ocho kilómetros de zanja para la tubería. Aún hoy, hay semanas durante la época seca en que tienen que ir a buscar agua a los barrancos con tinacos.

Leoncio Lobato recorre el campo de maíz frente a su casa. Quedan algunos tallos secos aplastados contra la tierra, los restos de la cosecha del año pasado. La lluvia no acompañó y sacaron 800 kilos de maíz en vez de las tres o cuatro toneladas habituales. “El maíz creció hasta aquí”, dice y señala por las rodillas. “Se lo dimos a los animales. Tenemos miedo de que la mina nos quite la poca agua que tenemos. Todo campesino lucha por la misma razón”.

Almaden asegura que se va abastecer principalmente de agua de lluvia y de laboreo -la que se encontraría durante la construcción-, aunque el vicepresidente de Minera Gorrión, filial de la canadiense, Daniel Santamaría reconoce que “toda actividad industrial tiene un impacto”. “El manto acuífero sería mínimamente afectado. El chiste es que podamos presentar un impacto estudiado que pueda ser mitigado”, explica. “Es un proyecto muy vanguardista”.

La Secretaría de Medio Ambiente ha señalado que las estimaciones de necesidad de agua de la minera solo cubren 12 años del proyecto, no los 14,5 de vida útil. Es uno de los detalles que llevaron a la Secretaría a rechazar la MIA a finales de 2020, lo que impide a la empresa pasar a la fase de explotación. “La veracidad de la información resulta cuestionable”, afirmó la dependencia. Almaden no se rinde y asegura que enviará un nuevo estudio este año, aunque una sentencia desfavorable de la Suprema Corte prácticamente enterraría el proyecto.

La empresa ha intentado ganarse a los pueblos más cercanos a la futura mina. En la plaza principal de Santa María, Almaden ha abierto un módulo de información en una antigua bodega impecablemente rehabilitada. Despide un aire a Ayuntamiento. Un buzón de metal invita a dejar “inconformidades”. Dentro, una pared entera luce recubierta de fotos de habitantes de la región que posan sonrientes frente a minas de cielo abierto en otros Estados del país. Visitas cortesía de Almaden. “Es normal que la gente tenga ciertas preocupaciones sobre un proyecto como este. Nuestro trabajo es informar”, explica Santamaría.

El pueblo y sus alrededores llevan el sello de la minera. La empresa ha ayudado, entre otras cosas, a restaurar el techo de la iglesia, a instalar varandas en la escuela, a levantar un reservorio de agua para los agricultores. “La clínica no tenía tanques de oxígeno y la minera nos apoyó. Quisiéramos más ayudas pero, como dicen ellos, no están produciendo”, dice Claudia Herrera, trabajadora de una tienda de abarrotes.

Hace poco, Herrera visitó con la empresa una fábrica de explosivos, y antes su hija asistió a campamentos de verano, también organizados por la minera, donde les enseñan a sembrar árboles. “¡Estuvo padre!”, dice la adolescente desde el contador. Por la ventana del negocio, detrás del estante de las papas, se ve el cerro chaparro y árido donde Almaden quiere empezar a excavar y que estima podría dar trabajo a unas 420 personas durante la operación. Una bolsa de empleo que Herrera ve con agrado en un municipio, el de Ixtacamaxtitlán -que engloba a Santa María y a Tecoltemi-, con el 75% de sus poco más de 26.000 habitantes en pobreza.

En Tecoltemi, Leoncio Lobato no quiere saber nada de campamentos de verano ni de promesas de empleo. “Buscan que les des la mano para que te tomen hasta la pata. La mina va a necesitar gente de conocimiento que esté capacitada para ir a hacer las explosiones, dinamitar los cerros. Uno desconoce eso”. Lo suyo, dice pisando la milpa, es la tierra. “Ojalá la Suprema Corte nos escuche”.

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