La Fiscalía cierra el ‘caso Tlatlaya’ tras interrogar a un general presente en el lugar de las ejecuciones

Por primera vez en seis años, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agustín Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados al caso Tlatlaya, el escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de México en 2014. Hasta ahora, la Fiscalía había impedido que los letrados les tomaran declaración, pero su insistencia ha dado fruto y ha obligado a cuatro generales, un cabo y un soldado a contestar preguntas. Sus respuestas abren nuevos interrogantes sobre el papel de los generales en el caso y actualizan una vieja pregunta: ¿baj...

Por primera vez en seis años, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agustín Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados al caso Tlatlaya, el escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de México en 2014. Hasta ahora, la Fiscalía había impedido que los letrados les tomaran declaración, pero su insistencia ha dado fruto y ha obligado a cuatro generales, un cabo y un soldado a contestar preguntas. Sus respuestas abren nuevos interrogantes sobre el papel de los generales en el caso y actualizan una vieja pregunta: ¿bajo qué tipo de órdenes actuó el Ejército en esa parte de México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto?

La mala noticia para los abogados, que defienden a una de las víctimas indirectas del caso, es que la Fiscalía dio por cerrado el proceso apenas los generales terminaron de declarar. Los interrogatorios se celebraron el 29 de septiembre en las instalaciones del Ejército en Ciudad de México. Tres días después, el fiscal informó de que tras analizar la información no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie. A día de hoy, ni uno solo de los militares implicados directa o indirectamente en el caso está en prisión. Los abogados han anunciado que recurrirán el cierre del caso.

Las declaraciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que el encargado del Ejército en el sur del Estado de México, el general José Luis Sánchez León, supo de lo ocurrido desde las primeras horas de la mañana del 30 de junio de 2014, poco después de las ejecuciones. Hasta ahora, el general había dicho que aquel día estaba de vacaciones y que solo supo de lo ocurrido por partes informativos. Sánchez León, que ascendió a general de división de la mano del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hoy preso en Estados Unidos a la espera de un juicio por narcotráfico, reconoce además que estuvo en el lugar de los hechos el mismo día en que ocurrieron. Su presencia allí se desconocía hasta ahora.

Todavía hoy, el papel que jugaron los mandos en el caso Tlatlaya sigue envuelto en una densa bruma. En la madrugada del 30 de junio de 2014, un convoy de ocho militares se enfrentó a tiros con un grupo de civiles armados en una comunidad de este municipio. Aunque el Ejército defendió que se había tratado de un enfrentamiento, las investigaciones de la fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyeron que los militares habían ejecutado a parte de los civiles tras la refriega. En total, murieron 22 personas, todos civiles. Según la cuenta de la Fiscalía, los militares asesinaron a ocho después del tiroteo inicial. La CNDH elevó esa cifra a entre 12 y 15.

La presencia de Sánchez León en el lugar de los hechos supone un giro importante y abre preguntas sobre las decisiones que tomó o dejó de tomar aquel día, a la luz de lo ocurrido durante la madrugada. Y más teniendo en cuenta que una de las acusaciones de la Fiscalía contra parte de los soldados implicados en el tiroteo era que habían alterado la escena del crimen.

Caso parecido al de Sánchez León es el del comandante del cuartel al que pertenecían los soldados implicados directamente en las ejecuciones, el 102 Batallón de Infantería. Se trata del general Raúl Castro, que entonces era coronel. Castro ascendió también durante el mandato de Cienfuegos. A preguntas de los abogados, Castro dijo por primera vez que él llegó a las 7.30 de la mañana al lugar de los hechos, una bodega a medio construir junto a un camino de tierra. Hasta ahora no se sabía la hora.

El hecho de que Castro y Sánchez León supieran lo que ocurría desde temprano —la misma presencia de Castro en la bodega en las primeras horas de la mañana— resulta importante, vistas las declaraciones de las testigos. Tres mujeres estaban en la bodega aquella noche, cuando sucedieron los hechos. De hecho, una de ellas, Clara Gómez, fue la que denunció las ejecuciones cometidas por los soldados meses después de que ocurrieran, negando la versión de la Secretaría de Defensa. Los abogados explican que “de acuerdo con los testimonios de las testigos, asentados en la recomendación 21/2014 de la CNDH, se privó arbitrariamente de la vida a personas ‘cuando ya había luz del día’, es decir, cuando el general Sánchez León ya tenía conocimiento de lo ocurrido”.

Otro de los puntos importantes de los interrogatorios alude a la orden bajo la que actuaron los militares involucrados directamente en los hechos. El 11 de junio de 2014, el segundo comandante del batallón al que pertenecían estos soldados firmó una “orden de relevo”, en que se les ordenaba trasladarse a un cuartel satélite y se les daba directrices sobre cómo actuar. Una de las directrices decía: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta orden estaba vigente el día de las ejecuciones.

Hasta ahora había dos versiones sobre el origen y el alcance de la orden. En declaraciones previas, rendidas ante fiscales sin presencia de abogados civiles, Sánchez León y Castro defendían que había habido un error en la redacción de la orden. En realidad, debía decir “abatir los índices delincuenciales”. Por otro lado, el segundo comandante del batallón, Sandro Díaz, que firmó en su día la orden, y el cabo oficinista Daniel Marín, encargado de su elaboración, dijeron que la orden en realidad se había copiado de un “machote”, un borrador. Nada más había que bajar el borrador, dijo Díaz en su declaración en 2016 ante los fiscales: “Únicamente le cambian la fecha, destinatario, el área de operaciones que se van a trabajar y el cuerpo del documento queda intacto”.

En los interrogatorios del 29 de septiembre, los abogados le preguntaron a Marín si se había usado antes el borrador. Y Marín contestó, “supongo que sí, ya que es el único que estaba establecido”. Marín añadió que era un formato que estaba en una computadora del cuartel. “Esto”, explican los abogados, “coincide con la declaración de Sandro Díaz, en la cual mostró al Agente del Ministerio Público diversas órdenes que contenían la misma redacción, sin que estas se hayan integrado en el expediente”.

Pese a las dudas sobre la orden, el Ejército se ha negado a informar cuántas veces se ha usado, en qué circunstancias, o en qué regiones. Y sobre todo, si durante la prevalencia de la orden ocurrieron eventos similares al de Tlatlaya. Ajenas al expediente, las órdenes que presentó Díaz podrían ser iguales a la de Tlatlaya, como él mismo dijo o, por el contrario, seguir la tesis que defendieron Sánchez León y Castro: el enunciado de la orden de esta localidad era en realidad un error.

Los abogados tuvieron la oportunidad de interrogar también al general Jaime Godínez, hoy retirado. Godínez era el militar de mayor rango en la cadena de mando el día de los hechos, comandante de la Primera Región Militar, la misma que años antes comandó el general Salvador Cienfuegos. Los letrados quisieron entender qué actitud deben mostrar los soldados ante órdenes como la que estaba vigente el 30 de junio de 2014. “Si no se cumplen las órdenes es un delito, es un delito militar no obedecer”, contestó.

Muchos interrogantes siguen abiertos en el caso Tlatlaya, en parte por la falta de diligencia de la Fiscalía, que primero dejó escapar las acusaciones contra los soldados vinculados directamente a las ejecuciones y ahora ha cerrado la investigación sin acabar de explorar la cadena de mando. El otro actor responsable de la falta de respuestas es la Secretaría de Defensa, que ha evitado divulgar información clave para reconstruir los días anteriores y las horas posteriores a las ejecuciones. Los abogados denuncian que el Ejército aún no ha entregado radiogramas, bitácoras, fatigas, partes informativos y pases de lista de aquellos días. El recurso que anuncian los abogados o el eventual amparo que podrían presentar si el recurso falla podría abrir la puerta a la obtención de toda esta información.