Un juez de Pensilvania califica el argumentario legal de Trump de “el monstruo de Frankenstein”

La del sábado por la noche, en un juzgado federal de Pensilvania, fue algo más que una nueva derrota de las que ya colecciona Donald Trump en su cruzada por revertir las elecciones que le convirtieron, el pasado 3 de noviembre, en un presidente de un solo mandato. El fracaso del argumentario que el juez comparó con “el monstruo de Frankenstein” prácticamente agota la vía judicial. Y ha hecho a algunos senadores republicanos romper su silencio e incluso hablar de “ve...

La del sábado por la noche, en un juzgado federal de Pensilvania, fue algo más que una nueva derrota de las que ya colecciona Donald Trump en su cruzada por revertir las elecciones que le convirtieron, el pasado 3 de noviembre, en un presidente de un solo mandato. El fracaso del argumentario que el juez comparó con “el monstruo de Frankenstein” prácticamente agota la vía judicial. Y ha hecho a algunos senadores republicanos romper su silencio e incluso hablar de “vergüenza nacional”. Pero el presidente, cada día un poco más solo, no ceja en su insólito empeño.

Al menos por tres motivos, la derrota en Pensilvania tiene un regusto a definitiva. Primero, por el tono contundente, si no humillante, que empleó en la redacción de su escrito de 37 páginas el juez federal Matthew Brann, registrado como republicano y ex miembro de la muy conservadora Sociedad Federalista. Para que pudiera siquiera plantearse privar del derecho al voto a casi siete millones de ciudadanos, como venía a pedir la campaña de Trump, deberían haber acudido “armados con argumentos legales convincentes y pruebas factuales de corrupción rampante”. En lugar de eso, explica el juez, la campaña aportó solo “argumentos legales torcidos sin mérito y acusaciones especulativas”. Los abogados, añade Brann, han apañado un argumentario que es “como el monstruo de Frankenstein”.

Segundo, por el hecho de que Pensilvania, donde Biden se impuso por 81.000 votos y que está previsto que certifique sus resultados este mismo lunes, era algo así como el premio gordo de la ofensiva en los tribunales. La derrota en el Estado, sumada a las que ya ha sufrido la campaña en Michigan, Georgia, Nevada, Arizona y Wisconsin, prácticamente cierra la vía judicial para impugnar los resultados de una elección que Trump perdió por seis millones de votos. Y tercero, porque la derrota en Pensilvania ha llevado a algunos republicanos de peso a romper un silencio que ya estaba siendo ensordecedor.

Es el caso de Patrick Toomey, senador precisamente por Pensilvania, que dijo en un comunicado que el presidente Trump “ha agotado todas las opciones legales plausibles” y que el resultado del desafío “confirma que Joe Biden ganó las elecciones de 2020”. Toomey felicitó al presidente electo Biden y pidió a Trump que acepte el resultado y que “ayude a unir el país”. Más lejos fue aún el senador Chris Christie, también aliado de Trump, que dijo que es hora de comenzar la transición y que el equipo de abogados de Trump, liderado por Rudy Giuliani, es “una vergüenza nacional”. “Denuncian fraude cuando están fuera del juzgado, pero cuando están dentro no lo declaran ni lo argumentan”, explicó. “No podemos seguir actuando como si hubiera pasado algo que no pasó”.

Pero eso es exactamente lo que está haciendo Donald Trump. Dijo en Twitter que recurrirá la decisión del juez. Y pidió a los legisladores estatales, de la manera más explícita en que lo ha formulado hasta la fecha, que tengan el “coraje” para intervenir y, traicionando el sentido del voto de los ciudadanos, colocar partidarios de Trump en el colegio electoral que el próximo 14 de diciembre debe elegir al próximo presidente. Un insólito intento de subvertir directamente el resultado electoral que, según los expertos, tiene tan pocas posibilidades de prosperar como la vía judicial que ya agoniza.

Hasta ahora, los legisladores republicanos de los Estados donde Trump centra su batalla han mostrado poca o nula disposición a cooperar en ese extraordinario asalto al poder. Ni en Arizona, ni en Georgia, ni en la propia Pensilvania, donde los más altos legisladores estatales recordaron que su papel, según la ley, no es decidir quién obtiene los votos electorales del Estado, sino que “es el voto popular el que los elige”.

Tampoco abandona el presidente la tercera vía, igualmente condenada al fracaso: la de impugnar los recuentos en Estados con resultados ajustados. El sábado pidieron un tercer recuento en Georgia, después de que un segundo escrutinio de cinco millones de votos, realizado a mano durante toda una semana, el mayor recuento manual en la historia de Estados Unidos, volviera a certificar el viernes la victoria de Biden por 12.000 votos. Pero como el margen sigue siendo inferior al 0,5%, el perdedor tiene derecho a solicitar un tercer recuento, y así lo ha hecho. Este se realizará escaneando los votos que ya se contaron a mano. La ley de Georgia determina que el costo del recuento, en particular los honorarios de los funcionarios que llevan contando votos sin parar desde el 3 de noviembre, no lo asume la campaña que lo solicita sino los contribuyentes.

Suscríbase aquí a la newsletter sobre las elecciones en Estados Unidos