Naciones Unidas pagó 11 millones de dólares a una empresa de seguridad de los servicios secretos de El Asad

La oficina de Shorouk for Protection, Guarding and Security Services se encuentra al final de un pasillo sin iluminación, casi escondido en la cuarta planta de un anodino centro comercial de Damasco. Un cartel informa a los visitantes de que el pasillo está vigilado por cámaras.

No se trata de una empresa de seguridad cualquiera. La Organización de Naciones Unidas (ONU) la eligió para proteger su sede en Damasco y todos sus centros regionales en Siria con varios contratos que suman al menos 11 millones de dólares (unos 9,4 millones de euros al cambio actual) a lo largo de 10 años. Ahora...

La oficina de Shorouk for Protection, Guarding and Security Services se encuentra al final de un pasillo sin iluminación, casi escondido en la cuarta planta de un anodino centro comercial de Damasco. Un cartel informa a los visitantes de que el pasillo está vigilado por cámaras.

No se trata de una empresa de seguridad cualquiera. La Organización de Naciones Unidas (ONU) la eligió para proteger su sede en Damasco y todos sus centros regionales en Siria con varios contratos que suman al menos 11 millones de dólares (unos 9,4 millones de euros al cambio actual) a lo largo de 10 años. Ahora, nuevos documentos confidenciales revelan que la empresa pertenecía a la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Gobierno sirio, uno de los organismos más despiadados del régimen de Bachar el Asad. Ese servicio de inteligencia, mientras, participaba en una violenta campaña para reprimir cualquier oposición a El Asad. La misma ONU ha denunciado en varias ocasiones los crímenes de guerra cometidos por los hombres de la DGI.

Los documentos son parte de una base de datos más amplia, proporcionada por una fuente que tuvo acceso a ella en los caóticos primeros días tras la caída del régimen de El Asad hace un año. Son una pequeña parte de los 134.000 archivos que ha obtenido la radiotelevisión pública alemana NDR y ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus medios colaboradores, EL PAÍS en España, y que se están publicando bajo el nombre de Damascus Dossier. Los medios implicados han podido cotejar los detalles clave sobre Shorouk y las ramas específicas de la inteligencia siria que figuran en los archivos con otra información pública, en su mayoría recopilada por varias ONG.

Distintas agencias de la ONU firmaron más de 130 contratos y órdenes de compra con Shorouk, que operaba bajo varios nombres, entre 2014 y 2024. Los datos públicos de este organismo muestran que fue el único contratista de seguridad importante en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Siria en esos años. Todos los contratos se firmaron y desarrollaron durante la sangrienta guerra civil siria que estalló tras los primeros levantamientos pacíficos de 2011 en el país. Hace un año, el 8 de diciembre de 2024, el régimen fue derrocado. Desde entonces, la ONU emplea en Siria a casi 2.000 personas y ha invertido 651 millones de dólares (unos 558 millones de euros) en operaciones humanitarias solo en 2024.

Los contratos de Naciones Unidas con Shorouk “significaban que el dinero de la ayuda iba directamente al bolsillo de un régimen para financiar un aparato de seguridad que detuvo y mató a decenas de miles de sirios y una maquinaria bélica que bombardeó y gaseó a su ciudadanía durante más de una década”, comenta Emma Beals, asesora principal del Instituto Europeo de la Paz.

“La única empresa controlada por la DGI”

En su página web, Shorouk se describe a sí misma como “la empresa de seguridad líder en Siria”, con más de 2.000 empleados. En los archivos del Damascus Dossier, los ejecutivos de Shorouk hablan de la empresa como una rama más de la DGI. Aunque ya se demostró que hubo contratistas de la ONU en Siria vinculados a miembros del régimen, los nuevos documentos atestiguan el primer caso conocido en el que agencias de la ONU contrataron a una empresa propiedad del aparato de inteligencia de El Asad.

En un memorando interno de junio de 2019, se lee que Shorouk envió un cheque por valor de 50 millones de libras sirias (unos 100.000 euros) a la DGI. Lo acompañaba una carta donde Wael al Haou, director de la firma, explicaba que los fondos procedían de la “participación en los beneficios de Shorouk” de la Dirección. La carta señala, además, que la participación en los beneficios de la empresa “había sido cedida previamente a su favor” por varios civiles sirios. Esto sugiere que aquí también se llevaba a cabo una práctica muy común bajo el régimen: registrar empresas a nombre de testaferros para evitar el escrutinio de organismos internacionales, una práctica atestiguada en otros papeles incluidos en el Damascus Dossier.

En otra carta de dos años después (2022), Al Haou solicitó ayuda al director de la DGI para poder comprar armas, como parte del trabajo de la empresa de seguridad. Subrayó que Shorouk debía recibir un trato especial porque era “la única empresa propiedad de y controlada por la Dirección General de Inteligencia”.

Al mismo tiempo que se firmaban los contratos de las agencias de la ONU con Shorouk, los propios informes de la organización internacional documentaban los crímenes de guerra cometidos por la DGI. Un informe del organismo de 2023 afirmaba que los agentes de la Dirección torturaban a civiles sirios, entre otras cosas, administrándoles repetidamente descargas eléctricas. Otro informe, publicado en 2015, documenta cómo los agentes de la DGI violaron y torturaron sexualmente a prisioneros. Un agente de esa dirección, Anwar Raslan, fue condenado por un tribunal alemán en 2022 por crímenes contra la humanidad, entre ellos por ser cómplice de asesinato, tortura y violencia sexual.

En respuesta a las preguntas del ICIJ sobre su relación con la empresa, el equipo de Naciones Unidas en Siria asegura que cumplió plenamente con todos sus procesos de contratación al firmar con Shorouk y que llevó a cabo una “diligencia debida reforzada” sobre la empresa en ese momento. Sin embargo, también señala que operar en Siria era “muy complejo” bajo el régimen de El Asad y que las agencias de Naciones Unidas tenían “opciones de mercado extremadamente limitadas” para contratar muchos servicios críticos.

Durante el proceso de licitación de 2022 para los contratos de seguridad de la ONU, el régimen de El Asad revocó la licencia de varias otras empresas de seguridad. Eso, explican desde Naciones Unidas, dejó solo dos opciones: Shorouk y otra empresa supuestamente vinculada al régimen llamada ProGuard. Ambas empresas fueron clasificadas como proveedores de “alto riesgo”. Las agencias de la ONU “no tenían ninguna alternativa viable y, por lo tanto, procedieron a contratar a Shorouk a pesar del elevado perfil de riesgo”, escribió el equipo en el país al ICIJ. “Shorouk ofrecía una mejor relación calidad-precio”.

Vigilar la “actividad sospechosa” de la ONU

Ya en 2022, Human Rights Watch (HRW) y el Syrian Legal Development Program denunciaron en un informe los lazos de Shourouk con el régimen de El Asad. Antes de publicarlo, escribieron una carta a Shorouk para recabar su versión sobre la relación con la dictadura.

En los documentos filtrados se puede ver cómo esa carta de las ONG fue recibida por los funcionarios del régimen. En un memorándum dirigido al jefe de la DGI se argumenta que, si no se responde a la carta, HRW tendrá una justificación para transmitir información sobre Shorouk a la ONU. A continuación, el memorándum propone que Shorouk prepare una respuesta en la que se aporten pruebas de la situación jurídica de la empresa y se “confirme que las organizaciones de Naciones Unidas conocían la verdadera naturaleza, los objetivos y el personal de la empresa en el momento de cada contrato”. Human Rights Watch no recibió ninguna respuesta a su misiva.

La ONU, tras hacerse públicos los posibles lazos, sí se replanteó su relación con la empresa. En agosto de 2022, como se lee en los documentos, un comité de altos funcionarios de inteligencia sirios dio la voz de alarma tras conocer que la oficina del jefe del equipo de la ONU en Siria estaba “reevaluando” los contratos con Shorouk. Esta reevaluación era, según insistían los funcionarios, una “clara amenaza para la seguridad nacional” y la única vía para la ONU, sugerían, era confiar en las empresas sirias.

Los funcionarios de inteligencia de El Asad finalmente consiguieron lo que querían: los contratos de Naciones Unidas adjudicados a Shorouk en 2023 y 2024, los dos últimos años del régimen, tuvieron un valor superior al de cualquier año anterior.

Faisal Mekdad, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Siria y posteriormente vicepresidente, expuso en otro documento filtrado las razones por las que el régimen estaba decidido a mantener los contratos. La empresa servía “como salvaguarda contra cualquier actividad sospechosa” por parte de los empleados de la ONU. Esa supervisión era necesaria porque “no es ningún secreto que algunos [funcionarios de la ONU] pueden estar entre los que prestan servicios de inteligencia a agencias hostiles”. Permitir que la organización internacional contratara a empresas de seguridad no sirias, explicó, significaría que podrían operar “fuera del alcance de las autoridades competentes”.

El equipo de la ONU en el país ha asegurado, antes las preguntas realizadas desde el ICIJ para esta investigación, no haber identificado “ningún incidente” que indique que Shorouk u otras empresas hayan llevado a cabo actividades de vigilancia de funcionarios del organismo. Al Haou ha explicado al ICIJ que Shorouk no tenía conocimiento de los memorandos de la DIG o de Mekdad, y que los guardias de la empresa “no han espiado ni espiarán a funcionarios de la ONU”.

Mekdad también dejó claro en ese documento que el Estado sirio se estaba quedando con parte de los fondos enviados por Naciones Unidas para pagar los salarios de los trabajadores de las empresas. Siria atravesaba una crisis económica y el Estado mantenía un tipo de cambio oficial que valoraba la moneda muy por encima del tipo de cambio del mercado negro. La ONU pagaba a las empresas de seguridad privadas transfiriendo dólares estadounidenses al Banco Central de Siria, que luego convertía los fondos en libras del país al tipo de cambio oficial, lo que permitía al Estado quedarse con la diferencia entre ambos tipos de cambio. “Esto significa que el tesoro público se beneficia de la transferencia de estos salarios”, relataba Mekdad.

Tras la caída de El Asad en diciembre de 2024, Shorouk no desapareció. Cambió de nombre y rehizo su imagen de marca. Rediseñó su logotipo para incluir la nueva bandera siria y publicó anuncios para puestos de guardias de seguridad a las pocas semanas del traspaso de poder. Al Haou, que ha sido director general de Shorouk desde 2018, ha asegurado al ICIJ que “tras la caída del opresivo régimen de El Asad”, el nuevo Gobierno sirio auditó las operaciones de la firma y determinó que los rumores sobre sus vínculos con el antiguo régimen eran “falsos y fabricados”. Concedió permiso a la empresa para continuar con sus operaciones: “Continuamos nuestras operaciones de forma legal, con la aprobación oficial de las autoridades competentes actuales”, defiende.