Las muertes de migrantes en el Mediterráneo este año superan las 1.500 mientras crece la criminalización de las ONG de rescate

Más de 1.500 personas han muerto o desaparecido en lo que va de año en aguas del Mediterráneo central mientras intentaban alcanzar las costas europeas, según ha informado este miércoles la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia la semana pasada, en la que 40 de sus ocupantes desaparecieron, ha sido el último suceso que ha contribuido a alcanzar la trágica cifra de víctimas (1.548 a 8 de noviembre, la última actualización).

En total, más de 33.000 migrantes han perdido la vida en similares circunstancias en el ...

Más de 1.500 personas han muerto o desaparecido en lo que va de año en aguas del Mediterráneo central mientras intentaban alcanzar las costas europeas, según ha informado este miércoles la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia la semana pasada, en la que 40 de sus ocupantes desaparecieron, ha sido el último suceso que ha contribuido a alcanzar la trágica cifra de víctimas (1.548 a 8 de noviembre, la última actualización).

En total, más de 33.000 migrantes han perdido la vida en similares circunstancias en el Mediterráneo desde 2014, año en que la OIM comenzó este conteo. Mientras, las ONG de salvamento marítimo denuncian estar sometidas a una criminalización cada vez mayor por parte de la UE y de varios Estados miembros.

Si bien el dato es algo inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior (2.093, a 12 de noviembre de 2024), la OIM ha subrayado en un comunicado la “urgente necesidad de una cooperación regional fortalecida, una expansión de los caminos seguros y regulares para la migración y unas operaciones de búsqueda y rescate más efectivas para evitar una mayor pérdida de vidas”.

De forma paralela, en los 10 primeros meses de este año, la UE registró 152.000 entradas irregulares, un descenso del 22% con respecto al mismo periodo de 2024, según la Agencia europea de vigilancia de fronteras (Frontex). La ruta del Mediterráneo central sigue siendo la más transitada: dos de cada cinco entradas irregulares se produjeron allí.

Las ONG de búsqueda y salvamento humanitario viven horas bajas a causa de la creciente criminalización de sus operaciones mediante leyes de control migratorio que dificultan enormemente su labor. Los gobiernos de países como Italia y Malta, partidos políticos de extrema derecha europeos y medios de comunicación de la misma ideología los acusan sin fundamento de favorecer la inmigración irregular.

Una de las normas más controvertidas es la nueva versión de la directiva que penaliza la facilitación de la migración irregular y que está pendiente de negociarse en el Parlamento Europeo. Según sus detractores, esta deja en manos de cada país la decisión de medir con el mismo rasero a los socorristas de un barco de salvamento humanitario, al pasajero de un cayuco que esté sentado cerca del timón, o dirigiéndolo, y al auténtico contrabandista de una red de tráfico de personas que se lucra con ello.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos llevan dos décadas pidiendo que la norma se modifique para incluir una cláusula humanitaria. Sin embargo, el nuevo texto no cumple con estos llamamientos, sino que apunta aún más a una criminalización de los actos de solidaridad.

175.000 vidas salvadas

Este extremo fue denunciado recientemente en un evento organizado por el grupo parlamentario de La Izquierda en Bruselas para reclamar un cambio político y conmemorar los 10 años de trabajo de estas organizaciones, un tiempo en el que afirman haber salvado 175.000 vidas. Según Cecilia Strada, una de las eurodiputadas que organizó el acto, la flota civil “está llenando un vacío que han generado los políticos”. “No debería ser necesaria la existencia de una flota civil, pero lo es y cada vez es mayor”, reclamó.

A mediados de octubre, Strada y las también eurodiputadas del grupo La Izquierda Tinneke Strik y Estrella Galán presentaron una propuesta a los presupuestos de la UE para 2026: una partida de 240 millones de euros anuales para la puesta en marcha el llamado Mare Solidale, un programa de búsqueda y rescate propuesto por la UE y diseñado para salvar vidas en el Mediterráneo.

No solo Bruselas legisla en este sentido. Italia es el Estado europeo que más ha restringido la actividad de las ONG de salvamento humanitario, con una batería de normas en vigor desde enero de 2023 y recogidas en el decreto Piantedosi —apellido del ministro del Interior italiano en aquel momento—. Esta norma exige que las ONG no rescaten sin permiso previo de las autoridades, solo puedan efectuar una operación cada vez y solo puedan ir al puerto que se les asigne, que no siempre es el más cercano. Es más, suele estar muy alejado, en ciudades del norte de Italia, lo que obliga a las embarcaciones a invertir una cantidad innecesaria de tiempo y presupuesto —para combustible, por ejemplo— y pone en riesgo las vidas de los rescatados, que en ocasiones necesitan una atención médica que no pueden recibir hasta llegar a tierra firme. El incumplimiento de estas medidas puede acarrear la retención y confiscación de los barcos, y multas de hasta 30.000 euros a las organizaciones.

Médicos Sin Fronteras, una de las ONG con mayor presencia en el Mediterráneo, ha sido una de las más perjudicadas por este decreto, hasta el punto de que la organización tuvo que suspender definitivamente sus actividades con su barco, el Geo Barents. Este miércoles, no obstante, ha anunciado su regreso al mar con otro buque, el Oyvon, que operaba como barco ambulancia en Noruega y ha sido adaptado y equipado en Valencia. Fulvia Conte, coordinadora de los equipos de salvamento de la organización, ha reclamado una mayor coordinación entre los países con costa para salvar vidas. “Los Estados costeros, en lugar de garantizar las operaciones de búsqueda y rescate, como sería su deber, no solo no sostienen y no responden a las necesidades de socorro que la gente lanza, sino que apoyan un sistema de control fronterizo y de obstrucción de los que ayudan a esas personas”, ha declarado.

La violencia de Libia

Las organizaciones también han denunciado un aumento de los ataques violentos en aguas internacionales por parte de la Guardia Costera de Libia contra los migrantes y los propios buques de salvamento. Como el ocurrido el pasado agosto, cuando una patrullera del país norteafricano abrió fuego contra el Ocean Viking, un barco de rescate operado por la ONG SOS Mediterranée. La embarcación desde la que se disparó a los cooperantes había sido donada por Italia a través de un programa de gestión de la migración financiado por la UE.

Libia es quizá el mayor escollo en el camino de quienes emprenden su viaje a Europa. El país, un Estado fallido donde se han documentado innumerables torturas, abusos y detenciones ilegales contra la población migrante, así como numerosas devoluciones en caliente de los pasajeros de embarcaciones que ya estaban en aguas internacionales y fueron capturados y conducidos de vuelta al país norteafricano. Entre 2017 y 2022, al menos 82.000 migrantes fueron interceptados y devueltos a Libia, según Amnistía Internacional.

Incluso ha sido calificado como “no seguro” por Naciones Unidas. Junto con Marruecos, Mauritania, Túnez y Egipto, es uno de los países africanos que ha firmado acuerdos millonarios —tanto con la UE como con Italia en este caso— para ayudar a frenar las salidas de embarcaciones clandestinas.

Para llamar la atención sobre la impunidad con la que estos actores operan en el Mediterráneo, un grupo de 13 ONG de este sector anunció el pasado 6 de noviembre su decisión de suspender la comunicación con los guardacostas libios para tratar de evitar las deportaciones a este país. Esto supone desobedecer otro de los puntos del decreto Piantedosi que obliga a los barcos de las ONG a obedecer las órdenes del centro de socorro marítimo de Trípoli.

En este sentido, la eurodiputada Estrada recalcó en Bruselas que las ONG deben seguir en el mar. “Hay que documentar las injusticias y violencias que se cometen a diario en el mar por diversos actores armados que están financiados con nuestros impuestos, lo que es una vergüenza”, criticó.