El presidente cesado de Corea del Sur se niega a declarar un día después de su detención

Yoon Suk-yeol, el presidente de Corea del Sur cesado por el Parlamento el pasado diciembre, continúa obstaculizando el trabajo de las autoridades que lo detuvieron el miércoles por la mañana en la residencia presidencial. Mientras, un tribunal ha rechazado este jueves revocar el arresto, que el mandatario había impugnado por considerarlo ilegal. La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) intenta sustentar su acusación contra el hombre que el 3 de diciembre promulgó durante seis horas la ley marcial en el país, desatando la mayor crisis institucional en décadas. ...

Yoon Suk-yeol, el presidente de Corea del Sur cesado por el Parlamento el pasado diciembre, continúa obstaculizando el trabajo de las autoridades que lo detuvieron el miércoles por la mañana en la residencia presidencial. Mientras, un tribunal ha rechazado este jueves revocar el arresto, que el mandatario había impugnado por considerarlo ilegal. La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) intenta sustentar su acusación contra el hombre que el 3 de diciembre promulgó durante seis horas la ley marcial en el país, desatando la mayor crisis institucional en décadas. Tras pasar la noche en un centro de detención cercano a Seúl, el líder conservador, de 64 años, se ha negado a cooperar en la segunda jornada de interrogatorios, alegando problemas de salud, según ha comunicado la OICAF.

Yoon está suspendido provisionalmente de sus funciones desde mediados de diciembre, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si restituye sus competencias o lo depone definitivamente. El miércoles de esta semana se convirtió en el primer mandatario en ejercicio —técnicamente, lo sigue estando— en ser arrestado en la historia democrática de la nación asiática.

El equipo legal de Yoon notificó este jueves, diez minutos antes de que se reanudase el proceso de indagación (previsto para las 14.00, hora local), que no prestaría declaración, según la OICAF. Yun Gap-geun, uno de sus abogados, había adelantado a la agencia surcoreana Yonhap que “el presidente no tiene planeado asistir a más interrogatorios”, a pesar de que la OICAF había pospuesto la sesión a petición del propio Yoon. “No se encuentra bien y ayer explicó pormenorizadamente su postura”, afirmó el letrado. La OICAF, no obstante, aseguró en la víspera que el presidente cesado se había negado a responder todas las preguntas que se le hicieron durante las más de diez horas que duró el primer interrogatorio.

Su arresto no es más que un nuevo capítulo de una tensa confrontación entre poderes del Estado y agencias que se ha extendido durante varias semanas. El antiguo fiscal devenido en político está acusado de planear la declaración de ley marcial, orquestar una insurrección y abusar de su poder. Yoon, que niega dichas acusaciones, desoyó en diciembre tres citaciones para comparecer ante la OICAF, que está encargada de dirigir las pesquisas sobre su caso con la ayuda de investigadores de la policía y el ejército.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl aprobó la orden para proceder con su detención el 31 de diciembre. El 3 de enero, la OICAF se vio obligada a abortar la operación después de que el servicio de seguridad del mandatario le impidiera entrar en las dependencias oficiales. La orden tuvo que ser prorrogada la semana pasada, tras expirar. Finalmente, el presidente cesado fue detenido el miércoles, sin ofrecer resistencia. Previamente, en una declaración grabada en vídeo, Yoon reiteró que la orden de arresto y la investigación eran “ilegales e inválidas”, pero explicó que se entregaría a la OICAF para “evitar un indeseable derramamiento de sangre”. Más de 3.000 agentes de policía marcharon a su domicilio para arrestarlo, mientras una multitud de 6.500 simpatizantes se congregaba en las proximidades del complejo.

Acto de insurrección

La OICAF, la Fiscalía Suprema y la Policía están llevando a cabo investigaciones paralelas para esclarecer si Yoon y sus aliados cometieron un acto de insurrección la noche del 3 de diciembre. Están acusados de rebelión por enviar ese día tropas del Ejército a la Asamblea Nacional mientras sus miembros intentaban revocar el decreto de ley marcial en una votación de urgencia, tal y como permite la Constitución. La moción salió adelante con 190 de sus 300 diputados presentes, pero las imágenes de agentes tratando de bloquear a los parlamentarios que intentaban entrar a la sede del poder legislativo hicieron contener el aliento a una nación que tuvo una serie de líderes autoritarios al principio de su historia reciente pero se considera democrática desde la década de 1980.

El derecho penal surcoreano tipifica la insurrección como cualquier intento de “derrocar los órganos gubernamentales establecidos por la Constitución o de impedir el ejercicio de sus funciones mediante el uso de la fuerza”. A pesar de que el presidente goza de inmunidad frente a la mayoría de los procesos penales, este privilegio no se extiende a los cargos de insurrección, un delito que acarrea la cadena perpetua o la pena de muerte (sobre la que existe una moratoria desde 1997).

Los abogados de Yoon insisten en que la OICAF no tiene competencias para investigar sobre cargos de insurrección y enfatizan que la orden de arresto es ilegal porque fue emitida por un tribunal de la jurisdicción incorrecta. Este jueves, el Tribunal del Distrito Central de Seúl ha revisado la legalidad de esa detención y ha rechazado revocarla, manteniendo a Yoon bajo custodia. La OICAF puede retener a Yoon por un máximo de 48 horas y solicitar, dentro de ese periodo, otra orden que le permitiría detenerlo hasta 20 días y después llevarlo a juicio.

La OICAF es un organismo creado en 2020 para combatir la corrupción y limitar el poder de los fiscales del Estado. No obstante, las tres agencias que investigan los casos relativos a la ley marcial acordaron que sería la OICAF la encargada de dirigir las pesquisas sobre Yoon y que la Fiscalía se encargaría de aquellos relacionados con sus colaboradores.

Los fiscales han arrestado también al exministro de Defensa y a dos exjefes de policía, acusados de colaborar con una insurrección. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ya ha arrancado el juicio en el que debe concluir si Yoon violó o no la Constitución al declarar el estado de excepción y si rechaza o convalida su cese como jefe del Estado, que fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre. La primera sesión, el martes, se suspendió cuatro minutos después de iniciarse por la ausencia de Yoon. La de hoy sí ha podido celebrarse, ya que el tribunal puede deliberar con o sin su presencia a partir de la segunda vista.