Barnier cede ante Le Pen al renunciar a subir la luz para intentar salvar al Gobierno de Francia

El Gobierno de Francia se asoma al abismo de nuevo si la izquierda y la ultraderecha deciden cumplir su amenaza de presentar y votar conjuntamente una moción de censura la próxima semana. La decisión se tomará en función del contenido de los presupuestos, anuncia la oposición, y, sobre todo, del método escogido para aprobarlos. Si el primer ministro, Michel Barnier, opta por echar mano del artículo 49.3 de la Constitución y hacerlo por decret...

El Gobierno de Francia se asoma al abismo de nuevo si la izquierda y la ultraderecha deciden cumplir su amenaza de presentar y votar conjuntamente una moción de censura la próxima semana. La decisión se tomará en función del contenido de los presupuestos, anuncia la oposición, y, sobre todo, del método escogido para aprobarlos. Si el primer ministro, Michel Barnier, opta por echar mano del artículo 49.3 de la Constitución y hacerlo por decreto (él mismo ha dicho que es “probable”), la coalición de izquierdas presentará la moción y el Reagrupamiento Nacional (RN) la votará. El Ejecutivo, consciente de que la amenaza se ha vuelto en las últimas horas cada vez más real, busca in extremis una solución y ha comenzado por renunciar a la subida del precio de la luz que incomodaba a la ultraderecha.

El Gobierno está “listo para hacer concesiones mesuradas”, especialmente en lo que respecta a la fiscalidad de la electricidad, pero advierte a la oposición sobre el riesgo de un “salto al vacío presupuestario” si no se aprueban las cuentas, anunciaba por la mañana el ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand. Poco después, Barnier concedió una entrevista al periódico Le Figaro ―el canal preferido de la derecha para mandar mensajes políticos― donde confirmaba la cesión. “He decidido no aumentar los impuestos sobre la electricidad en el proyecto de ley de finanzas de 2025. Esto permitirá una reducción de los precios de la electricidad del 14%, que irá mucho más allá de la bajada del 9% prevista inicialmente”.

La ultraderecha celebró la marcha atrás de Barnier como el primer trofeo de la caza que se abrió el lunes cuando Marine Le Pen se reunió con el primer ministro y planteó sus exigencias para permitirle continuar en el cargo. “Barnier retrocede frente a los diputados del RN y el precio de la electricidad bajará“, celebraba la portavoz de los diputados del RN, Laure Lavalette, en la red social X. “Gracias a nuestra acción decidida, los franceses no pagarán más por la energía”, insistía Jordan Bardella, presidente del RN, en la misma red social. Pero la jefa de toda la operación, Marine Le Pen, siguió apretando. “No es suficiente. Estamos a jueves. Tiene hasta el lunes”, declaró a Le Monde, manteniendo su amenaza de la moción de censura.

Barnier, sin embargo, en un intento de atenuar la imagen de rendición ante la ultraderecha, señaló que el RN no era el único partido en presionar en esta dirección. “Ya sea en mi mayoría [parlamentaria] o entre los líderes de la oposición que he recibido, casi todos me han pedido que cambie de postura”, señaló en la entrevista con Le Figaro, donde intentaba templar los ánimos y mandar un mensaje de apertura a otras concesiones. El problema será ahora buscar en otro lugar los 3.000 millones que pretendía ingresar con esa medida, parte de un paquete de ahorro de 60.000 millones de euros que busca contener el déficit público, que aumentará este año al 6,1%.

El diputado y exministro del Interior Gérald Darmanin elogió lo que consideró una “sabia decisión” y dio las gracias a Barnier por tender la mano a la oposición. Pero la medida no será suficiente si el Ejecutivo quiere superar con vida estas Navidades. Su caída dejaría de nuevo al presidente de la República, Emmanuel Macron, sin escudo. De hecho, a medida que las hostilidades aumentan, crecen las voces que piden su dimisión para comenzar un nuevo proyecto político desde cero. Barnier, en la entrevista con Le Figaro, no quiso dar su opinión sobre este tema.

El primer ministro, en cambio, sí anunció una bajada sensible del dinero público que cubre los costes médicos para inmigrantes irregulares, tal y como pedía Le Pen: “Después de años de aumento, la Ayuda Médica del Estado (AME), cuyo coste asciende a 1.200 millones de euros, ya está siendo objeto de estabilización. No vamos a suprimirla, pero la ‘cesta de servicios’ cubierta será considerablemente reducida, como propusieron Patrick Stefanini y Claude Évin en un informe reciente. Además, el próximo año emprenderemos una reforma de la AME para evitar abusos y usos indebidos”, apuntó, sin citar que la reivindicación del partido de Le Pen se basa en suprimir esta ayuda a inmigrantes irregulares.