Cuatro escándalos de espionaje destapan el acceso a datos confidenciales de políticos, empresarios y famosos en Italia

Italia es un país de misterios, pero no tanto de secretos. Ahora mismo, la sensación es que es un gran colador de datos personales. Cuatro escándalos consecutivos han sacudido al país en los últimos meses, todos con un elemento común: el acceso ilegal masivo a bases de datos confidenciales de políticos, empresarios y celebridades, desde el aparente pirata solitario a auténticas organizaciones dedicadas a buscar trapos sucios de cualquiera. La prensa y los medios se llenan periódicamente de fotos de ministros y famo...

Italia es un país de misterios, pero no tanto de secretos. Ahora mismo, la sensación es que es un gran colador de datos personales. Cuatro escándalos consecutivos han sacudido al país en los últimos meses, todos con un elemento común: el acceso ilegal masivo a bases de datos confidenciales de políticos, empresarios y celebridades, desde el aparente pirata solitario a auténticas organizaciones dedicadas a buscar trapos sucios de cualquiera. La prensa y los medios se llenan periódicamente de fotos de ministros y famosos que han sido espiados, junto a otros que han encargado espiarles. “Es un sistema de chantaje y extorsión, pero en el peor de los casos estamos ante un delito de subversión”, ha dicho la primera ministra, Giorgia Meloni, sobre el último escándalo, el más grave, aunque ya se lamentó hace unas semanas de que cada día sale “el dosier nuestro de cada día”. Se siente objetivo de conspiraciones para derribarla, aunque en realidad solo es una más de las espiadas, entre políticos de todo signo.

El último caso, descubierto esta semana, parece el más preocupante por el volumen de información violada que se maneja. La Fiscalía calcula que una red ha accedido a datos de 800.000 personas y ha efectuado 52.000 accesos a las bases de datos de las fuerzas de seguridad, aunque el Ministerio del Interior ha asegurado que no ha habido un saqueo masivo, sino accesos concretos. Por el momento, hay seis funcionarios acusados de haberse prestado a ello a cambio de dinero.

La trama tiene en el centro una agencia privada de investigación, Equalize, situada al lado del Duomo de Milán, y otras cinco empresas con acceso aparentemente ilimitado a todos los ficheros de datos más reservados, de la policía a los tribunales o a la seguridad social. Hasta habría entrado en correos del presidente de la República. También ha penetrado en teléfonos y ordenadores de sus víctimas. “Con la información que tenemos podemos arruinar la reputación de toda Italia”, se jactaba uno de los implicados en una conversación grabada por la policía. Esta vez han aparecido como objetivos, entre otros, el presidente del Senado, Ignazio La Russa; el ex primer ministro, Matteo Renzi; el presidente del coloso de la energía Eni y también del club de fútbol Milan, Paolo Scaroni, o el excampeón olímpico de 100 metros, Marcel Jacobs.

¿Objetivo? Trabajos por encargo, y aquí han aparecido empresas como Barilla (para saber la fuente de un periodista) y ERG (escuchas a trabajadores), o magnates como Leonardo Maria del Vecchio, de Luxottica, que quería espiar a su novia y a uno de sus hermanos. La red fabricaba informes, campañas de desprestigio, pero también, teme la Fiscalía, podría vender información al mejor postor, incluidos servicios secretos extranjeros y mafia. En la investigación constan contactos con los servicios secretos de Israel. “La democracia está en peligro”, asegura el ministerio público tras un trabajo de dos años, si bien el juez ha rebajado el dramatismo de la operación y ha concedido solo cuatro arrestos domiciliarios de los 16 que se pedían. La verdad tardará en saberse, pero la prensa se llena cada día de las jugosas revelaciones contenidas en los autos.

En medio del estupor por la facilidad de acceder a información confidencial, un dato inquietante es que algunas de estas empresas trabajaban realmente para la Fiscalía de forma legal, con permisos para entrar en ficheros reservados e, incluso, una de ellas tenía el contrato de mantenimiento de los archivos de Interior. Por eso mismo, cuando accedían a información no saltaba una alerta o dejaba rastro, como en el caso de un agente o un funcionario que debe justificar el trámite para evitar abusos.

Otro detalle que ha causado asombro es que los responsables de la trama son personalidades conocidas, no son cualquiera. La empresa Equalize está dirigida por un conocido ejecutivo, Enrico Pazzali, 60 años, presidente de la Feria de Milán, y un superpolicía, Carmine Gallo, de 65 años, con un largo historial en la lucha antimafia.

Pero es que este escándalo llega tras otros tres, también muy sonados. El primero, también preocupante porque ha surgido en las propias instituciones, se destapó a partir de octubre de 2022, antes de las elecciones de diciembre que venció Giorgia Meloni. Uno de sus hombres de confianza, Guido Crosetto, que ahora es ministro de Defensa, vio publicada en algunos medios información reservada sobre su renta y sus honorarios con empresas. Sospechó una filtración desde los servicios secretos para influir en la campaña, y presentó una denuncia. Dio lugar a un caso que fue creciendo hasta que terminó acusado nada menos que un exfiscal de la Dirección Nacional Antimafia, Antonio Laudati, y a un teniente de la Guardia de Finanza, Pasquale Striano, que estaba el frente del grupo dedicado a operaciones bancarias y financieras.

La investigación de la Fiscalía de Perugia ha descubierto que entre 2019 y 2020 este alto mando descargó de su base de datos más de 200.000 documentos, y otros 30.000 hasta 2022. Operaciones difícilmente justificables por razones de trabajo, pues en un solo día, por ejemplo, se descargó 10.000. Ese periodo de tiempo coincide, además, con la publicación en medios de noticias sobre datos bancarios de personalidades como dos primeros ministros, Matteo Renzi y Giuseppe Conte, y también atletas, actores y ejecutivos. La Fiscalía sigue investigando, sobre todo si actuaba siguiendo encargos o instrucciones de alguien más, al margen de periodistas que luego publicaban informaciones.

En los otros dos casos conocidos parece más bien tratarse de piratas que han actuado en solitario, pero de perfiles bien distintos. Uno es un hacker profesional, pero el otro es un empleado de banca que, si debe creerse en sus explicaciones, tenía simplemente el vicio de fisgonear en cuentas de famosos. El hacker se llama Carmelo Miano, de 24 años y arrestado el pasado 1 de octubre. Había penetrado en la base de datos del Ministerio de Justicia y había robado la contraseña personal de 46 magistrados para acceder a sus correos electrónicos. Todo desde su pequeño piso en Roma.

Era un genio de la informática que ya había sido investigado en 2021, acusado de gestionar un mercado virtual en el llamado internet profundo, donde vendía armas y droga. Precisamente a raíz de esa operación, Miano quiso espiar a los fiscales que le habían investigado y se introdujo en los sistemas de la Administración de justicia. Sabía borrar perfectamente su rastro, y a final la policía optó por la vieja escuela: instaló una cámara en su casa, delante del ordenador, para ver lo que hacía. En la operación le secuestraron más de seis millones de euros en bitcoin de origen, fruto de sus actividades y de origen desconocido.

El último caso parece más de andar por casa, pero habrá que verlo. Es el de un dependiente de una sucursal del banco Intesa Sanpaolo en Bisceglie, un pueblo de Apulia de 50.000 habitantes. Vincenzo Covielo, de 52 años, realizó 6.637 accesos a cuentas de 3.572 clientes entre 2022 y 2024, casi todos personajes públicos, pero también conocidos y parientes. Desde la propia Giorgia Meloni, su hermana Arianna, mano derecha que dirige la secretaría política de su partido y la expareja de la primera ministra, el presentador televisivo Andrea Giambruno, a varios ministros, el presidente del Senado y hasta el fiscal de la Dirección Nacional Antimafia, Giovanni Melillo. Este empleado aseguró que lo hizo solo, sin más móvil que la “mera curiosidad” y no descargó ni guardó ninguna información con otros fines. Fue despedido en agosto, pero el banco sabía ya lo que hacía desde octubre.